Lobby | Pelea por subsidios a líneas de colectivos: por qué el conflicto recrucede y ya preocupa en todo el país
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"Estamos teniendo una pequeña deuda en relación a los pagos que hacemos de forma habitual. De esos pagos estamos debiendo 6.000 millones de pesos, medio mes en total, 4.400 millones de pesos de las líneas de jurisdicción nacional y 1.600 millones de pesos de las líneas de la ciudad de Buenos Aires", dijo el subsecretario de Política Económica y Financiera del Ministerio de Transporte, Carlos Vittor. El funcionario dijo que los pagos se normalizarán la semana que viene. Es uno de los voceros designados por el ministro Alexis Guerrera para explicar, sin decirlo, por qué el conflicto con las empresas de transporte público de pasajeros -puntualmente, los colectivos- es la punta de un iceberg mucho más grande.
El emergente de la controversia comenzó a aparecer esta semana, a partir de la decisión de las agrupaciones empresarias que reúnen a las firmas que controlan líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) siguen sin levantar el lock out desde las 22 a las 5 de la mañana. Le reclaman a la Nación que terminen con las demoras en el pago de subsidios.
En ese contexto salió a hablar Vittor, para detallar que ha pagado el 40% de la deuda; es decir, 3900 millones de pesos.
Líneas de colectivos: el reclamo de Nación a la Ciudad
Vittor también puso el foco en otro punto tirante de la pulseada. Le exigió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta que "contribuya con la parte que le corresponde" de los subsidios.
"Dicen que estamos en negociaciones, que ellos colaboran con el financiamiento, pero asumieron un compromiso de hacerse cargo en 2019 de los subsidios y compensaciones, pero todavía no lo han hecho", detalló el funcionario en referencia al conflicto que existe desde que la Nación decidió concretar la transferencia total del control jurisdiccional de 32 líneas de colectivos que solamente recorren territorio porteño.
El gobierno porteño tiene poco margen para negarse, aunque el cambio implica que la Ciudad deberá hacerse cargo del pago de esos subsidios. Si los reduce, también deberá afrontar el costo político del aumento del boleto, como le pasa a la Nación.
La pulseada transcurre hasta ahora en forma silenciosa pero escalará en la medida que Transporte le reclame a sus pares de la Ciudad que asuman los pagos comprometidos. Como mar de fondo está la controversia ante la Corte Suprema de Justicia por los fondos que el entonces mandatario Mauricio Macri le entregó a la Ciudad para financiar la transferencia de las 53 comisarías de la Policía Federal y que luego fueron quitados por su sucesor, Alberto Fernández.
El máximo tribunal primero les planteó a ambas administraciones que busquen un acuerdo pero el intento fracasó. Los cortesanos tienen el tema para definir desde junio. Primero decidirán si frenan los recortes dispuestos por la Nación y luego se meterán en la cuestión de fondo, que gira en torno al método de distribución de la coparticipación federal con la Ciudad de Buenos Aires, cuya existencia es posterior a la reforma constitucional de 1994. La ley de coparticipación federal data de 1992, cuando el territorio porteño era la Capital Federal y su intendente era designado por el Presidente.
El conflicto del transporte público no cesa
El tironeo por el cambio de jurisdicción de los colectivos ocupa un segundo lugar ante el litigio judicial que enfrenta a Nación y Ciudad. Sin embargo, ahora reaparece con fuerza a partir del conflicto con las empresas de colectivos. En el AMBA hay 100 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires y todos sus recorridos fueron afectados nuevamente por la medida de fuerza que apunta directamente al servicio nocturno, considerado el menos rentable por las firmas. La medida tuvo un impacto directo en los pasajeros y volvió a afectar la tensa negociación que mantienen los funcionarios de Transporte con los dueños de las líneas de colectivos.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) las partidas para Transporte tuvieron un recorte de 10.000 millones de pesos durante agosto a partir de la Decisión Administrativa 826, que firmó el ministro de Economía Sergio Massa. Las reducciones para esa cartera tienen un impacto directo en el manejo de los subsidios para el boleto. En la cartera que conduce Guerrera no contestaron las preguntas de este medio respecto al impacto de esos nuevos recortes, pero otras fuentes del Gobierno admitieron que se trata de una de las zonas más sensibles de los ajustes previstos.
Es posible que las demoras en los giros de los subsidios se extiendan en el tiempo y que en la Casa Rosada apunten con más fuerza al gobierno porteño. Mientras avance el tironeo y sigan sin aparecer los fondos, volverá a aparecer la posibilidad de un nuevo aumento del boleto, dentro de una matriz de distribución de los fondos donde las líneas del AMBA reciben el 63% de los fondos y las del interior del país el 36%.
Preocupación por los subsidios en las provincias
En esa ecuación radica la otra parte del conflicto. Hace un mes el oficialismo y la oposición acordaron firmar un dictamen unificado en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados para ampliar los subsidios para las líneas del interior de $36.000 millones a $59.000 millones. Desde entonces, el tema no fue debatido por la Comisión de Presupuesto y fuentes oficiales deslizaron que parte del conflicto es canalizado desde el Ministerio del Interior con Aportes del Tesoro Nacional, como una forma de ganar tiempo hasta que llegue el momento de presentar el Presupuesto 2023, que debe ingresar a la Cámara Baja el 15 de septiembre.
La negociación por los subsidios para el interior es un tema que preocupa mucho a los gobernadores porque también aportan fondos para subsidiar el boleto y ya advirtieron que no están en condiciones de aumentar esos giros. En ese contexto, la pelea por el aumento de los subsidios está entrampada en Diputados, pero es otra parte de uno de los conflictos financieros y fiscales más grandes que le toca afrontar a Massa y a Guerrera, jefe de una cartera que reporta directamente al flamante jefe del Palacio de Hacienda.