¿Misión imposible para Massa?: con meta fiscal incumplible, busca convencer al FMI de que puede resistir sin devaluar
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Mientras prepara las valijas para viajar antes de fin de mes a Washington, donde se encontrará con la plana mayor del Fondo Monetario Internacional, Sergio Massa entrena su "cintura política" para que ese evento sea interpretado como un espaldarazo a su gestión y no lo que en realidad va a ser: el sinceramiento de que Argentina incumplirá las metas del acuerdo "stand by". Esto, en un momento en el que una devaluación asoma como una posibilidad en el horizonte que plantean diversos analistas.
No es que Kristalina Georgieva se vaya a sorprender por los números que le presentará el enviado del principal "cliente" del FMI: tiene los números argentinos por los informes que le reporta Ilan Goldfajn, el ex presidente del Banco Central brasileño, que hoy cumple el rol de "policía malo" como auditor del préstamo. Pero además, claro, porque hace escasas tres semanas ella misma se reunió con Silvina Batakis, a quien le comunicó sin eufemismos que su programa necesitaba "medidas dolorosas" para encaminar la economía del país.
A eso, precisamente, apunta Massa. Con los recientes anuncios de medidas, espera convencer a sus interlocutores que Argentina está decididamente aplicando la tijera en los planos fiscal y monetario, de manera de poder cumplir las metas de un déficit no mayor al 2,5% del PBI, que se financiará con no más de 1% de asistencia monetaria del Banco Central.
Y mostrará como prueba el anuncio del nuevo régimen de tarifas de servicios públicos, que limitará el subsidio estatal según volúmenes de consumo. Pero claro, hay un problema que están empezando a advertir los economistas argentinos: ese recorte difícilmente tenga un gran impacto este año, y todavía no está claro qué tan importante será el año próximo, porque la inflación creciente podría licuar el ahorro.
Los subsidios a la electricidad y el gas suben a una velocidad crucero de 166% anual, según los datos fiscales recientemente publicados. El economista Jorge Colina, de la fundación Idesa, calcula que eso implica un crecimiento anual de un punto del PBI, y advierte que "para desacelerar tan potente dinámica va a necesitar varios aumentos más". Su conclusión, compartida por varios colegas, es que "la meta fiscal con el FMI nació incumplida".
En la misma línea, la firma inversora Consultatio, estima que el ahorro que traerá la suba de tarifas se podría estimar entre 0,5% y 0,8% del PBI, pero recién después de un año completo desde el inicio del ajuste, lo que podría ocurrir en octubre 2023. Este año, en cambio, el impacto no superaría el 0,2%, un tercio del objetivo que originalmente se había planteado Martín Guzmán.
Otro experto en el tema, el ex secretario de Energía Daniel Montamat, calculó que los subsidios costarán este año u$s15.000 millones, un 36% más que el año pasado. "El populismo energético instaló la falacia de que los subsidios son una ‘paga Dios’, cuando representan la contracara de tener precios y tarifas subsidiadas y se terminan financiando con emisión inflacionaria", argumentó.
Todos aplauden, nadie quiere recortar
Y en el resto de los rubros del gasto tampoco hay señales claras de recorte. Según advierte Daniel Artana, economista jefe de FIEL, los antecedentes recientes marcan que en los segundos semestres, el déficit suele agravarse. Para ponerlo en números, suelen superar en 70% al monto de los primeros semestres.
Es un mal punto de partida, sobre todo si se tiene en cuenta que, una vez que se depura el efecto de la "contabilidad creativa", el déficit fiscal que calcula FIEL para la primera mitad del año es de 3% del PBI.
Es por eso que los funcionarios del Fondo, ya antes de que asumiera Massa, habían hecho un pacto con Guzmán: aceptarían el maquillaje de las cuentas fiscales sin quejarse y darían por aprobadas las metas, pero a cambio exigirían que en la segunda mitad del año se realizara un recorte real de un 8% en el gasto público.
Massa tendrá que explicarle a Georgieva qué está haciendo para lograr ese recorte. Y le repetirá que se está aplicando un tope a las diversas reparticiones públicas, de manera de que no se gaste más de lo que entra en la caja estatal.
Lo que seguramente no le contará es la resistencia que está encontrando dentro del propio Gobierno para poder llevar a cabo ese recorte del gasto. En las primeras charlas sobre el tema, tanto los ministros como los gobernadores provinciales le dijeron que apoyaban su programa, pero ninguno se mostró dispuesto a que su propia área se sacrificara.
Los argumentos esgrimidos por los funcionarios son fundados: tanto en la obra pública como en la asistencia social es difícil pensar en un recorte de gastos que no traiga consecuencias graves. Y el reciente acampe piquetero frente a la Casa Rosada es un recordatorio contundente al respecto.
Lo cierto es que ya el propio Alberto Fernández había diluido las promesas de austeridad de Silvina Batakis, al anunciar, tras un encuentro con gobernadores provinciales, que no habrá un ajuste de la obra pública y que se mantenía el plan de $837.000 millones -que equivale a un 14% del PBI-.
En todo caso, el escaso entusiasmo que los gobernadores tuvieron para con el plan oficial es otra demostración de las dificultades que esperan a Massa. Los economistas estiman que las transferencias fiscales a provincias -sumando las automáticas y las discrecionales- se ubican en el nivel más alto de los últimos 20 años, en términos reales y representan un 3,1% del PBI.
