El Gobierno apuesta a que la inflación de junio empiece con un "4": las claves para lograrlo
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El Gobierno está jugado a que baje el índice inflacionario. Apunta a que la inflación de junio empiece con "4", y deje atrás la zaga de índices que en marzo y abril tuvieron un número "6" por delante -6,4% y 6,0% respectivamente- y un "5" en mayo (5,1%).
A pesar de que las principales consultoras que miden semanalmente la evolución de los precios estiman que el IPC de este mes será superior al 5%, desde Economía y el Banco Central tienen expectativas de que la inflación sea más baja.
A esta altura, los funcionarios del gabinete económico consideran esencial que el índice de este mes empiece con un "4": Martín Guzmán y Miguel Pesce están convencidos de que necesitan dar una señal de que la dinámica inflacionaria no se estabilizó por encima del 5%. Sino, más bien, que muestra una tendencia clara a la baja.
¿Hay razones para suponer que eso puede ser así? ¿Cómo puede ser que la inflación de este mes salga por debajo si se aplicó la segunda tanda de aumentos en las tarifas de los servicios públicos a una franja de la sociedad?
Por qué el Gobierno confía en una desaceleración de precios
El ministro y el titular del BCRA creen que sí. Y que hay dos razones para que este mes vuelva a mostrar una baja:
- Desaceleración de la inflación de los alimentos. El Gobierno tiene la información que en las primeras dos semanas del mes, los incrementos en los precios de los productos de la canasta básica se han enfriado. Que son inferiores a los de semanas previas, a partir de que estalló la guerra en Ucrania.
De ser así, esta realidad sería clave para mostrar un incremento más bajo en el costo de la canasta básica alimentaria, clave en la medición de la pobreza y en la indigencia. En las próximas horas, el Indec informará que el costo de la canasta básica total sobrepasará los $100.000. Un monto al que gran parte de las familias argentinas no alcanzan a ganar cada mes.
- La segunda cuestión se vincula con las sucesivas alzas de las tasas de interés que aplicó el Banco Central.
En el gabinete económico suponen que esas alzas en el costo del dinero "no serán inocuas en el corto plazo". Básicamente porque creen que "la gente a la que le queman los pesos en las manos y los gastan por la elevada inflación, van a poner ese ahorro en los bancos", dice convencido un funcionario clave del equipo económico.
El argumento central es que hay algunos sectores -como hoteles, restaurantes y textiles-, que incrementaron los precios de manera desproporcionada ante la mayor demanda de la post pandemia. Pero ahora, con un incentivo a depositar dinero en los plazos fijos, ese consumo se enfriará y los precios se van a acomodar a la nueva realidad.
El lado B de una inflación más baja
Obviamente, si hay más argentinos que prefieren depositar su dinero en los bancos para aprovechar la tasa de interés positiva de los plazos fijos, en lugar de consumir, el efecto es clarito: puede darse una desaceleración inflacionaria, pero a costa del enfriamiento del consumo.
Ese efecto se suma a otro, que ya apareció: la desaceleración en el consumo por la pérdida de poder adquisitivo de una franja de la población cuyos ingresos no le pueden seguir el tren a la inflación.
Desde el Gobierno suponen que esto es cierto pero no algo generalizado. Que los que pierden contra los precios son los trabajadores informales. En una economía cuyo 35% o 40% se mueve en la informalidad, ese dato no puede soslayarse.
"En la Argentina, la suba de las tasas no tiene impacto sobre los créditos porque hay muy poca gente endeudada, y mucha directamente a una tasa de interés fija. El impacto lo vamos a ver en el consumo, por el incentivo al ahorro", admite una fuente oficial, en diálogo con iProfesional.
Dólar, el otro gran dolor de cabeza del Gobierno
La inflación no es el único tema que atormenta a los funcionarios. La semana pasada terminó con fuertes ventas por parte del Banco Central en el mercado cambiario. Una buena parte de esa masiva venta de dólares fue para atender la importación de energía (gas y combustibles líquidos), pero otra parte fue por la mayor demanda de dólares ante el ensanchamiento de la brecha.
Por día, el Banco Central está poniendo un promedio de u$s100 millones para pagar el gas y el combustible. El doble que hace un año.
Desde el BCRA aseguran que el mercado del contado con liqui no mueve la aguja. Que a lo sumo implica un volumen de u$s60 millones diarios. Y que las empresas no dolarizan sus sobrantes de divisas en ese mercado.
El mayor problema radica en que el agrandamiento de la brecha cambiaria opaca las expectativas de los agentes financieros. Y también de las empresas importadoras, que se lanzan al mercado de cambios oficial a conseguir billetes verdes.
Por eso, el flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, pondrá en marcha medidas de emergencia para cuidar los dólares que a diario ingresan al Banco Central pero que, así como entran por una ventanilla, se van inmediatamente por otra, en lo que la vicepresidenta Cristina Kirchner denominó "un festival de importaciones".
"Hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Central", determinó Cristina Kirchner en su última aparición pública en Tecnópolis.
Con la lupa en las importaciones
Scioli cree que el trabajo que lo espera será arduo. No es algo fácil individualizar cuáles son las importaciones que podrían recortarse. Pero la decisión política del Gobierno es que "hay que pisar" algunas de las compras que se hacen en el extranjero.
Un dato, que ya fue adelantado por iProfesional: las importaciones de mayo superaron todos los récords anteriores. Finalizaron por encima de los u$s7.700 millones. Nunca antes la Argentina había importado tanto en su historia.
No hay motivos para fundamentar esa dinámica salvo por la existencia de una brecha cambiaria cercana al 80%, entre el dólar oficial al que ingresan las importaciones y el valor del dólar contado con liqui o el blue, que valen bien arriba de los $200. Scioli se reunirá con empresas de todos los sectores productivos: quiere sacar una especie de radiografía de sus importaciones y sus necesidades de divisas.
En el Gobierno están convencidos de dos cosas: que hay sobrestockeo de mercadería, por un lado, y de sobrefacturación de importaciones, por el otro. Por eso habrá un relevamiento minucioso. Desde el equipo económico aseguran que habrá un tope a las importaciones: no más de u$s6.000 millones por mes. A lo sumo u$s6.200 millones.
Para ayudar a Scioli, el presidente Alberto Fernández acaba de sumar a un experto en la Aduana. Se trata de Guillermo Michel, que ya pasó por esa dependencia en 2015, y que desde entonces trabajó como asesor tributario de Sergio Massa.