El Gobierno dará un bono de $6.000 para jubilados: ¿llegará también a los empleados activos?
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El Gobierno confirmó que habrá un bono para jubilados y el presidente Alberto Fernández será el encargado de anunciar los detalles de la iniciativa antes del fin de semana. Así lo informó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada. Luego, fuentes oficiales dejaron trascender que el monto del bono será de $6.000 y se pagará en abril.
Además, el Ejecutivo deja abierta la posibilidad de que en los próximos meses se repita este pago, pero no está confirmado y todo dependará de la evolución de la inflación.
Al ser consultada sobre el tema, la vocera presidencial respondió: "Sí va a haber un bono para jubilados. Lo están trabajando la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, con el ministro de Economía, Martín Guzmán".
"Va a ser anunciado en las próximas horas por las personas que están a cargo del tema y el Presidente de la Nación (Alberto Fernández)", añadió.
Bonos para jubilados: se espera el anuncio oficial
La portavoz presidencial explicó que "los detalles respecto al bono se están trabajando en este momento", por lo que aclaró: "No me corresponde a mí decirlos, sino a quienes van a tener a su cargo la implementación".
"Esto va a suceder en las próximas 48 horas, no más", insistió, respecto al anuncio oficial de la suma que recibirán los jubilados.
Asimismo, Cerruti indicó que el bono pretende que "no se retrase la jubilación con respecto a la inflación", y sostuvo: "Hay que tomar medidas también y el Gobierno analiza todas las posibilidades, para que el sueldo de los trabajadores alcance no sólo para cubrir la canasta básica sino para tener una vida digna".
"En la puja distributiva, los empresarios tienen que ganar, pero los trabajadores tienen que poder cubrir su canasta, vivir bien y ahorrar. Es el objetivo y se van a tomar medidas para que se fortalezca. El bono de los jubilados va en ese sentido", afirmó.
El último bono otorgado por el gobierno de Alberto Fernández data del pasado diciembre, y fue por un monto de 8.000 pesos a jubilados y pensionados que tuvieran haberes por debajo de los $37.062.
A pesar de lo acordado con el FMI, el Gobierno otorgará una nueva asistencia para que uno de los sectores más vulnerados pueda hacer frente a la escalada inflacionaria. En torno a los puntos acordados con la entidad de crédito, se espera que la Argentina debe "evitar evitar las subas discrecionales de las jubilaciones y pensiones ya que pueden socavar las metas fiscales y la sostenibilidad del sistema".
¿Habrá también un bono obligatorio para empresas?
¿Hay posibilidad de que el Gobierno emita un decreto obligando a las empresas a imitar la política hacia los jubilados?
Por ahora no está en los planes, dejan trascender desde el ministerio de Trabajo. La apuesta de Claudio Moroni es que las paritarias, que recién ahora empezaron a negociarse, tomen en cuenta la aceleración de los precios.
De hecho lo están haciendo, si se toma en cuenta lo sucedido con las negociaciones que ya empezaron a cerrar incluso por encima del 45% de mejora para este año.
En este contexto, el kirchnerismo -como socio mayoritario de la coalición gobernante- presiona a Alberto Fernández para que ponga en marcha medidas más agresivas que sirvan para compensar la inflación.
Salario básico universal
Uno de los planteos es la puesta en marcha de un "salario básico universal". Se trata de una iniciativa que estuvo en la agenda durante el peor momento de la pandemia, pero que finalmente no se puso en práctica.
Es lo más parecido a lo que fue un IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), aunque en ese caso cubrió $10.000 por beneficiario y el salario básico universal debería alcanzar para comprar una canasta básica alimentaria. Por cada adulto, la canasta básica alimentaria equivale a $12.108.
Si bien no hay un proyecto oficial que por ahora lo impulse, la idea del ala kirchnerista de la coalición gobernante es que este salario universal lo puedan cobrar aquellas personas desempleadas o que son monotributistas de la categoría A (más baja). También las trabajadoras de casas particulares que están registradas. Y además sería compatible con la AUH.
Obviamente que el Gobierno tiene serias limitaciones fiscales para acceder a una medida de ese calibre. El FMI le impone un sendero muy estricto al Palacio de Hacienda por donde circula la meta de las cuentas públicas.
En todo caso, admiten en el equipo económico, podría haber alguna flexibilidad puntualmente por el salto en el costo de la energía a nivel internacional.