El gran objetivo de Guzmán con la "renta inesperada": empujar a empresarios a invertir más
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/04/534680.jpg)
El ruido político generado por el nuevo "impuesto a la renta inesperada" llevó a que todo el mercado se hiciera las preguntas incorrectas, a saber: si podrá pasar los filtros del Congreso y la justicia, quién va a pagarlo, y cuánto se podrá recaudar. Pero en medio del debate quedó perdida la parte más importante del anuncio de Martín Guzmán: el impuesto prevé exenciones para quienes aumenten la inversión y generen más empleo.
Esa es, para el ministro de economía, la verdadera clave de su comentado anuncio, porque apunta a resolver un problema que lo aqueja: el nivel de inversiones de la economía argentina no es suficiente como para sostener el ritmo de crecimiento que se prevé en los números oficiales.
Y, de esta forma, Guzmán resuelve dos problemas en un solo anuncio: les envía un mensaje a los empresarios, que empezará a ser decodificado cuando llegue el momento del "diálogo" prometido por el ministro. Allí quedará en claro que el alcance del nuevo impuesto será acotado -y acaso diluido por completo- en caso de que las empresas muestren que tienen proyectos para reinvertir las mayores ganancias logradas por los aumentos de precios en el mercado internacional.
Pero, además, Guzmán logrará aliviar la tensión política interna de la coalición gobernante, donde se venía reclamando abiertamente la aplicación de un esquema de retenciones móviles, entre otras medidas de tipo intervencionista.
El mercado no comparte el optimismo de Guzmán
Una de las promesas difíciles de cumplir para Guzmán es la de un crecimiento del PBI del orden del 4,5%. Tras haber alcanzado un 10% el año pasado -superando las expectativas de todo el mercado-, el ministro dijo que el sendero de crecimiento estaba lejos de ser el clásico "rebote del gato muerto" tras el desplome del 2020 y que se trataba de un proceso sustentado en mayor producción y consumo.
Sin embargo, su entusiasmo no es compartido por el resto del mercado. Sus colegas economistas revisan todos los meses al alza la proyección de inflación, al tiempo que ponen en seria duda que el crecimiento del PBI pueda ser el previsto oficialmente.
De hecho, en la última encuesta Focus Economics -de la cual participan 56 bancos y consultoras- se prevé que el crecimiento será de 2,6%, un nivel incluso inferior al que prevé el Fondo Monetario Internacional. Algunos de los participantes más escépticos creen que la actividad apenas mostrará una mejora en torno del 1%.
Y estas previsiones modestas van de la mano de la tasa de inversión. Después de un crecimiento de 32% constatado el año pasado -una cifra inusualmente alta, que se explica por el rebote post pandemia-, este año apenas se prevé un aumento de 12,9%. Para tener una referencia, se trata de una tasa inferior aun al de los últimos dos años recesivos de la gestión macrista: en el 2018 la inversión había crecido un 5,7% y en 2019 un 5,7%.
Es cierto que la capacidad ociosa que tiene hoy la industria -un 35%- luce como una tasa menor cuando se compara con el pavoroso 58% de la estructura inutilizada que se registraba en el peor momento de la cuarentena.
Sin embargo, la inversión, medida como porcentaje del PBI, se ubica en torno del 17%, un número lejano a los máximos de 24% que se habían registrado durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando la economía crecía a "tasas chinas".
Cuando el kirchnerismo puso el foco en los balances de empresas
La presión política que el kirchnerismo viene haciendo sobre Guzmán se intensificó cuando se conocieron balances de grandes empresas del sector alimentario. El argumento era que esas empresas estaban teniendo ingresos muy superiores a la inflación y que, además, su situación era tan próspera que se daban el lujo de repartir dividendos entre los accionistas.
Un caso emblemático es el de Arcor, la gigante elaboradora de alimentos, cuyo último balance -correspondiente al año pasado- arrojó una ganancia de $19.918 millones, que implica un 142% más que el resultado del ejercicio anterior. Y, además, anunció un reparto de $7.000 millones como dividendos.
Balances como el de Arcor despertaron los reflejos intervencionistas. Y particularmente desde el kirchnerismo se puso la lupa sobre esos balances para argumentar la necesidad de "captar rentas extraordinarias".
Lo irónico es que, en realidad, el rubro de alimentos estuvo entre los que menos aportaron a la ganancia del grupo industrial con sede en Arroyito. De hecho, la empresa tuvo un empeoramiento en su resultado operativo, y lo que explica que haya tenido mayores ganancias es un efecto financiero provocado por la inflación. Como los precios subieron por encima del dólar, eso generó una reducción en el costo de su deuda.
En otras palabras, Arcor ganó gracias a la política de retraso cambiario y no por una suba acelerada de la demanda del mercado interno.
