¿Bono salarial por decreto?: el Gobierno analiza qué plan implementar para contener la inflación y subir sueldos

Lo planificó, lo intentó y falló: con la publicación de indicadores positivos en la industria, con la caída del desempleo y con la mejora de 3,3 puntos porcentuales en la población bajo la línea de pobreza, el Gobierno había preparado el terreno para que se generase una expectativa positiva en cuanto la economía de los próximos meses. Pero la inflación está sin control y los salarios continúan perdiendo poder adquisitivo. 

El objetivo central era traer calma a entorno nervioso por la alta inflación, y así evitar que las negociaciones salariales se salieran de cauce -es decir, de la referencia de 45% que dio el ministro de Trabajo, Claudio Moroni-, porque se teme que esa situación alimente la inercia inflacionaria.

Pero la realidad terminó imponiéndose: a pesar del pronóstico oficial sobre que la pobreza seguirá cayendo a razón de un millón de personas por año, se están oyendo cada vez con mayor intensidad las críticas y las voces pesimistas. Y, lo que más preocupa al entorno de Alberto Fernández, es dentro de la propia coalición gubernamental donde se escuchan los reclamos de medidas urgentes.

Como, por ejemplo, el del pago de un bono extraordinario para todos los asalariados, una medida que se reclama desde los medios afines al kirchnerismo, como respuesta para la erosión que trajo la inflación a los ingresos de los trabajadores

Moroni, blanco de las críticas internas

El ministro Moroni negó enfáticamente que estuvieran dadas las condiciones como para decretar el pago de un bono generalizado a los asalariados. Dijo que ese tipo de medida sólo estaría justificado si el salario hubiese perdido contra la inflación o si no funcionara correctamente el mecanismo de las paritarias.

"Los primeros aumentos que se aplican en los primeros meses han rondado el 18 o el 21%. Sumado al 4% que los salarios superaron a la inflación en el año pasado, hoy no estamos viendo que se haya afectado el ingreso real de los asalariados públicos y privados", dijo Moroni en una entrevista con Roberto Navarro, y que levantó polvareda dentro del kirchnerismo.

Y destacó que el 90% de los asalariados registrados están protegidos por los convenios, un dato que se presta a la polémica en tiempos de prácticas de informalidad dentro de las propias empresas, en especial las pymes.

Pero el argumento de Moroni no resultó convincente en esa facción del Frente de Todos, donde desde hace tiempo hay cuestionamientos al ministro -al punto de que hubo varias operaciones políticas destinadas a sustituirlo por alguien más afín a Cristina Kirchner-.

Claudio Moroni, ministro de Trabajo, blanco de las críticas del kirchnerismo tras su negativa a que haya un bono salarial por decreto

A nivel de los medios oficialistas, se lo critica por falta de sensibilidad política en un momento de disparada inflacionaria. Y a nivel político, también se entrevió una fisura dentro del propio gabinete ministerial.

Un indicio de ello es que el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, un referente del kirchnerismo, hizo saber públicamente su discrepancia. "Así como el FMI generó una discusión dentro del Frente de Todos, esta es otra de las discusiones que se vienen dando donde no hay coincidencias", blanqueó el ministro.

Y se mostró favorable a que desde el Gobierno se establezcan "políticas activas en función del salario", así como "políticas más contundentes de la cadena de valor".

Esta discusión interna no solamente deja en evidencia las diferencias de visiones entre los socios de la coalición sino también cómo la crisis económica ha alterado la visión oficial sobre la inflación y los salarios. El propio Moroni había sido el ideólogo de una suba salarial generalizada, que salió por decreto en enero de 2020 cuando Alberto Fernández no había cumplido un mes de gestión: los $4.000 de aquel entonces suponían, para los segmentos de ingreso más bajo, una mejora de 10%.

Luego vino la pandemia, que al mismo tiempo que introdujo la asistencia del IFE para nueve millones de personas que habían perdido sus ingresos por la cuarentena, congeló de hecho paritarias en varios sectores. Fue por eso que Moroni ideó otro bono, esta vez limitado a los trabajadores estatales, que se pagó a fin de 2020 por $20.000.

