Detrás de la convocatoria al diálogo con la oposición, ¿está la propuesta de Cristina para la "economía bimonetaria"?
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El llamamiento a un diálogo con la oposición pasó rápidamente a engrosar la lista de las frustraciones políticas del Gobierno: pagó el costo de mostrar una postura débil sin que haya recibido ni una demostración de voluntad de compartir el peso de la crisis económica.
La respuesta ante el pedido de ayuda pronunciado por el gobernador Axel Kicillof -algo que el ámbito político decodificó como una orden de Cristina Kirchner- fue rápida y previsible: una rotunda negativa.
Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio plantearon que el único diálogo posible debería realizarse en el ámbito del Congreso -donde el Gobierno está en minoría- y, además, aprovechó para chicanear con el argumento obvio: "antes de dialogar con la oposición deben dialogar y ponerse de acuerdo dentro de la propia coalición gubernamental".
La persistencia de la falta de acuerdo interno es algo que fue puesto de manifiesto hasta en los propios medios afines al Gobierno, donde los principales editorialistas empezaron a reclamar que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se mostraran en público dando un apoyo explícito a un programa de reformas económicas.
Desde dentro de la propia coalición se critica la forma y el "timing" de los anuncios. Por ejemplo, la gran expectativa creada en cuanto a la adopción de medidas cambiarias tras la reunión del gabinete económico, para que finalmente la única medida haya sido el esquema para que los turistas extranjeros cambien sus dólares al tipo de cambio MEP.
Mientras se conocía esa medida, el blue seguía su alocada carrera hasta alcanzar los $337, todo un indicador del "gusto a poco" del anuncio ante la magnitud de la crisis. Aun cuando la medida diera un resultado perfecto y todos los turistas le dejaran sus dólares al Banco Central, eso implicaría, como mucho, unos u$s1.500 millones en un semestre, una cifra que luce exigua ante los u$s1.953 que el país pagó por importaciones de gas en apenas un mes.
¿Y el diálogo en la interna del Gobierno?
Pero, sobre todo, lo que marcó la extrañeza por el llamamiento al diálogo es que se produjo escasas horas después de manifestaciones beligerantes por parte del Gobierno para con los opositores.
El propio Presidente, en el intento de mostrar fortaleza ante la turbulencia cambiaria, se había mostrado desafiante con la frase "¿Quieren probar nuestra fuerza? La van a probar".
No sólo dejó flotando en el aire una amenaza latente hacia empresarios acusados de remarcar precios, o de sojeros que retienen su producto en las silobolsas -por monto de u$s14.000 millones, según estimaron los propios exportadores- sino que, además, planteó que el gran riesgo que corre el país es la posibilidad de que llegue al poder la oposición y agrave la crisis.
Al mismo tiempo, la vicepresidente Cristina Kirchner, en su alegato sobre persecución política de la Corte Suprema de Justicia, comparó su situación procesal personal -donde afirmó que su condena ya está decidida y hasta firmada- con la del ex mandatario Mauricio Macri, que fue sobreseído en la causa por espionaje contra familiares de los marinos desaparecidos en la tragedia del submarino ARA San Juan.
El hecho de que gobernantes que en cada discurso recurren al argumento de la "pandemia macrista" para justificar la actual volatilidad financiera pasen, sin solución de continuidad, a requerir el apoyo de la oposición dio la medida de la preocupación que reina en el Gobierno ante la crisis.
Y uno de los síntomas de esa gravedad es el regreso del fantasma del estallido social. Todavía no había bajado la polvareda levantada por el acto piquetero en el que Juan Grabois advirtió sobre una situación social que "no da para más" y mencionó la posibilidad de que corriera sangre en las calles, cuando luego, en una entrevista televisiva, profundizó en su línea: "Prefiero decirlo ahora y no cuando empiecen los saqueos".
A pesar de las críticas que recibió Grabois, no puede decirse que su advertencia haya sido disparatada: un día antes de la marcha, había ocurrido un incidente en un supermercado de Rosario, donde un grupo piquetero liderado por Raúl Castells había ingresado con la exigencia de que se repartieran bolsones de comida. Y empezaron a circular en las redes sociales conatos de incidentes en localidades del conurbano.
"Yo creo que lo de Grabois es una sobreactuación, pero la gente que lo escucha le cree", advirtió el politólogo Marcos Novaro, quien marcó el peligroso cambio cualitativo en la actitud de las organizaciones sociales, que están pasando de ser socios del "intercambio" bajo control del Gobierno a protagonizar "la revuelta", con posibles escenas de violencia.
"El trasfondo político es hasta dónde la gente aguanta y hasta dónde esta coalición no estalla y generan un descontrol ellos mismos", planteó Novaro.
En tanto, su colega Lucas Romero, de la consultora Synopsis, puso la lupa sobre el principal elemento que escasea en este momento: "El problema es que, aun queriendo, la oposición no puede ayudar al Gobierno, porque no puede darle lo que el Gobierno más necesita para gobernar la crisis, que es credibilidad".
Diálogo con un menú de austeridad fiscal
Si con ese marco de descreimiento, igualmente el kirchnerismo planteó la necesidad del diálogo y la ayuda de la oposición, la pregunta que está circulando en el ámbito político es cuál es objetivo de esa convocatoria.
