Después de combatir el "tarifazo" de Guzmán, el kirchnerismo convalidará aumentos mayores

Son horas cargadas de situaciones irónicas en la política argentina. La más evidente es que el kirchnerismo, que durante dos años miró con desconfianza a Martín Guzmán por su vocación fiscalista y que se opuso férreamente a que el ex ministro llevara a cabo un "tarifazo", ahora termina apoyando -o, al menos, tolerando- el plan económico de Sergio Massa, que implica un ajuste tarifario potencialmente mayor que el que estaba planteado originalmente.

Al final, los hechos parecen darle la razón a Guzmán, quien en su carta de renuncia le recomendaba a Alberto Fernández que, a la hora de nombrar a su sucesor en el ministerio de Economía, eligiera a alguien con el suficiente respaldo político como para no sufrir el mismo boicot que él había tenido que enfrentar por parte de los funcionarios del área de energía, que respondían a Cristina Kirchner.

Lo cierto es que los dirigentes políticos que habitualmente hacen de voceros de la vicepresidenta, así como los principales medios afines a las políticas kirchneristas, han reaccionado con una mezcla de apoyo y resignación tras los primeros anuncios de Massa. Y, específicamente respecto del tema tarifario, se aceptó que es un mal necesario para dar una señal de disciplina fiscal.

Quedaron lejos los días en que el kirchnerismo coqueteaba con la idea de reestatizar las compañías de distribución eléctrica. Ya no se escuchan las advertencias que a comienzos de año había despertado el plan de Guzmán, en el sentido de que supondría un duro golpe a los ingresos de los asalariados. Aquella propuesta suponía un incremento de 20% para el sector de ingresos más bajos, de 40% para los de nivel medio y un aumento de aproximadamente 200%, de tarifa plena, para un 10%.

En cambio, la propuesta de Massa supone que todos los usuarios están potencialmente en situación pagar con incremento, dado el criterio establecido por el nuevo ministro, que elimina el subsidio cuando se pase un determinado nivel de consumo.

Un aumento que excede a los ricos

Todavía no se conoció la "letra chica" del nuevo esquema tarifario pero ya empezaron a escucharse las primeras críticas sobre el esquema que anunció el nuevo ministro.

La primera es que los hogares de las zonas más pobres del país suelen ser mucho más dependientes de la electricidad que del gas, por no tener acceso a la red de cañería. Y, en consecuencia, un hogar del conurbano puede llegar más rápidamente al límite de los 400 Kwh que otro -con igual demanda energética- de la Ciudad de Buenos Aires, dado que depende de artefactos eléctricos como calefones y estufas.

Por otra parte, si bien el consumo promedio de los hogares está levemente debajo de los 400 Kwh, esto puede registrar fuertes variaciones dependiendo de las zonas geográficas y las regiones del país. Ante temperaturas extremadamente cálidas, un hogar que haga uso intensivo de aire acondicionado puede traspasar largamente el límite del consumo subsidiado y acercarse a los 1.000 kwh.

¿Cuánto podría ser el impacto? Los expertos del tema energético afirman que, sin subsidios, el costo del consumo se debe multiplicar por 4,5 veces -actualmente el Kwh se está pagando $3,60 cuando el costo de generación se acerca a $16-. Pero esto no implica que la factura total se deba multiplicar por 4,5, sino solamente la porción que paga el costo de la generación -aproximadamente un 40% de la factura final- mientras que el costo fijo -que representa otro 40% queda inalterado. El restante 20% corresponde a impuestos.

Esto implica que quien tenga un consumo de 500 Kwh y a partir de ahora pierda el subsidio por su "excedente" de 100 kwh, tendría un incremento de un 27% sobre el global de la tarifa. Para aquellos que consuman más y estén en el orden de los 800 Kwh, es decir el doble del límite marcado para el subsidio, el incremento en el pago sería de un 68%.

Son cifras que impresionan cuando se las considera en términos de incremento porcentual, aunque siguen siendo sumas bajas en comparación internacional. Como ejemplo regional, en Uruguay -que aplica un esquema de costos escalonados por niveles de consumo- un hogar paga, en promedio, más de cuatro veces lo que se paga en Argentina -si se hace la comparación al tipo de cambio oficial-.

El cambio del "Massa fiscalista"

De manera que la propuesta de Massa, hecha con el objetivo evidente de hacer creíble su promesa de que se mantendrá la meta fiscal de 2,5% del PBI, se empieza a parecer peligrosamente a ese ajuste que la coalición de Gobierno siempre quiso evitar.

Peor aun, también está guardando parecidos con el ajuste que en su momento había hecho la gestión de Mauricio Macri, cuando se llegó a una ecuación tarifaria -heredada por Alberto Fernández- en la que el Estado pagaba el 20% del costo de la generación contra un 80% que quedaba a cargo del consumidor.

