Pulseada decisiva: el plan de ajuste de Massa, en riesgo por la avanzada que propone Cristina contra empresas
:quality(85)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/08/540171.jpg)
Con una inflación ya instalada a velocidad crucero de 7% mensual y datos deprimentes como el nuevo desplome del consumo de 10% en septiembre -tras un 7% el mes anterior- medido por la consultora Focus Market, en el Gobierno se está imponiendo la filosofía del "perdido por perdido": un plan estabilizador de shock implica un riesgo, pero peor es la continuidad de la situación actual.
Claro que esto no implica que hayan terminado las desavenencias internas en el Gobierno. En todo caso, lo que se empieza a insinuar es que la interna oficialista se jugará en un nuevo terreno: el de la lucha contra la inflación. El kirchnerismo y sus aliados quiere transformarlo en una causa épica que ponga como "villanos" a los empresarios.
Mientras que Sergio Massa, por su parte, quiere romper la inercia indexatoria, lo cual implica no solamente anclar otra vez el dólar y las tarifas, sino abandonar la neutralidad en las negociaciones salariales.
El ministro estudia antecedentes como el del plan Austral de 1985, que tuvo un arranque muy exitoso -pasó de una inflación galopante del 25% mensual a una de "apenas" 2% mensual-, lo cual le permitió a Raúl Alfonsín ganar la elección legislativa de ese año, cinco meses después del lanzamiento.
Luego, la falta de compromiso con la austeridad fiscal llevó al fracaso del Austral, que derivó en la hiperinflación de 1989. Pero lo que Massa y todo el Gobierno están observando con lupa es el "timing" político del primer semestre de aplicación del plan. Un congelamiento, acompañado de un plan estabilizador, puede ser lo suficientemente potente como para darle la victoria en las urnas a un gobierno que tenía todas las de perder.
Además, Cristina Kirchner recibió una encuesta de la consultora Analogías, que refleja un amplio apoyo de la población -un 56,4%- hacia una medida de congelamiento de precios.
En los últimos días el tema ha sido debatido en extenso en los medios afines al kirchnerismo, donde el reclamo es que, para garantizar el éxito del plan, no se debe ser blando en el control de los aumentos. Esto implica la aplicación de la Ley de Abastecimiento y sanciones para los fabricantes de alimentos o cadenas supermercadistas que puedan incurrir en conductas como las que se han detectado para eludir el tope de los "Precios Cuidados".
¿Kristalina Georgieva está de acuerdo?
El diagnóstico oficialista es que, después del apretón monetario y el recorte fiscal efectuado al inicio de la gestión de Massa, no hay motivos macroeconómicos para una inflación al 7% mensual, sino que esa cifra se explica por la inercia. Es decir, las remarcaciones de precios que se realizan tomando en cuenta la inflación pasada.
Hay, además, un diagnóstico político: la prolongación de la situación actual lleva a una segura derrota electoral, en el contexto de una inflación de tres dígitos.
Es por este motivo que fue muy comentado el informe de Emmanuel Álvarez Agis, un economista "ministeriable" afín al Gobierno. En un reporte, adjudicó un 50% de probabilidades al programa de shock, que sugestivamente denominó "Plan Ganar".
"Para bajar la inflación es necesario un programa de estabilización que no solo sirva para alinear la política fiscal, la monetaria y la cambiaria con el objetivo de desinflación (cualquiera que sea), sino que además se debe poner freno a la dinámica indexatoria que convierte cualquier accidente nominal en un nuevo piso inflacionario", argumentó Álvarez Agis.
Pero también hizo una advertencia: difícilmente ese plan pueda ser aplicado en acuerdo con el FMI, porque las metas exigidas por el organismo van en el sentido opuesto, la inflación se torna un factor necesario para licuar el gasto.
Es una observación que alimenta la especulación respecto de cuál será el grado de respaldo que haya logrado Massa en su último encuentro con Kristalina Georgieva en la sede del Fondo en Washington.
Un acuerdo de estabilización implicaría, para empezar, un congelamiento del tipo de cambio -que en las últimas semanas viene acelerando a una velocidad mensual del 6%- y también de las tarifas, uno de los pilares del recorte fiscal previsto para el año próximo. Es decir, iría en contra de los lineamientos principales negociados con el Fondo.
