Kelly Olmos insinúa seguir la "línea Moroni" y recibe una fría bienvenida de Moyano, la izquierda y el kirchnerismo
:quality(85)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/10/543623.jpg)
La designada ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, se ha mostrado cautelosa en sus primeras declaraciones tras conocerse la noticia de que reemplazará a Claudio Moroni, la figura del gabinete que sufrió más cuestionamientos por parte del kirchnerismo. Sin embargo, también deslizó algunas pistas en el sentido de que, en los temas más controversiales, mantendrá la tónica de su predecesor.
Y las primeras reacciones del ámbito político y sindical parecen confirmar esa percepción. Poe un lado, los dirigentes de la CGT más cercanos al oficialismo han saludado públicamente la incorporación de Olmos, con quien confían en tejer una relación de diálogo. No ocultaron que tenían otros candidatos para el cargo, pero le restaron dramatismo a la situación. "No es un apocalipsis de Estado que no nos hayan consultado", dijo Andrés Rodríguez, líder del sindicato de empleados estatales UPCN y secretario adjunto de la central sindical.
En cambio, otros sectores que han mostrado diferencia con la cúpula sindical de "los gordos" han dejado traslucir su desconfianza. El caso más explícito fue el de ATE, la agremiación de estatales, alineada con la izquierda, que considera que la llegada de Olmos "no implica un cambio de paradigma". Y ya le advirtieron a la nueva ministra que la espera un agravamiento de la conflictividad en los gremios de empleados públicos.
En tanto, desde el kirchnerismo no se ha ocultado la decepción, sobre todo luego de que circularon nombres más afines a la línea de Cristina Kirchner, como por ejemplo el de Carlos Tomada, que ya ocupó la cartera laboral.
En ese caso, a la desilusión por el nombramiento le siguió le siguió la desconfianza por las primeras declaraciones de Olmos, que se mantuvo apegada al libreto de Moroni. Por ejemplo, repitió casi textualmente algunas de las frases pronunciadas por el renunciado ministro en su última comparecencia ante el Congreso, cuando había dicho, a modo de justificación por la caída del poder adquisitivo, que "la alta inflación hace imposible que los salarios la alcancen".
En la misma línea, Olmos dijo: "Con alta inflación es muy difícil empardar los salarios". Una frase que, más allá de su aparente obviedad, implica una definición política: que para el Gobierno, en este momento la prioridad es la baja de la inflación, lo cual a su vez se puede interpretar como una postura de no permitir que se desate una carrera nominal entre salario y precios, en la cual la inflación se espiralice.
Prioridad: ¿empleo o salario?
Además, Olmos enfatizó que Alberto Fernández le había pedido que cuidara el empleo, otra definición que, en la superficie puede sonar obvia pero que en un contexto de negociaciones de paritarias a tres dígitos ya adquiere otro significado.
Después de todo, el desempleo es de los pocos indicadores de los que el Gobierno se puede mostrar satisfecho: el último dato, correspondiente al segundo trimestre, marcó una baja de la desocupación, que ahora se ubica en 6,9%, mientras que la tasa de población empleado, con un 44,6%, está en su mejor nivel en dos décadas.
Y esa situación fue la que generó la última fisura interna en el Gobierno: ante la constatación de que la mejora en el empleo convive con un alto nivel de pobreza, se instaló en el centro de la agenda cómo abordar el fenómeno del "asalariado bajo línea de pobreza".
Hasta ahora, la postura del Poder Ejecutivo, expresada por Moroni, fue la de mantener cierta cautela ante los pedidos de aumentos, con el argumento de que el principal valor a cuidar debía ser el del empleo.
"El mejor salario es el que se puede pagar" fue la frase de Moroni, que hacía alusión a que cuando en una situación conflictiva una empresa se ve forzada a dar un aumento por encima de sus posibilidades de caja, lo que puede ocurrir es que luego haya un ajuste de la nómina de personal. O, también, puede ocurrir uno de los mayores temores del Gobierno: que las empresas que dan grandes aumentos salariales, luego "compensen" la suba mediante un traslado a los precios de sus productos y servicios.
Esa posición de Moroni había sido muy criticada por parte del kirchnerismo, que llegó a su punto máximo de tensión con el ex ministro durante el conflicto del neumático. Se le reprochaba al funcionario el haber permitido la escalada del problema por una negociación salarial que no alcanzó una fórmula de acuerdo en 36 reuniones. Y la defensa de Moroni, lejos de calmar los ánimos lo exacerbó: dijo que, en democracia, el Estado no podía jugar un rol de árbitro que impusiera su parecer ante una negociación entre empresas y sindicatos.
En el kirchnerismo esta frase fue interpretada como una actitud prescindente en la política salarial o, peor aun, como una forma de camuflar una toma de partido por las patronales ante una situación conflictiva.
¿Mantendrá Olmos la misma línea? Es temprano para decirlo, pero todo apunta a que será así. Tanto por el perfil de la nueva ministra -que ha enfatizado en su carácter de militante y de persona dispuesta a ejecutar las políticas que le pidan- como por las definiciones insinuadas en sus primeras declaraciones.
Olmos ha dicho que quiere consensuar su gestión con el resto del gabinete. Lo que, naturalmente, significa que no está dispuesta a adoptar medidas que vayan en contra con el programa de ajuste que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa.
