¿Suba de sueldos por decreto o paritarias?: la presión que crece sobre Massa luego del anuncio del ajuste fiscal
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"Paritarias ya", es el reclamo que viene creciendo en los últimos días. Y, para incomodidad del Gobierno, entre quienes más fuerte están planteando la necesidad de una revisión urgente ante la pérdida de los salarios se destacan los empleados estatales.
Fue lo que ocurrió este lunes, con una manifestación de UPCN -el gremio de empleados públicos más cercano al Gobierno- en el centro porteño, y que ya había tenido varios antecedentes en el interior del país.
De hecho, los estatales temen ser la "variable de ajuste" desde antes de que asumiera Sergio Massa como "superministro" de Economía. Más concretamente, el temor es que cuando Kristalina Georgieva, la directora del FMI, hizo alusión a la necesidad de tomar "medidas dolorosas", eran ellos en quienes se pensara en primer lugar.
Ya un mes antes, con los primeros anuncios de Silvina Batakis, había quedado en claro que había llegado el momento de un ajuste fiscal, algo que despertó un debate interno en la propia coalición gubernamental.
Hasta el propio Massa, en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, y Cristina Kirchner, como titular del Senado, habían sufrido la presión de los empleados, que publicaron afiches irónicos con la frase: "Tal vez necesiten una lapicera". Los empleados finalmente tuvieron un acuerdo por un ajuste anual de 69%, que en pocas semanas quedó desactualizado: las expectativas de los principales economistas, según la encuesta REM del Banco Central, es que el año termine con un 90,2% de inflación.
Pero la inquietud por el tema no se limita a los gremios estatales. Hasta los líderes de los movimientos piqueteros comparten la consigna, como quedó en claro el domingo en que, coincidiendo con el día de San Cayetano, se repitieron los pedidos por "pan y trabajo". Fue explícito al respecto Juan Carlos Alderete, que además de conducir el movimiento Corriente Clasista y Combativa es diputado por el Frente de Todos: "Paritarias libres, no montos fijos, como quieren dar", respondió cuando se le preguntó por las necesidades más urgentes.
Claro que también enumeró todos los otros reclamos que son factibles de ser resueltas por decreto: "Aumento urgente de jubilaciones y pensione, aumento del número de beneficiarios y monto de los Potenciar Trabajo, un ingreso básico de emergencia con contraprestación laboral".
Y, como nuevo elemento de presión que se agrega a los reclamos salariales, aparece ahora el "factor tarifas". Massa se preocupó de enviar un mensaje contundente al mercado, al estimar en $500.000 millones el ahorro fiscal generado por el recorte en los subsidios a los servicios públicos.
Es un número importante -un 0,7% del PBI-, sobre todo si se lo compara con el esquema que anteriormente estaba impulsando el kirchnerismo, y que suponía un ahorro fiscal por una cifra seis veces menor.
Pero, como era previsible, también se agudizaría el reclamo social. de "Otro tarifazo que va a generar más pobreza y usuarios que van a tener que elegir entre comer o pagar los servicios", fue la cruda definición de Carlos Minucci, directivo de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía.
Todos critican a la CGT
Para colmo, en un clima hipersensibilizado, la publicación del dato de la inflación de julio será un golpe adicional que, no por esperado, dejará de hacerse sentir. La mayoría de las estimaciones privadas apuntan a un 7,5%, mientras ya el arranque de agosto marcó un 2,1% en apenas una semana, lo cual no hace pensar en un alivio de corto plazo. Este es el marco en el que Massa debe hacer gala de su cintura política para evitar un desborde de la protesta y dar señales de contención, al mismo tiempo que avanza con su plan de ajuste fiscal.
En el kirchnerismo, que se siente incómodo cada vez que escucha "críticas por izquierda", se intensificó el reclamo que meses atrás habían negado el renunciado Martín Guzmán y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni: el otorgamiento de un aumento salarial de suma fija, a ser dictado por decreto. Y Massa, que tiene en su agenda la resolución de ese tema, parece más preocupado por la reacción de la cúpula de la central sindical CGT que de las propias cámaras empresariales.
Lo cierto es que, hasta ahora, los sindicalistas -sobre todo los de la facción de "los gordos"- se han mostrado en contra de esa solución. Alegan que, en ocasiones anteriores, cuando se hicieron esos acuerdos, se encontraron con que era difícil para el Gobierno hacer que esa medida fuera compulsiva, por lo que terminaba quedando a discreción de las empresas decidir si se pagaba o no.
Esa fue, de hecho, la situación que ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri, cuando los bonos que salían por acuerdo eran explícitamente "voluntarios". Sin embargo, el acatamiento al pago fue alto cuando Alberto Fernández, recién asumido, decretó en diciembre de 2019 un pago de suma fija por $20.000, equivalente a 1,2 salarios mínimos de ese momento.
