El índice de pobreza, un golpe al relato oficial: confirma que la inflación neutralizó la mejora en el empleo
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Se acerca uno de los momentos más temidos por el Gobierno: en pocos días, el Indec dará a conocer las cifras de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre del año. Y, según las estimaciones que hacen los expertos en materia social, no habrá motivos para festejar: en el mejor de los casos podría haber una mejora apenas marginal sobre el 37% registrado en la medición anterior.
El gran culpable, claro, es la inflación, que hizo que la expansión de la actividad de inicios de año y la mejora en los datos de empleo quedaran neutralizados por la erosión que sufrió el salario real cuando el índice de precios al consumidor se ubicó en una velocidad crucero de 6% mensual.
Es por este motivo que no dio mucho margen para la celebración el último dato sobre reducción del desempleo al 6,9% y el aumento de la tasa de población empleada -que, con 44,6%, está en su mejor nivel en dos décadas-. Lo que se está confirmando, más bien, es la persistencia de un fenómeno que llamó la atención de los sociólogos: el asalariado pobre.
En la Argentina era tradicional que quienes estaban por debajo de la línea de pobreza eran personas subocupados, personas con baja calificación educativa que hacían "changas" o trabajaban pocas horas. Sin embargo, los últimos tiempos han dado paso a una categoría de trabajadores que, aunque estén registrados y perciban un salario regular y demás beneficios sociales, no pueden comprar una canasta básica, establecida en $119.757 para un hogar tipo de dos mayores y dos menores.
De hecho, hoy un hogar con dos salarios mínimos todavía está un 15% por debajo del ingreso necesario para pasar la línea de pobreza. Y la perspectiva no es halagüeña, dado el pronóstico de 84% de inflación que hacen los economistas consultados por la encuesta REM del Banco Central.
Y un detalle a tomar en cuenta es que el dato de pobreza todavía no reflejará la medida que más le ha costado tomar al Gobierno, después de una dura polémica interna: el recorte de los subsidios energéticos, que derivará en un golpe adicional a los ingresos de la clase media.
Menos desocupación, ¿más pobreza?
El Gobierno recibió de la gestión Macri una pobreza en 35%, que saltó a un contundente 42% en el segundo semestre de 2020 como consecuencia de la pandemia. La situación mejoró en el primer semestre del 2021, ya con la campaña vacunatoria en marcha y reglas sanitarias más laxas. De todas maneras, la situación del segmento más pobre tuvo una recuperación lenta, dado que el Gobierno había dejado sin efecto a inicios del año la masiva ayuda de programas de asistencia.
El número de ese semestre -40,6% de pobres, incluyendo 10,7% de indigentes- generó las primeras fisuras internas en el Gobierno. Y eso determinó que la caída de tres puntos registrada en la siguiente medición no fuera motivo de celebración.
Las estimaciones realizadas en el ámbito privado apuntan a que un estancamiento de los indicadores: las más optimistas sitúan la pobreza en 35% y la indigencia en 8%, mientras que los más pesimistas prevén una variación apenas marginal respecto de los valores de 37,3% y 8,2% que se habían medido para el semestre anterior.
Un informe de la consultora Equilibra destaca que la inflación impidió que se acentuara la mejora que se venía insinuando a comienzos de año. Y no oculta su escepticismo para las próximas mediciones.
"La perspectiva de reducción de la pobreza y la indigencia para la segunda mitad del año no es auspiciosa: los ingresos laborales reales caerían producto de la aceleración inflacionaria; la expectativa para la actividad/empleo no es favorable; y las prestaciones sociales -compuesto por planes sociales, AUH, pensiones no contributivas, Prestaciones de PAMI, y otros- difícilmente puedan revertir estas tendencias en un contexto de ajuste fiscal para tratar de cumplir la meta fiscal pactada con el FMI", señala el informe.
En la misma línea se pronunciaron los investigadores de la UCA, que acaban de publicar un informe sobre las condiciones de vida de las personas mayores, que arrojó como resultado que un 26% vive en situación de "pobreza estructural".
"La creación de empleo no está compensando la inflación", observó en una entrevista radial Agustín Salvia, director del Observatorio de Deuda Social de la UCA, para quien el país está asistiendo a "un avance de la pobreza en las clases medias".
