Acuerdos de precios y salarios siempre fracasaron: ¿podrá este Gobierno revertir la historia?
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Una catarata de comentarios irónicos y "memes" en las redes sociales fue la primera reacción a la convocatoria hecha por el presidente Alberto Fernández a los empresarios y sindicatos para un acuerdo de precios y salarios. Desde economistas ultra ortodoxos hasta políticos de filiación trotskista, todos pronosticaron un fracaso rotundo de la iniciativa.
El motivo del escepticismo tiene sus raíces en la historia: Argentina intentó muchas veces, en las últimas décadas, acuerdos de este tipo, a veces en su modalidad de "congelamiento", otras con un cronograma de aumentos pactados. Pero el resultado siempre fue el mismo: en el mejor de los casos, apenas una estabilización pasajera, que luego desembocó en un proceso inflacionario igual o peor que el que existía al momento de firmarse el acuerdo.
Los convocados para ser protagonistas -es decir, las cámaras empresariales y los dirigentes sindicales- reaccionaron con sorpresa y frialdad ante la convocatoria. No hubo rechazos explícitos para no desairar al Presidente ni al recién asumido equipo del ministro Sergio Massa, pero las señales de descreimiento fueron claras.
Los sindicatos temen que detrás de la iniciativa se camufle un intento de que los salarios sean la "variable de ajuste" en el plan estabilizador de Massa. Y plantean que quien debe hacer el esfuerzo es el empresariado, que ha recuperado márgenes de ganancias en sus balances.
Esto alimenta el debate que viene desde hace varios meses sobre cómo interpretar los balances de grandes empresas como Arcor, Molinos o La Anónima, que dan ganancias pero no por una mejora en los ingresos por ventas, sino por medidas internas de ajuste y por menor exposición al endeudamiento.
Décadas de intentos frustrados
En todo caso, si algo une a todas las posturas divergentes -liberales y keynesianos, sindicatos y empresarios-, es que el acuerdo de precios y salarios no es la solución.
Se han reflotado estudios históricos, como el realizado por la consultora Invecq, que muestra cómo los intentos más ambiciosos han fracasado tras algunos meses de aplicación, en general por no haber sido acompañados por planes consistentes de equilibrio fiscal.
Los acuerdos de precios y salarios han sido intentados por gobiernos de todos los signos, desde el primer peronismo en 1952, pasando por la gestión del general Onganía en 1967, el plan de José Ber Gelbard -del que Cristina Kirchner se confesó admiradora- en 1974-, luego el congelamiento de Martínez de Hoz durante la dictadura militar en 1976 y el lanzamiento del Plan Austral en 1985.
Algunos fracasaron muy rápidamente, como el plan "inflación cero" de Ber Gelbard, que a un año de lanzado ya mostraba un fuerte impulso ascendente de la inflación y terminaría en el recordado "Rodrigazo".
Otros, como el plan Austral, mostraron un comienzo prometedor, al bajar una inflación que estaba en 26% mensual al momento del inicio, hasta un mínimo de 1,9% a los seis meses. Pero la falta de consistencia entre el plan y el resto de la política económica los llevó al estallido inflacionario con fuerte devaluación, que tuvo su dramático momento cúlmine en la hiper de 1989.
El best seller de Juan Carlos Torre –"Diario de una temporada en el quinto piso", que saltó a la fama cuando Cristina Kirchner se lo obsequió como regalo de cumpleaños a Alberto Fernández- ha sido un recordatorio sobre cómo se erosionan ese tipo de esfuerzos anti-inflacionarios: desde el propio gobierno empieza el sabotaje, por la resistencia al recorte del gasto, lo cual transmite a la población una pérdida del compromiso con el equilibrio fiscal y se deriva en la recreación de la puja distributiva con la nueva carrera nominal entre precios y salarios.
Los intentos de Cristina
Ya en el siglo 21, también hubo intentos por acordar precios y salarios, aunque no tuvieron el componente de "congelamiento" que caracterizó a los planes estabilizadores del pasado. En general, ocurrió una mezcla de compromisos de mantener precios en una nómina de productos de primera necesidad, junto con una apelación a la "responsabilidad" en las paritarias. Y todo en el marco de llamamientos al "pacto social".
Durante la gestión de Cristina Kirchner, hubo intentos por controlar precios y salarios, a veces en forma unilateral y otras en acuerdo con las partes. Siempre terminaron mal.
El primer control de precios fue en 2009, cuando la entonces presidente focalizaba su enojo en los "formadores de precios". Sin embargo, al mismo tiempo logró que la CGT contuviera sus pedidos de aumentos, al argumentar que en un contexto recesivo había que priorizar el empleo.
Ni bien la economía dio señales de recuperación, tanto los precios como los salarios retomaron la carrera. Y los industriales acusaban a Cristina de pretender un tope a los precios pero sin establecer criterios de productividad para subir salarios.
Por aquella época había una señal oficial sobre los salarios, dada por un gremio al que se elegía como referente del mercado. Fue así que durante años se habló del "techo Moyano", hasta que se produjo el distanciamiento entre ambos, y entonces se implementó el "techo Caló", en alusión al dirigente del gremio metalúrgico.
Pero no siempre le resultó fácil a la ex presidente mantener bajo control las negociaciones salariales. Hubo ocasiones en las que expresó públicamente su enojo, ante lo que juzgó desbordes.