Hay otro antecedente previo a la actual administración Fernández, cuando en septiembre de 2019 Mauricio Macri, en una política inusual en su gestión decretó -a instancias de su compañero de fórmula, Miguel Pichetto- una suba de $5.000 para los trabajadores del sector privado, como forma de compensar la inflación.

s

El Gobierno cuida el "ancla salarial"

Pero los tiempos han cambiado, y ahora el Gobierno tiene que atender pedidos en varios frentes, empezando por el del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo no inhibe al Gobierno de decretar subas salariales, pero sí le impone políticas anti-inflacionarias, como los recortes fiscales y monetarios, que resultarían difíciles de alcanzar si la economía ingresa en una carrera nominal de precios y salarios.

Es bajo esa premisa que el ministro de Economía, Martín Guzmán, marcó la cifra del 45% como referente para los aumentos salariales: de esa forma, aunque no se lo presente oficialmente de esa forma, el salario funcionará como ancla de los precios.

Y, de hecho, se aplicó ese criterio al anunciarse los ajustes para el salario mínimo nacional y los planes de asistencia social. Fue así que se anunció una mejora escalonada que llevará el salario mínimo a $38.940 en abril y a $47.850 en diciembre.

Moroni advirtió que, en caso de que la inflación se desbordase, ese número podría ser mejorado. Pero la realidad es que el incremento, que fue presentado por el Gobierno como una muestra de su celo por mantener el ingreso, fue rechazado unánimemente por las organizaciones sociales y también desde el kirchnerismo.

El motivo es claro, y se vio en los datos de pobreza: pese a que hay menos desempleo que hace dos años, hay más pobres. Implica que hay una categoría de asalariados que no logran comprar la canasta mínima de subsistencia.

Las estadísticas dejaron en evidencia el surgimiento de una categoría de "asalariados pobres", consecuencia de la erosión inlacionaria

Puesto en números, un hogar que cobre dos salarios mínimos hoy está un 9% debajo de la línea de $83.807. Y la perspectiva no es halagüeña: tomando un cálculo conservador en el que la canasta básica se encarece al mismo ritmo que el promedio inflacionario, entonces la línea se ubicará para diciembre próximo en unos $117.000, mientras el salario mínimo se ubicará en $47.850.

Esto implicará que en un hogar donde se perciban dos salarios mínimos, el ingreso estará 18% de la línea de pobreza, si el Gobierno no hace una revisión que trate de compensar la erosión inflacionaria.

En definitiva, la publicación de los datos de pobreza, lejos de ser leídos como una comprobación de avance de la economía, provocaron reacciones de preocupación.

Sube el volumen de los reclamos

El reclamo por un bono salarial se intensificó a partir del anuncio de que habría un bono compensatorio para los jubilados de la franja más baja de ingresos -una situación, por cierto, que marcó la tónica de todo el año pasado, en una aceptación tácita de que la nueva fórmula indexatoria no protegía a las jubilaciones contra la inflación-. En consecuencia, las asociaciones de defensa de los jubilados están reclamando que la mejora sea más abarcativa, tanto en monto a pagar como en cantidad de beneficiados.

Por otra parte, el ambiente sigue caldeado por la protesta masiva de las organizaciones sociales, que hicieron un masivo acampe en la avenida 9 de Julio, como queja por la falta de respuesta del ministerio de Desarrollo Social a su pedido de asistencia.

Lejos de calmar los ánimos, el anuncio del bono jubilatorio los exacerbó, porque pone en duda el relato oficial sobre que el 2021 fue un año de recuperación de ingresos, tanto de los trabajadores como de los jubilados.

La realidad es que, si bien hubo una mejora en el cálculo "punta a punta", se registró una pérdida cuando se cuenta el ingreso promedio, que es lo que da la medida real de si se pudo sostener el poder de compra.

Así, las consultoras económicas estimaron que el salario tuvo en promedio una caída de 2,7% el año pasado, mientras las jubilaciones perdieron un 9%. Y la cosa empeora cuando se toma en cuenta la situación de los trabajadores informales y subocupados: según el Coeficiente de Variación Salarial que mide el Indec, apenas percibieron una suba nominal de 40% contra una inflación del 51%.