Un desplome en el consumo
La explicación que han dado los analistas para la nueva situación social -en la que se crea empleo pero la pobreza no baja- es que gran parte de los nuevos trabajos se producen en la informalidad, donde los salarios tienen menos mecanismos de protección ante la inflación.
Según la consultora LCG, en la última medición trimestral de empleo, un 22% de los 665.000 nuevos puestos de trabajo quedaron al margen de la economía formal. Y advierte que la "brecha de ingresos" entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre -actualmente es de 15,3 veces- podría revertir su tendencia a la baja por el alza inflacionaria.
Lo cierto es que hoy nadie en el Gobierno se anima a repetir el pronóstico que en marzo pasado había hecho el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en el sentido de que el país sacaría de la pobreza a un millón de personas cada año. Ese pronóstico fue hecho en la presentación del plan Argentina Productiva 2030, un programa con metas ambiciosas de incremento productivo -por ejemplo, aumentar un 120% las exportaciones y crear 100.000 nuevas empresas- cuyo objetivo principal es crear dos millones de empleos.
Pero hace un semestre todavía se podían esgrimir motivos para el optimismo: a fin de cuentas, la economía se recuperaba a una velocidad acelerada y hasta había signos positivos en el consumo. En cambio, hoy los industriales advierten sobre el riesgo de un freno en la producción y hasta de fábricas paradas por las dificultades para importar insumos.
La inflación está haciendo el resto, como quedó evidenciado en el pavoroso dato del consumo de agosto: una caída de 7,3% respecto del mes anterior, según la medición de la consultora Focus Market. Entre los rubros de mayor caída se incluye el de alimentación.
Y el director de la consultora, Damián Di Pace, observó cómo se profundizaba el fenómeno de la caída de la clase media: "La contracara es un bolsillo debilitado en su poder adquisitivo y un nivel de deuda en crédito vía tarjeta que es un tanque de oxígeno con menor capacidad para amortiguar un respiro hacia la llegada de comienzo del mes siguiente. El ajuste que no se vio en el sector público se ve en el sector privado personas sobre todo en la clase media".
Los indicadores económicos no dejan espacio para pensar que en las próximas mediciones de pobreza haya una mejora palpable: por lo pronto, el "índice líder" que mide la Universidad Di Tella advierte que las probabilidades de que la economía entre en recesión en los próximos meses son de 71,5%.
El desafío en el discurso político
Como ya ocurrió en otras ocasiones en las que hubo que comunicar altos niveles de pobreza, el Gobierno tiene dos desafíos: el primero es el de compensar de alguna forma el impacto de la mala noticia. Y el segundo es evitar que se reabra la fisura interna en el Frente de Todos, donde persiste una visión crítica del kirchnerismo ante la política "de ajuste" que implementa el ministro de economía, Sergio Massa.
Con respecto al primer punto, hubo anuncios específicos destinados a compensar a los sectores de menores ingresos ante la escalada inflacionaria. Específicamente, se dispuso un nuevo bono extraordinario para los jubilados de la franja inferior, que están cobrando tres cuotas de $7.000 adicionales al ajuste de la fórmula indexatoria.
"Las jubilaciones mínimas aumentaron por arriba de la inflación casi ocho puntos", afirmó la directora de Anses, Fernanda Raverta, en una declaración para la polémica, dado que la nueva fórmula no ha significado, como se había prometido originalmente, una protección al ingreso de los pasivos.
Y las señales continuaron, por ejemplo en el proyecto de presupuesto 2023, donde Massa se ocupó de que el anuncio de reducción de 0,6 puntos del déficit fiscal no fuera interpretado como un ajuste sobre la población de menores recursos. De hecho, se reforzará la caja del ministerio de Desarrollo Social con $1,1 billón. Y planes como el Potenciar Trabajo que este año fue objeto de polémica, prevén una mejora de 160%.
Aun así, el malestar interno de la coalición gobernante está nuevamente subiendo los decibeles. Y a pesar de la "tregua" para que Massa continúe su plan de estabilización, se están haciendo oír los reclamos por una política más enérgica en medidas redistributivas.
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En el kirchnerismo hay certeza de que, de no mediar un shock de ingresos, las chances electorales del oficialismo serán bajas el año próximo. Y la polémica sobre la necesidad de disponer aumentos salariales generales por decreto -en contraposición al sistema tradicional de paritarias liderado por la CGT- está otra vez sobre la mesa.