Por otra parte, en el debate sobre la "puja distributiva", los propios funcionarios han tratado de poner paños fríos, al advertir sobre el efecto negativo de desincentivar la inversión. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, fue explícito al señalar en una entrevista radial que, "así como en los años recesivos la renta empresaria cae más rápido que el salario, en los períodos posteriores a las crisis, las ganancias de recuperan más rápido que los salarios".
Sin embargo, ninguno de esos argumentos es suficiente ante la demanda del "hagan algo" que se escucha desde el kirchnerismo. Y el tono de los reclamos guarda cierto parecido histórico con la actitud que había tomado Cristina Kirchner hace una década, cuando había conseguido un aumento de la inversión mediante métodos compulsivos.
Con Axel Kicillof como ideólogo -ocupaba una silla en el directorio de Techint y vetaba los proyectos de inversión fuera del país- se forzaba a las empresas a reinvertir las ganancias, mediante el método de prohibir el reparto de dividendo y las remesas al exterior. Se llegó a la situación de negar dólares para que las filiales argentinas saldaran créditos con sus casas matrices.
Inversión bajo amenaza
Lo cierto es que están apareciendo indicios preocupantes para los pronósticos oficiales. La industria, según la medición que hace la Fundación FIEL, está acotando su crecimiento a 3% interanual, con la peculiaridad de una gran diferencia por sectores. Así, mientras algunos crecen a buen ritmo, como la industria química y el sector automotor, otros sectores, como el de alimentos, registran una caída de 1%.
Pero lo peor es la tendencia: a los ya consignados obstáculos de dificultades para acceder a las divisas, el riesgo del suministro energético, el clima de conflictividad, el encarecimiento del crédito y el insuficiente nivel de consumo, FIEL añade que la agudización de la inflación se sumará como otro obstáculo para el crecimiento.
También hay síntomas preocupantes en la balanza comercial. Puede sonar raro, dado que las cifras del comercio internacional están en niveles récord. Pero la mala noticia es que la importación no crece tanto por la compra de insumos para la producción sino, sobre todo, por la necesidad de comprar combustibles, cada vez más caros por la guerra en Ucrania. Ese rubro, verdadera piedra en el zapato de la economía, crece a una asustadora tasa de 195% interanual, cinco veces más rápido que la compra de bienes de capital.
Esto lleva a que los economistas pongan en duda que haya un saldo de dólares que permita reforzar las reservas del Banco Central y, al mismo tiempo, proveer las divisas necesarias para sostener el crecimiento de la industria local.
Con esos datos sobre la mesa, hay economistas que, en contra del optimismo oficial, ven el riesgo de una contracción en la actividad. Por caso, Econviews estima para el primer trimestre una caída de 0,6%.
Lo irónico de la situación es que esa baja en la inversión ocurre a pesar de que el sector privado mantiene una tasa de ahorro del 22,8% del PBI, según una estimación de la Fundación Mediterránea. Lo que mantiene a la inversión tan debajo de su potencial es, según Jorge Vasconcelos, "la succión por parte del sector público, estimada en 3,8% del PBI".
Impuesto y una oferta imposible de rechazar
La interrogante ahora es si el ministro Guzmán logrará revertir esa baja disposición a la inversión que vienen mostrando los empresarios, utilizando como aliciente la posibilidad de aplicar un nuevo impuesto.
En principio, parece difícil, dado que las agremiaciones empresarias suelen argumentar que para aumentar su nivel de inversiones, la condición previa debe ser el alivio impositivo. El reclamo es un clásico de cada congreso de la Unión Industrial y de cada Coloquio de IDEA. Y se está viendo nuevamente en estos días.
Al conocerse la iniciativa de Guzmán, la primera advertencia de gremiales rurales como la Cámara Aceitera (Ciara) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) fue que el nuevo impuesto, aunque formalmente estuviera dirigido a las grandes industrias y a las exportadoras cerealeras, en realidad terminaría funcionando como una "retención encubierta" que terminarán pagando los pequeños productores.
Por su parte, la Asociación Empresaria Argentina -que reúne a muchos de los candidatos a pagar el nuevo impuesto- emitió un comunicado en el destaca que hay una proliferación de impuestos que lleva la presión fiscal a 30,7% del PBI, diez puntos por encima del nivel que regía en los años ’90.
El comunicado termina una frase sugestiva: "Con menos impuestos generaremos más inversiones y empleo".
Y Guzmán está dispuesto a tomarles la palabra. Claro, no les va a dar exactamente lo que ellos le piden -su compromiso con el recorte fiscal le impide bajar impuestos-. Pero, a modo de compensación, está planteando una oferta que los empresarios no podrán rechazar: la promesa de que, si aumentan sus niveles de inversión, no habrá un castigo tributario adicional.