La otra parte irónica de la situación es que el propio Massa en 2018, cuando era diputado opositor, había promovido una ley con un criterio radicalmente opuesto al del nuevo esquema: se ataba la evolución de las tarifas a la de los salarios, medidos según el coeficiente (CVS) que publica el Indec.

El objetivo declarado en aquel momento era el de impedir que se produjera una erosión del poder adquisitivo de la población. Pero ahora se admite que los servicios públicos evolucionarán bien por encima de los salarios y jubilaciones.

Massa, en aquel momento, logró su cometido y la ley fue aprobada, aunque nunca fue puesta en práctica: Macri la vetó con el argumento de que otra vez el país estaría en riesgo de empeorar su infraestructura energética por la falta de ingresos para invertir por parte de las empresas concesionarias. Y en cuanto al costo fiscal, por efecto de un mayor subsidio energético, se encarecería en $140.000 millones de entonces, lo cual equivalía un 5% del presupuesto del año 2018.

Quién diría que, cuatro años después, sería Massa quien antepusiera la preocupación por las cuentas fiscales: los expertos creen que, con este nuevo plan, se podría finalmente cumplir con el compromiso asumido ante el FMI.

¿Se cumple el objetivo de Guzmán?

El incremento propuesto por Guzmán tenía el objetivo, originalmente, de recortar en 0,6% del PBI el costo del subsidio energético para el fisco. Pero claro, en el medio estuvo la inflación, que se disparó al doble de la proyección que tenía el Gobierno.

En consecuencia, la inflación terminó licuando en términos reales el precio de la energía, lo cual llevó a que no solamente no se produjera una caída del subsidio -en términos de PBI- sino que creció. Puesto en números, los expertos del área calculan que actualmente el subsidio cuesta unos u$s16.000 millones, que equivale a más de tres puntos del PBI.

La porción que el Estado argentino les subsidia a los consumidores es de un 33% en el caso del gas y de apenas 22% en la electricidad. Una situación tan extrema que otra vez ha puesto en riesgo el mantenimiento de la red -hubo un recordatorio contundente en enero pasado, cuando ante un pico de temperaturas elevadas volvieron a producirse apagones masivos, como en el final de la gestión de Cristina Kirchner-.

"Se podría llegar a recortar ese 0,6% que pretendía Guzmán, en un lapso de un año contando a partir de ahora. Claro, eso requeriría también que haya una actualización por inflación para que los aumentos no se licúen", afirma Emilio Apud, ex secretario de Energía, quien se alinea con los expertos que creen que los subsidios deben representar la excepción y no la norma.

"Lo justo, aunque sea doloroso, es que el Estado determine con precisión quiénes son los que realmente no pueden pagar la plena, que estimo no son más de un 20% de los usuarios, y que se estipule un esquema de tarifa social por el cual reciban un reintegro, pero no se puede continuar con este esquema en el cual se le regala la energía a la gente en forma indiscriminada", agrega.

En la misma línea, Juan José Aranguren, el controvertido ministro de Energía de la gestión macrista, sostuvo que "mantener esa situación está forzando al despilfarro y golpea al que no consume".

Su recomendación es buscar un ahorro fiscal de no menos de $80.000 millones en el año, y reclamó que las tarifas suban en términos reales, es decir a un ritmo superior al de la inflación, que para este año se estima por encima del 80%.

Opinión pública nerviosa y acciones en alza

Mientras a nivel de la dirigencia política parece estar asumido y digerido el mal trago de avalar un "tarifazo", todavía no está claro qué tan fuerte pueda ser el rechazo a la medida por parte de los usuarios. En este momento, las asociaciones de consumidores están esperando precisiones sobre cómo se aplicará el nuevo esquema, pero ya hay protestas.

Quedan flotando dos interrogantes. El primero es si el Gobierno mantendrá el ajuste tarifario en el caso de que se produzcan manifestaciones de protesta que lo pongan frente a un costo político que comprometa sus chances electorales.

En todo caso, será esa la medida para saber qué tan firme es el compromiso y el margen político de Massa para mantener la austeridad fiscal.

El segundo interrogante es si, como ya le ocurrió a Macri, puede existir la posibilidad de que haya una judicialización de los aumentos tarifarios. "Hay gente en el equipo de Massa atendiendo los aspectos legales y trabajando para que no ocurra una traba judicial, pero es cierto que quedó un antecedente con aquella decisión equivocada de la Corte, que planteó que los aumentos tenían que ser razonables, un término abstracto que podía dar lugar a la reversión del ajuste", analiza el ex secretario Apud.

Mientras tanto, donde sí se recibió con una expectativa positiva el anuncio fue en el mercado de capitales. Al menos, se puede inferir eso por el aumento de acciones bursátiles en el área energética: la ADR de Edenor ganó un 14% en dólares en lo que va de agosto.