Olmos advierte que no todos ganaron
Lo cierto es que a la flamante ministra le espera una agenda caliente. El líder del sindicato camionero, Pablo Moyano, cada vez más alejado del sector "dialoguista" de la CGT, ratificó la exigencia de un ajuste salarial de 131% y adelantó cuál será el tono del acto del 17 de octubre en Plaza de Mayo, en ocasión del "Día de la Lealtad".
"Yo denuncio a los empresarios que remarcan", dijo Moyano, que recibió el apoyo de Máximo Kirchner, que será parte de ese acto, mientras la cúpula de la CGT, cercana a Alberto Fernández, realizará un acto por su cuenta en Obras Sanitarias.
Moyano tuvo, además, una particular bienvenida para Kelly Olmos, al recordar su pasada militancia menemista, una situación que contrapuso con la pelea que en los años 90 Hugo Moyano tuvo contra las políticas de Carlos Menem.
La línea de Moyano y el kirchnerismo es que el Gobierno no debe tenerle miedo a que los sindicatos poderosos negocien aumentos de tres dígitos y que eso profundice las diferencias de ingreso. Por el contrario, plantean que se influirá positivamente en el resto del mercado, que deberá revisar su situación salarial.
En realidad, es precisamente ese "efecto contagio" lo que inquieta tanto a funcionarios como a las gremiales empresarias. Pero el argumento, tal como expuso Cristina Kirchner, es que la suba salarial no debería ser inflacionaria porque hay margen para achicar rentabilidades empresariales, de forma tal que los costos laborales no tengan que ser inexorablemente trasladados a los precios.
El Gobierno ya fijó postura ante esa argumentación. Fue el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, el encargado de contestar, y afirmó que las mayores rentabilidades que se están observando este año son una consecuencia directa del aumento en la brecha cambiaria, que obliga a las empresas a contar con mayores recursos para hacer frente a la distorsión de los costos.
¿Qué dijo sobre el tema la nueva ministra? Que había que tener en cuenta que el sector productivo argentino es heterogéneo. "Hay sectores que tuvieron una capacidad de recuperación muy grande y que han logrado ganancias extraordinarias, que fue lo que llevó a que nuestro gobierno propusiera un impuesto a la renta imprevista. Y también hay sectores pyme que se están recuperando y que requieren una mirada diferente", planteó Olmos.
Es una respuesta que claramente fija una postura contraria a la pretensión kirchnerista de que es posible un shock salarial general sin que ello tenga consecuencias sobre la salud financiera de las empresas.
En coincidencia, el lunes emitió un comunicado la agrupación Industriales Pymes Argentinos, en el que alertaron por las subas de costos en las fábricas. Cuantificaron en hasta cuatro veces la magnitud de los aumentos que han tenido desde 2019 y advirtieron que esa situación "atenta contra la generación de puestos de trabajo".
Aumento por suma fija, otra vez en agenda
Uno de los temas sobre los que se espera una definición urgente de Kelly Olmos es el del aumento de suma fija, general y por decreto. Es un reclamo que el kirchnerismo viene reclamando desde comienzos de año, cuando la inflación empezó a acelerar para ubicarse en el nivel de 6% mensual.
Y generó choques con Moroni, que sostenía que ese tipo de medidas no eran necesarios en un país donde funcionaba bien el sistema de paritarias, que protegía los ingresos de la gran mayoría de los trabajadores.
Desde ese momento, se exacerbó la controversia interna, al punto que se cuestionó la veracidad de los dichos de Moroni, ya que, en el mejor de los casos el empate entre salarios e inflación se había producido "entre puntas", es decir sólo en el momento del aumento, pero no se recuperaba la pérdida anterior.
Además, también se criticaba al ex ministro en el tema de la cobertura que daban las paritarias, tanto por la cantidad de asalariados que están fuera de convenio o que no logran emparejar la inflación, como también por la situación de indefensión de los trabajadores informales, que representan un tercio del mercado laboral.
Ahora, cuando el recambio ministerial coincide con una expectativa inflacionaria de 95% para los próximos 12 meses, se intensifica la presión por el aumento salarial por decreto. En particular, la lupa está sobre los aumentos de los alimentos, que volvieron a liderar las subas de precios, con un 2,8% en el arranque de octubre.
Olmos eludió dar una respuesta directa, aunque su aclaración de que buscará el consenso con Massa hace pensar que habrá cautela sobre la cuestión de la suma fija, de manera de que no haya contradicción contra el objetivo de recorte del déficit fiscal. La expectativa del mercado es que pueda haber un incremento antes de fin de año, en parte para compensar a los sectores más atrasados y también en parte para descomprimir la tensión política interna en la coalición de Gobierno.
La fórmula que se considera probable es que el incremento sea considerado como una suma a cuenta de futuros aumentos, en el caso de los sectores que están negociando paritarias. Ya hay un antecedente en ese sentido, como el aumento decretado por Alberto Fernández a pocos días de su asunción en diciembre de 2019.
De todas maneras, aun cuando ocurriera un aumento por decreto, lo que el Gobierno está dejando en claro es que se trataría de una excepción y no del cambio de política salarial que reclama el kirchnerismo. También en ese sentido dio pistas la nueva ministra: "Para nosotros la institución de la negociación colectiva es central. Las paritarias son una herramienta que los peronistas defendemos muchísimo y que este gobierno ha sostenido para que el salario le gane a la inflación".