Pero hay otros factores que intervienen en el debate sobre la mejora salarial por decreto. La tradicional es que "achata la pirámide" porque la suma fija implica porcentualmente una mejora más grande para quienes están en la base que para los asalariales de niveles medio y alto.
En una situación de emergencia, sin embargo, esa queja no parecería tener un peso político importante, aun para un político como Massa, que siempre ha tratado de cuidar a su electorado de clase media, como quedó en evidencia con su iniciativa para aliviar el peso del Impuesto a las Ganancias.
Lo que sí se mantiene vigente es el resquemor de la cúpula sindical por lo que implica políticamente la suba por decreto: es una situación que diluye su poder, que tiene como expresión máxima la negociación sectorial en las paritarias. Y estaría avalando, además, la visión crítica de los sindicatos de izquierda -y del propio kirchnerismo-, que alegan una pasividad por parte de la CGT, lo cual se traduce en ineficiencia a la hora de defender los salarios.
La cúpula sindical recién convocó a una protesta cuando las críticas se hicieron demasiado intensas, y eligieron un formato ambiguo que cumpliera con la demanda de movilización sin que eso pudiera interpretarse como un golpe al Presidente: la marcha del 17 de agosto será "contra los formadores de precios".
Pero, respecto de la negociación salarial, su postura ha sido clara: "Cada organización sindical, por rama de actividad, conoce mejor que nadie las necesidades de sus trabajadores y las posibilidades empresarias de su sector", afirmaba el comunicado emitido en abril pasado, luego de una instancia de "diálogo social" con las cámaras empresariales y con funcionarios.
Presión sobre Moroni
Esa postura cegetista -resumida en el título "La única salida a la crisis es con más producción y trabajo"- se alinea con la visión oficialista de que la inflación ha sido agravada por motivos externos al país y enfatiza en que la posición sindical debe ser "responsable" para no poner en riesgo la inversión y el empleo. Pero esa postura, defendida por Alberto Fernández, y cuyo principal vocero ha sido el ministro Moroni, ha quedado golpeada políticamente después de los recambios ministeriales, y además ha perdido fuerza por la agudización de la crisis inflacionaria.
En el kirchnerismo no se oculta la antipatía hacia el ministro de Trabajo -algunos medios, en tono irónico, lo suelen llamar "Demoroni"- y las versiones sobre su renuncia llegaron a tal punto que el propio funcionario bromeó al respecto, al afirmar que esa noticia es "un clásico de cada semana".
Lo cierto es que Moroni, que hace un mes había dicho que se reabrirían las paritarias "si la inflación se dispara" todavía no ha dado señales al respecto. Su argumento es que, hasta ahora, el esquema de aumentos escalonados viene defendiendo al salario contra la erosión inflacionaria.
Por supuesto que el argumento de Moroni ha sido cuestionado desde todos los ámbitos, dado que la afirmación del ministro es cierta cuando se hace la comparación "entre puntas" pero no tiene en cuenta la pérdida de poder adquisitivo entre un aumento y el siguiente, y esa caída se profundiza a medida que los niveles de inflación son más altos.
Además, la afirmación del ministro sobre que el 80% de los asalariados están cubiertos por las paritarias es cada vez más cuestionada en una economía de alta informalidad. Es en ese marco que la resistencia que había opuesto Moroni a un pago de suma fija por decreto parece haberse debilitado.
Las ganancias, ¿al salario, al dólar o a la AFIP?
Mientras tanto, los mayores gremios están revisando sus convenios, ante la aceleración de los precios. Incluso los acuerdos que en su momento habían impactado por su cifra ya están quedando desactualizados. Y es por eso que en el sector de comercio, en la construcción y en los metalúrgicos, por mencionar algunos de los de mayor cantidad de afiliados, se están negociando al alza los anteriores acuerdos que rondaban subas anuales de 60%.
En el sector cercano a Cristina está cobrando fuerza la idea de que el Gobierno debe apoyar las subas salariales y ejercer presión política sobre las empresas.
Lo que motiva esa postura no es solamente la necesidad de recomponer salario ante la elevada inflación ni el temor a que esté en peligro la paz social. Además, hay otro cálculo: se cree que si hay una ola de aumentos salariales, también eso redundará en un alivio en el plano cambiario.
El razonamiento es que quienes han impulsado la suba del dólar paralelo han sido las grandes empresas, cuyos balances muestran altos márgenes de ganancias. Esa abultada caja en pesos, se argumenta, está yendo al "contado con liqui" y termina presionando al alza de la brecha cambiaria.
En consecuencia, si el Gobierno forzara subas salariales, habría menos margen para esa presión cambiaria. En todo caso, Massa ya pensó lo mismo pero en vez de privilegiar los salarios pensó en la caja de la AFIP, al disponer el pago adelantado de Ganancias para las mayores empresas "sospechadas" de haber recibido rentabilidades extraordinarias.