El corte en la avenida 9 de Julio por parte de los piqueteros, un elocuente contraste con el discurso optimista del Gobierno sobre la mejora en la situación social

Pero peor de todo es que estas cifras corresponden a un año positivo que ya quedó atrás, en el que la economía creció al 10% y se recuperó empleo mientras las tarifas continuaban congeladas. Este año, con una perspectiva de inflación por encima del 60% y un aumento de tarifas de 22%, las organizaciones sociales cuestionan fuertemente el pronóstico gubernamental de que habrá una mejora en los ingresos y que, para fin de año, la pobreza caerá a un 35%.

Más bien al contrario, el reclamo que se le hace al ministro Zabaleta es la "creación de puestos de trabajo genuinos" -siguiendo la nueva postura piquetera esbozada el año pasado en el Día de San Cayetano-. Pero, además, se pide que un refuerzo del plan Potenciar Trabajo -que hoy llega a 1,2 millón de personas-, cuyo monto se establece en medio salario mínimo.

Fisuras en la contención sindical

Como excepción en ese clima de malestar contra el Gobierno, solamente la cúpula de la CGT se mantiene alineada y trata de no incrementar la conflictividad. Se entiende que sea así: la mayoría de los gremios grandes están logrando acuerdos salariales relativamente buenos, con cifras por encima de 50% y cláusulas de revisión.

De todas maneras, las empresas se han negado a pagar cuotas iniciales altas, como fue el caso de la paritaria de comercio -la más numerosa del país, con más de un millón de empleados bajo convenio-, donde el sindicato pedía un primer incremento de 20%, al que las patronales respondieron que era imposible superar un 10%.

Hasta ahora, la cúpula sindical ha mostrado cierta capacidad de contención política sobre sus bases. Ya se había visto con el acuerdo del salario docente -45% en cuatro tramos- que permitió comenzar las clases en fecha, en un gremio que históricamente ha sido conflictivo.

Pero empiezan a surgir señales de que esa contención está llegando a su límite, y surgen amenazas de conflictos sectoriales, en la medida en que la inflación desborda el esquema previsto por el Gobierno.

La inflación de alimentos se ubicará en un 19% en el primer trimestre del año, lo que lleva a que desde la interna del peronismo se reclame un bono por decreto

En los primeros tres meses, de acuerdo con las proyecciones que hacen los economistas, se acumuló una inflación de más de 14%, con el agravante de que el rubro alimentos ya avanzó un 19%.

Y el Gobierno transita entre la resignación, el enojo y los mensajes esperanzadores: el secretario de Comercio, Roberto Feletti, que había iniciado la "guerra contra la inflación" con una postura agresiva hacia los empresarios, sorprendió al declarar "milagros uno no hace", ante una pregunta sobre la inflación que se dará a conocer en dos semanas.

Al mismo tiempo, el ministro de Desarrollo, Matías Kulfas, que presentó el optimista plan Argentina Productiva 2030 ante un auditorio de empresarios y dirigentes sindicales, dijo que marzo sería el momento de inflación más alta del año pero que, a partir de ahí, la situación empezaría a mejorar. Su argumento es que, luego de las medidas acordadas para retrotraer precios de alimentos, sumada a una distensión en el plano internacional, la inflación empezaría a ceder.

¿Cristina sigue pensando como hace 10 años?

Como siempre, un factor determinante para saber si el Gobierno podrá resistir el embate de quienes piden aumentos por decreto será la opinión de Cristina Kirchner.

A juzgar por sus últimas posturas y su crítica tácita al ministro Guzmán, todo indica que comparte la toma de medidas de emergencia. Sin embargo, Cristina también tiene antecedentes de haber puesto paños fríos a los reclamos salariales cuando ocupó la presidencia.

Fue particularmente elocuente durante las paritarias de 2012, cuando demostró su conciencia respecto de cómo las subas salariales que superan la capacidad de pago de las empresas pueden ser un combustible para la inflación y un factor que agrave el desempleo.

"Pido a los dirigentes sindicales que tengan responsabilidad, porque cuando se arman los barullos en los cuales todos gritan para ver quién puede lograr más, y después de pudre todo, los dirigentes se van a sus casas, que nunca son pobres, y los trabajadores son los que se quedan sin empleo", decía la entonces presidente hace una década, desde la Casa Rosada.