¿Y los dólares del Banco Central?
Lo cierto es que, con este contexto político, hay escepticismo sobre las posibilidades de Massa de poder cumplir las metas prometidas al Fondo. Sobre todo si se tiene en cuenta que, además de las dificultades fiscales, sigue siendo acuciante la situación de las reservas del Banco Central, cerca de perforar el piso de u$s37.000 millones y con la caja casi vacía.
Los resultados del incentivo a los productores sojeros lucen por su ausencia, y se mantienen guardadas en silobolsas 23 millones de toneladas, que a la cotización actual equivalen a u$s14.000 millones.
La promesa de Massa sobre reforzar rápidamente las reservas del Central se empieza a diluir: el adelanto de los u$s5.000 millones de los exportadores se demora. Y las dudas sobre los dólares que puedan ingresar mediante préstamos de bancos de inversión en modalidad "repo" son cada vez mayores, por los altos costos de interés y de garantías que sería necesario asumir.
Por otra parte, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, intenta transmitir optimismo con el argumento de que en agosto se reducirá en u$s600 millones la importación de gas, y que en septiembre caerá en otros u$s900 millones. Es decir, que prevé una disminución en las importaciones, al tiempo que las exportaciones van a reanudarse tarde o temprano, porque los productores rurales tienen que financiarse para la próxima campaña.
Pero su explicación no generó mucho eco en el mercado. La estadística muestra que en la segunda mitad del año la importación tiende a aumentar: el año pasado, las compras "no energéticas" del segundo semestre fueron un 18% más altas que las del primero. Si se mantuviera esa tendencia, entonces las importaciones -sin contar la compra de combustibles- se ubicarían para la segunda mitad del año en torno de U$s40.000 millones.
Pero, sobre todo, lo que genera escepticismo en los economistas es el hecho de que no perciben que la falta de reservas tenga que ver con un problema estacional, sino que una cuestión estructural: la brecha cambiaria.
Hablando en plata, faltan u$s4.300 millones para que el país esté a tono con el nivel de reservas comprometido en el acuerdo con el FMI, según la estimación de Emmanuel Álvarez Agis, un economista cercano a Massa.
Massa, un seductor en momento de crisis
A pesar de ese panorama desalentador, el nuevo ministro tiene motivos para ser optimista con su primera gira internacional. Hay sobradas señales en el sentido de que el FMI mantendrá una actitud relativamente comprensiva hacia el país y que, ante los evidentes desvíos de las metas, dará un "waiver" sin interrumpir el flujo de capitales.
Una señal elocuente fue la del Banco Interamericano de Desarrollo, que liberó un préstamo por u$s80 millones. Y el nuevo ministro mantuvo una charla telefónica con el estadounidense Mauricio Claver Carone -otro de los "malos" de los organismos multilaterales, que mantenía una mala relación con el renunciado Gustavo Béliz-, algo que fue interpretado como el destrabe de créditos por u$s2.000 millones.
La carta de la directora del FMI le envió a Massa implica, traducida a señales diplomáticas, que se mantendrá el cronograma de desembolsos previstos en el acuerdo "stand by", lo cual supone la entrada de u$s4.000 millones en septiembre.
Además, Massa va en busca de señales políticas de apoyo en la administración Biden. Es el gran valor diferencial del nuevo ministro, que el año pasado ya hizo gala de sus relaciones en el país del norte, al encabezar una misión que incluyó contactos con funcionarios de alto rango.
Ahora, investido como ministro, espera verse con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, para explicar el programa de estabilización y pedir que Estados Unidos haga valer su influencia en el directorio del FMI, en un momento en el que abundan las voces que piden dureza y medidas ejemplarizantes para con Argentina.
Devaluación: ¿se aplicará la receta clásica del FMI?
Como prueba de la voluntad para realizar correcciones, Massa mostrará la aplicación de medidas ortodoxas, como la suba de tasas de interés. Es un tema que no resulta indoloro políticamente para un gobierno que en 2019 había hecho campaña electoral criticando las tasas de 73% de Guido Sandleris y el generoso premio pagado a los bancos que compraban las Lebac, en vez de destinar los dineros públicos a pagar jubilaciones.
Los maliciosos pensarán que no por casualidad coincidió la noticia del aumento extra a los jubilados con la del salto de 9,5 puntos en la tasa del Banco Central comunicada el jueves.
Pero, en todo caso, el interrogante es si para Massa será suficiente con mostrar su plan con dosis de ortodoxia o si el FMI le recordará su receta clásica para los países que se encuentran en situaciones como la de Argentina: una devaluación que ayude a licuar el gasto y corregir distorsiones de precios.
Es la medida que el Gobierno viene resistiendo, cada vez con menor fuerza. Lo sabe Massa mejor que nadie, luego de haber intentado convencer a Marina Dal Poggetto para que aceptara el cargo de viceministro.
La prestigiosa directora de la consultora Eco Go le expuso su visión de que la devaluación es inevitable. Y luego escribió su crudo diagnóstico: estimó en u$s30.000 millones la transferencia de recursos de los exportadores a los importadores como consecuencia del desfasaje cambiario.
"Esto es más de 6% del PIB por año. Una grosería teniendo en cuenta que duplica el monto que paga el fisco de subsidios a la energía", expresó la casi viceministra. Y enfatizó que el plan de ajustar en el plano fiscal y subir tasas de interés mientras se mantiene el actual tipo de cambio "tiene patas cortas".