Pulseada por las tarifas: por qué el ENRE y Enargas pueden llegar a retrasar subas de luz y gas
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Tras las resoluciones de la Secretaría de Energía que contienen la actualización de los precios mayoristas de la energía eléctrica y el gas natural y los porcentajes de aumentos que deberán afrontar los usuarios finales, las miradas empresarias y políticas quedaron focalizadas en ver cómo jugarán a partir de ahora los funcionarios kirchneristas a cargo del ENRE y el Enargas, que tienen que dar el visto bueno definitivo a los nuevos cuadros tarifarios que regirán para los consumos hogareños a partir de junio.
Más allá del mensaje oficial bajado desde los despachos del ministerio de Economía de Martín Guzmán acerca de que no habrá contratiempos con los ajustes, puertas adentro del Gobierno y en las cercanías del Instituto Patria no descartan que aparezcan sobre la marcha cuestionamientos administrativos y posibles planteos judiciales que compliquen y retrasen la aplicación plena de las nuevas tarifas.
La difusión oficial de los aumentos para los servicios de luz y gas tuvo dos notas salientes: se publicaron en una edición especial sabatina del Boletín Oficial y no incluyeron mención alguna a la tan anunciada y prometida "segmentación" tarifaria que implicaría la eliminación total de los subsidios vigentes para los usuarios residenciales de mayores ingresos y recursos económicos.
El aumento de la luz y el gas ya es oficial: ¿qué harán el ENRE y Enargas?
En el caso del gas, por medio de la resolución 403/22 firmada por el titular de Energía, Darío Martínez, quedó aprobado un aumento del 41,7% en el precio de boca de pozo que para la gran mayoría de los usuarios hogareños representará una suba en las boletas del 18,55 %al 25%. En tanto, aquellos usuarios encuadrados dentro del régimen de "tarifa social" no tendrán ninguna clase de aumento.
Para el servicio eléctrico, la resolución 405/22 estableció un nuevo precio estacional (PEST) que implicará un aumento promedio para la mayor parte de la clientela residencial del orden del 16,53%. Para los beneficiarios de la tarifa social, la suba será del 7,7%; mientras que para las pymes el ajuste ascenderá al 36,6%.
En ambas resoluciones, la Secretaría de Energía fundamentó los porcentajes finales de aumentos con el argumento de que "es política del Gobierno en materia tarifaria de los servicios públicos que estén en línea con la evolución de los ingresos salariales, de tal forma que los costos de la energía no crezcan por encima de ellos y, por el contrario, representen proporciones progresivamente menores".
Las dos normas en juego dejaron en manos de los responsables de los entes reguladores la "inmediata implementación y traslado" de los aumentos a las facturas finales. Esa expresa indicación para que los nuevos esquemas tarifarios entren a correr desde el 1 de junio volvió a poner en la mira a la interventora del ENRE, Soledad Manín y al conductor de la intervención del Enargas, Federico Bernal.
Tanto la camporista Manín, como el ex asesor de Julio De Vido y actual vocal del Patria, Bernal, tienen que redactar y aprobar las nuevas tarifas para las distintas categorías de usuarios y niveles de consumos de cada una de las empresas distribuidoras. El ENRE deberá convalidar los cuadros tarifarios de Edenor y Edesur. En tanto, el Enargas tendrá que sacar las resoluciones específicas con los ajustes que implementarán Metrogas, Naturgy, Litoral Gas, Gasnea, Gas Pampeana, Gas del Sur, Ecogas y Gasnor.
Posibles escenarios
Por el lado de las empresas eléctricas, en principio, no se esperan mayores dificultades, ni obstáculos provenientes del organismo de control debido a que las normas regulatorias permiten el traslado directo de las variaciones de los precios estacionales a las tarifas finales que deben pagar los usuarios.
Donde sí podrían surgir críticas y cuestionamientos a Guzmán y los funcionarios que autorizaron el aumento del precio estacional de la generación es en la mayoría de las provincias que ya aplicaron en lo que va del año ajustes de hasta el 35% en las tarifas eléctricas de las distribuidoras y cooperativas locales. Como la suba en el valor mayorista rige a nivel nacional, ahora los gobiernos provinciales tendrán que autorizar otro aumento a los usuarios del 16% al 36% para que las operadoras del servicio puedan darse vuelta y pagarle a la Cammesa los nuevos precios de la energía eléctrica.
En tanto, por el lado del gas no sería extraño que se genere un cortocircuito con el procedimiento de aprobación de las nuevas tarifas.
Previendo un posible conflicto con el ente regulador, Guzmán y Martínez decidieron abrir el paraguas y dejaron expresamente establecido en la resolución 403/22 que "corresponde al Enargas que, en el marco de sus competencias, dicte los actos instrumentales necesarios y elabore y ponga en vigencia inmediata los nuevos cuadros tarifarios de aplicación a los consumos de gas que se produzcan a partir del 1° de junio de 2022".
Antes de que se realizaran en los primeros días de mayo las audiencias públicas impulsadas por la cartera de Economía para tratar la reducción de subsidios acordada con el FMI, desde el Enargas habían advertido en off que cualquier variación en el valor del gas por quita de subsidios o para trasladar los mayores costos de los precios internacionales no puede descargarse en forma directa a las tarifas residenciales.
Según el razonamiento de los letrados del ente, el traslado de un ajuste en el precio del gas (pass through) tiene que ser autorizado una vez que se haya realizado una audiencia pública específica para tratar los alcances de los aumentos en juego y receptar las opiniones de los usuarios.
El Enargas no quiere trasladar directamente el aumento a los usuarios residenciales
Esa posición del ente ya había sido expuesta por Bernal en marzo de 2021 y a principios de este año. En marzo del año pasado, cuando se puso en marcha el mecanismo para el primer aumento tarifario de gas de la administración Fernández, Bernal llamó a audiencia pública para tratar una recomposición transitoria para las distribuidoras y transportadoras. En ese momento le advirtió publicamente a Guzmán que, si se ajustaban los subsidios y la porción del gas natural que debía pagar la clientela residencial, iba a tener que realizar otra audiencia para autorizar esas modificaciones.
La misma situación se repitió en enero de este año ante el anuncio de Economía de que iba a aplicar una corrección en el valor del gas que pagaban las casas particulares con el fin de empezar a achicar subsidios. En esa ocasión, el interventor volvió a insistir en que no podía evitarse el llamado a una audiencia pública específica antes de que el ente proceda a aprobar los nuevos cuadros tarifarios.
Ahora el gran interrogante pasa por saber si la conducción del Enargas se mantendrá coherente y llamará a una nueva audiencia o se olvidará de lo dicho y aceptará las órdenes impartidas por Guzmán y Martínez.