Aun así, no es imposible que el organismo apoye un plan estabilizador. La propia Georgieva dijo en su conferencia de prensa que no es rígida en cuanto al detalle del acuerdo: "Seguiremos muy de cerca la respuesta de la economía a las medidas de política, nunca tomamos un programa como algo inamovible si las condiciones cambian significativamente", dijo luego de elogiar públicamente a Massa.
¿Los salarios también entran al freezer?
Un punto central es la aplicación del eventual plan de shock es el salarial. Y el kirchnerismo ha dado señales claras de que dará la pelea interna para que el plan de congelamiento se traduzca en una recuperación significativa del salario.
Es una advertencia para Massa, que analiza la posibilidad de suspender temporalmente las paritarias y se inclinaría por los aumentos por decreto.
Es un tema en el que el ministro debe poner a prueba su cintura política. Por un lado, tiene entre sus críticos a dirigentes sindicales de los gremios que han negociado en paritarias los mayores aumentos, como Sergio Palazzo, que acaba de firmar un 94% para los bancarios. Y, claro, Pablo Moyano, que está presionando para lograr el 131% para los camioneros.
Massa también tiene que negociar con el sindicalismo amigo del Gobierno, el que en el último año se ha resistido férreamente a la aplicación de los aumentos con suma fija por decreto. La cúpula de la CGT dirigida por Héctor Daer cree que, si se llevara a cabo ese reclamo del kirchnerismo, el sindicalismo perdería su influencia y poder político.
Precisamente, en el acto "oficialista" del 17 de octubre, la dirigencia de la CGT lanzará una corriente política, el Movimiento Nacional Sindical Peronista, con la que los dirigentes harán lobby interno para lograr una mejor representación a la hora de confeccionar las listas de candidatos para 2023.
La opción que aparece como más probable es que las paritarias sean suspendidas mientras dure el congelamiento, un período que en principio se limitaría a cuatro meses, lo suficiente como para "pasar el verano" y atacar la inercia inflacionaria, hasta que en marzo vuelvan a ingresar los dólares de la exportación agrícola y se pueda apostar a una política de incremento de ingresos.
La apuesta K: hay margen para radicalizar el discurso
Claro que no es fácil transformar armar un relato épico a partir de un plan de ajuste. Pero en el kirchnerismo está creciendo el convencimiento de que este momento de crisis económica se puede transformar en una oportunidad política.
Irónicamente, su mayor ayuda vino de Mauricio Macri: el adelanto de tramos de su libro "Para qué" ayudó a oxigenar el discurso kirchnerista, redirigiendo la crítica hacia las propuestas reformistas de "la derecha neoliberal" en vez de centrarse en la gastada pelea interna.
Pero para que el plan de shock sea funcional a esa estrategia, debe cumplir algunos requisitos. El principal es que sea presentado como la respuesta al pedido de Cristina de aplicar "mano dura" a las empresas que muestran balances con elevados márgenes de ganancias.
Y, naturalmente, que el ajuste tarifario, que ya viene demorado, quede como principal elemento a ser "congelado".
Para dar esta pelea interna, el kirchnerismo cuenta con encuestas que lo reafirman en su postura. Un informe hecho por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que dirige el politólogo español Alfredo Serrano Mancilla, concluye que hay más chances electorales si el peronismo radicaliza su discurso que si se corre a posiciones moderadas.
El consultor español argumenta que la sociedad argentina sigue altamente politizada y sostiene opiniones más "progresistas" de lo que se refleja en los medios de comunicación. Para ejemplificar, señaló que una mayoría estaría a favor de estatizar recursos naturales como el litio y que quiere que el Gobierno intervenga directamente en la política salarial a través de aumentos generales por decreto.
En definitiva, la idea que se está consolidando es que, al contrario de lo que afirma Macri -en el sentido de que hay un consenso a favor de reformas en el sistema jubilatorio, en la legislación laboral y en el aparato estatal-, hay receptividad por parte de la sociedad para un discurso más corrido a la izquierda.
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2020/10/504800.jpg)
Y esa pelea tendrá ahora un nuevo capítulo: quién logra adueñarse del plan de shock para que no sea interpretado como una medida de ajuste ortodoxo sino como el punto de inflexión de una gestión que elige enfrentarse al "poder concentrado".