Entre los economistas se escuchó el escepticismo respecto de una corrección drástica del rumbo económico. Fue así que un referente de Juntos por el Cambio, como el ex ministro Hernán Lacunza, recordó que Alberto Fernández ya recibió ayuda en el Congreso para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y evitar un default.
"Allí el Gobierno presentó a los argentinos una hoja de ruta para reducir déficit y emisión. En los cuatro meses siguientes no cumplió nada", planteó. Y desde el mismo espacio oficialista hubo recordatorios sobre que, en aquella votación, el bloque opositor recomendó una senda de disciplina fiscal y monetaria para poder llegar a las metas que planteaba el "stand by".
Y, más explícito, el diputado José Luis Espert dijo que estaría dispuesto a acudir a una convocatoria de diálogo, pero que su recomendación sería el levantamiento del cepo y la convalidación de una devaluación brusca del peso.
Es decir, los convocados al diálogo están insinuando propuestas que, en una situación normal, no serían de recibo para el peronismo en el poder. Sin embargo, ante la contundencia de la crisis, se está hablando con libertad de temas antes vedados: en los debates de la interna oficialista, ya hay voces que reclaman más celeridad en la aplicación de la suba tarifaria, para ayudar a equilibrar la situación fiscal.
El economista Carlos Melconian -que estuvo en el centro de la atención política por su reciente reunión con Cristina Kirchner- dejó una frase sugestiva: "La parte buena de esto es la discusión cultural de que esto está terminado. Hoy es más fácil explicar que el déficit fiscal es insostenible, que deuda en pesos y deuda en dólares es lo mismo, y que la emisión monetaria genera inflación y que no es una cuestión ideológica".
Su pronóstico es que, obligado por las circunstancias, el Gobierno deberá avalar "un ajuste clásico".
Luz verde para medidas "prohibidas"
Dado que en Argentina los ajustes clásicos siempre estuvieron pegados a la fórmula "devaluación y tarifazo", lo que ahora aparece como centro del debate es si el Gobierno está dispuesto a pagar el costo político de una medida de ese tipo o si, por el contrario, intentará sólo ganar oxígeno y posponer los ajustes de fondo.
Por lo pronto, ya hay síntomas de que medidas que antes eran consideradas contrarias a la postura ideológica del Gobierno, como un alivio impositivo para el campo, aparecen en el menú de soluciones.
El Banco Central necesita con urgencia el ingreso de dólares, y la persistencia de un récord importador mientras las silobolsas sigue guardando u$s14.000 millones es algo que los funcionarios no pueden seguir contemplando. En otros momentos, el kirchnerismo habría propuesto una forma compulsiva de liquidación de los granos, pero ante la debilidad política del Gobierno, ahora se discute una propuesta del ministro Julián Domínguez para que se abra una "ventana fiscal" por la cual los sojeros tengan el incentivo de vender.
En otras palabras, sería el equivalente a una rebaja temporaria de retenciones, en el sentido absolutamente opuesto a lo que el Gobierno ha defendido. Más aun, sería una forma indirecta de hacer una devaluación selectiva.
Lo que hizo que esa posibilidad, antes impensada, ahora esté dentro de lo factible, es el ensanchamiento de la brecha cambiaria, que hace que el productor sojero apenas reciba u$s164 por cada tonelada de soja exportada, mientras el precio internacional es de u$s550. Es decir, el Estado ya se queda con 70% del ingreso bruto de la exportación agrícola, y hasta los kirchneristas más duros están aceptando que resulta difícil exigir más.
¿La hora del acuerdo sobre la "economía bimonetaria"?
Pero, a la hora de buscar motivos en el llamamiento al diálogo con una oposición que siempre sostuvo una receta económica radicalmente opuesta a la del peronismo, hay un tema que aparece primero en el ranking: la solución al problema que Cristina Kirchner diagnosticó como "la economía bimonetaria".
Es el tema que más preocupa a la líder kirchnerista, y su insistencia en la necesidad de un acuerdo nacional para encontrar una solución definitiva a este tema está presente en todos sus discursos.
La última vez que planteó este tema fue en el acto de Calafate. Ya se había producido la renuncia de Martín Guzmán y su reemplazo por Silvina Batakis. Y la vice planteó que la solución a la economía bimonetaria interesaba a todos, porque las turbulencias no sólo se producían en los gobiernos que regulan el mercado sino también en los que mantienen la libre flotación cambiaria y el tránsito de capitales, como fue la gestión de Mauricio Macri.
Y lo que Cristina deja siempre flotando es la sensación de que está pensando en alguna forma de neo-convertibilidad. Trascendió que durante su charla con Melconian, el economista le mencionó el ejemplo de países de la región que habían sustituido al dólar mediante la implantación de unidades indexadas, que podían ser vistas por los ciudadanos como una reserva de valor en momentos de alta inflación.
En todo caso, lo que Cristina dejó en claro es que tiene una visión escéptica de que el Gobierno pueda resolver las tensiones cambiarias. Porque reconoció que cuanto mayores sean las restricciones, mayor será la probabilidad de aumento en la brecha con el mercado paralelo.
"Ahí viene la histeria. Si no los dejás sacar los dólares se comportan como adictos, van a tratar de sacarlos de cualquier manera, por las buenas o por las malas. Y estalla el país", advirtió Cristina, en una frase anticipatoria de lo que está ocurriendo en estas horas.