Así lo demuestra un enojado discurso de 2012 en el que dijo: "Pido a los dirigentes sindicales que tengan responsabilidad, porque cuando se arman los barullos en los cuales todos gritan para ver quién puede lograr más, y después de pudre todo, los dirigentes se van a sus casas, que nunca son pobres, y los trabajadores son los que se quedan sin empleo".
Cristina había hecho un frustrado intento de pacto social en 2010, al convocar a una "mesa tripartita" durante una convención de la Unión Industrial. Pero tanto los empresarios como los sindicatos desertaron de la convocatoria.
Argumentaron que el propio Gobierno demostraba falta de compromiso para discutir temas que las otras dos partes querían en la agenda. Los gremios querían un alivio en Ganancias, los empresarios querían hablar de criterios de productividad ligados a los aumentos salariales, y ambos querían que el Gobierno se comprometiera a contener la inflación -en épocas en que el Indec "dibujaba" la estadística-.
Finalmente la convocatoria quedó en nada, pero Cristina no se resignó a perder poder de control sobre las principales variables: fue en esa época en que debutó la primera versión de los "Precios Cuidados" -su nombre original era "Mirar para Cuidar" y levantó polvareda por reclutar como controladores de precios a militantes de La Cámpora-.
Una nueva convocatoria a un diálogo social se realizó en 2013, con el controvertido Guillermo Moreno como voz cantante del oficialismo. Sin embargo, otra vez el gobierno se mostró poco dispuesto a escuchar los reclamos, en especial el de la suba del mínimo no imponible de Ganancias, que afectaba a los gremios con mejores sueldos.
El acuerdo sólo se aplicó parcialmente, con un sindicalismo que ya estaba atravesado por la "grieta" entre los que apoyaban y los que combatían al kirchnerismo. Así, Moyano convocó a paros contra el Gobierno y tuvo duros debates públicos con Cristina, que sólo cedió a algunos de los reclamos cuando sufrió la derrota electoral en las legislativas.
En definitiva, los resultados de la inflación durante la gestión de Cristina hablan por sí solos: el primer período terminó con un estimado de 114%, mientras que el segundo registró un índice de aumentos de precios estimado en 150%.
Por qué fracasan los acuerdos
Lo cierto es que, bajo los diversos formatos intentados, los acuerdos de precios y salarios han fracasado. Y los economistas han dado abundantes explicaciones respecto de por qué ocurre esto.
Primero, por la dificultad de contralor sobre los precios en un mercado atomizado, y más ahora en el que las grandes cadenas supermercadistas han perdido mercado a manos de pequeños almacenes de barrio, algo que hace pocos meses comprobó Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio en sus frustrados intentos de contener la inflación de alimentos.
También suele mencionarse los efectos colaterales indeseados. El primero es que, al anunciarse que se quiere hacer el acuerdo, ya las empresas realicen aumentos de precios preventivos, para contar con un "colchón". De hecho, la CGT denunció que eso mismo había ocurrido la primera vez que Alberto Fernández habló del tema, a fines de 2019.
El otro gran efecto es el de los aumentos "del día después". Es un clásico de toda medida con una fecha de terminación: cuando vence el plazo, se producen de golpe los ajustes que habían sido reprimidos. De manera que ya el hecho de que el Presidente haya mencionado una "hoja de ruta de 60 días" prende alarmas.
Pero, sobre todo, lo que se argumenta es que para que estos acuerdos sean creíbles se requiere de un plan creíble comprometido con la eliminación del déficit fiscal. "Metan la emisión y el déficit en el acuerdo y va a funcionar", dijo Carlos Rodríguez, ex viceministro de economía durante la gestión menemista, ante las manifestaciones de descrédito de sus colegas sobre la propuesta de Alberto Fernández.
Lo que argumentan los expertos es que, además, el momento del "freeze" suele hacerse luego de corregir desajustes de precios relativos. Ahora, en cambio, persiste un retraso cambiario. Y el descongelamiento tarifario que acaba de anunciar Massa ya predispone a los sindicatos a pedir incrementos que cubran ese encarecimiento de los servicios en el presupuesto familiar.
Una recepción fría
En la cúpula de la CGT, ya se venía gestando un fuerte malestar con el kirchnerismo, que quiere que el Gobierno asuma el liderazgo de la política de ingresos y que dicte aumentos salariales por decreto y con sumas fijas. Los sindicalistas se oponen a ese sistema y defienden la continuidad de las paritarias sectoriales.
Su argumento es que los aumentos de sumas fijas achatan la pirámide salarial y generan problemas en la interna de cada gremio. Afirman que el sistema que quiere el kirchnerismo no distingue las peculiaridades de cada rama de actividad. Y, además, recelan del intervencionismo de hecho que supondría ese sistema, en el que el rol de los dirigentes sindicales quedaría en un segundo plano.
Y a ese malestar que venía creciendo, ahora se le agrega la propuesta para el acuerdo de precios y salarios, algo que, a priori, en el ámbito sindical se ha interpretado como un indisimulado intento de moderar la suba salarial.
Con una inflación que ya subió al escalón del 7% mensual, los sindicatos dan como obvia una reapertura general de paritarias. Y de hecho ya se está negociando en varios gremios grandes, como los de comercio, construcción y metalúrgicos, revisiones de los anteriores acuerdos que rondaban subas anuales de 60%.
Por no mencionar, claro, que viene creciendo la presión de los gremios de estatales, como la UPCN y el de docentes, justo en un momento en el que Massa intenta poner un tope al gasto público para que los pagos no excedan el ingreso de caja.