Recuperar los "dólares fugados": ¿punto de encuentro entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández?

Cristina Kirchner lo hizo de nuevo: con su proyecto de ley para "recuperar los dólares fugados" generó un hecho político de alto impacto que cambió la agenda nacional, y a partir del cual el peronismo dejó de lado sus diferencias para alinearse en apoyo a su propuesta, mientras la oposición hizo lo propio y se paró en la vereda de enfrente para criticarla.

Es así que súbitamente la iniciativa de Cristina desplazó a los temas que ocupaban la centralidad del debate público, como una temida crisis energética -con cortes de gas incluidos-, los reveses oficiales en su "guerra contra la inflación" y, sobre todo, la posibilidad de una ruptura definitiva en la interna de la coalición gobernante.

Con su propuesta, y en apenas un tuit, Cristina cambió el eje del debate y lo retrotrajo a los términos que ella había establecido en el acto de Plaza de Mayo del 10 de diciembre, cuando le reclamó al Fondo Monetario Internacional que -como contrapartida por el esfuerzo que estaba realizando Argentina- ayudara al país al señalar quiénes eran los "fugadores" que se habían llevado el grueso del préstamo de u$s44.000 millones y dónde estaban los paraísos fiscales que habían servido como refugio.

El efecto político fue inmediato: su proyecto de ley no solamente fue el nuevo tema del que se ocupó toda la clase política, sino que además le dio pie a Alberto Fernández para encontrar un terreno de coincidencia oficialista y, sobre todo, se le dio a la base militante -alicaída por la firma del acuerdo con el FMI- una nueva causa épica por la que militar.

Proyecto de ley para "recuperar los dólares fugados": ¿nuevo fracaso del Gobierno?

Pero el éxito político de la jugada de Cristina va en paralelo con los pronósticos de fracaso de su proyecto de ley. Los expertos tributaristas no dudaron en calificar al proyecto como "absurdo", "inviable" y "engendro" dijeron que, en el fondo, es un blanqueo de capitales camuflado -algo que contradice  expresamente compromisos firmados con el FMI- y se mostraron escépticos respecto de que se pueda llegar a aplicar.

Y no es un detalle menor el hecho de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, nunca haya mostrado entusiasmo por el proyecto, a pesar de que desde fin de año había visto un esbozo de este proyecto de ley, impulsado por Cristina al mismo tiempo que se realizaba la negociación para reprogramar la deuda con el organismo.

Desde la oposición política, no dudaron en calificarlo como "puro relato" y hasta lo tomaron para la chicana, al recordar las acusaciones contra ex funcionarios kirchneristas y empresarios ligados al Gobierno de Cristina, por lavado de dinero y compra de activos en el exterior.

No faltaron, por otra parte, los cuestionamientos legales por parte de tributaristas reconocidos, como César Litvin, Marcos Sequeira o Iván Sasovsky. Entre otros puntos, señalan como preocupante el hecho de que la AFIP pretenda cobrar las multas en dólares y no en pesos, que se incluya la figura del "delator premiado", que se ponga en plano de igualdad a las divisas originadas en actividades legales, que los montos de castigo se puedan considerar confiscatorios.

Y que, además, se elimine el efecto de Tribunal Fiscal de la Nación para litigar en este tema.

Pero, sobre todo, hay serias dudas respecto de que se concrete lo que la vicepresidente espera en el plano internacional: un apoyo concreto de Estados Unidos, ya sea mediante el señalamiento de evasores argentinos con cuentas en ese país o a través de su influencia sobre el FMI para encontrar los dólares "fugados".

La desdolarización, una obsesión de Cristina

Esta dualidad de éxito político-mediático versus pronósticos de fracaso es lo que ha llevado a que los analistas empiecen a preguntarse cuál es el propósito verdadero de Cristina Kirchner: ¿cree realmente que sea factible, como dicen algunos de sus seguidores, el ingreso a la AFIP de u$s70.000 millones? ¿O solamente está buscando un efecto político que ayude a superar las diferencias internas?

Los antecedentes de la vice llevan a pensar que hay un poco de ambos temas. Una de sus obsesiones siempre ha sido la naturaleza bimonetaria de la economía argentina, algo de lo que ha hablado repetidas veces, desde mucho antes de que empezara la negociación con el FMI.

De hecho, durante su presidencia, Cristina intentó, sin éxito, pelear contra la cultura de la dolarización, al punto tal que tuvo que obligar a sus propios ministros, que tenían ahorros en dólares, a pesificarlos -al tipo de cambio oficial- y colocarlos a plazo fijo. Pero el gesto no tuvo efecto en la población, que se siguió dolarizando.

En la gestión de Cristina se intentó obtener divisas mediante la instauración del ya olvidado Cedin, un cheque con el que se esperaba desdolarizar la operatoria inmobiliaria, y que también resultó en un rotundo fracaso.

Y, en cuanto a la recuperación de fondos evadidos, utilizando la herramienta del blanqueo impositivo, hubo dos iniciativas de resultado modesto: en 2009 logró ingresar u$s4.700 millones y en 2015 –después de dos años de prórrogas- captó u$s2.600 millones de los u$s4.000 millones que se había fijado como meta.

Son números que se hacen más pequeños aun cuando se los contrasta con el blanqueo realizado por Alfonso Prat Gay al inicio de la gestión macrista: en un marco favorable, por la firma de acuerdos de información con países que operaban como "paraísos fiscales", se legitimaron –es decir, pasaron a formar parte de la base imponible- unos u$s100.000 millones. El efecto fiscal de esa medida se sintió de inmediato, al punto que permitió reducir el déficit en tres puntos del PBI.

La mala experiencia que había tenido con sus propios blanqueos -a lo que se sumaba las críticas que ella había hecho al blanqueo macrista- hicieron que decayera el entusiasmo de Cristina con este tipo de amnistías para los evasores. Fue algo que se evidenció cuando, en plena pandemia, los empresarios inmobiliarios propusieron un blanqueo para reactivar la construcción, una iniciativa que terminó fracasando.

En contraste con esos intentos fallidos, sí tuvo éxito la iniciativa de Máximo Kirchner para instaurar el aporte de las Grandes Fortunas, que pese a las críticas y amenazas de judicialización terminó recaudando una cifra equivalente a medio punto del PBI.

¿Comprar dólares es delito?

Pero la repetición de aquel impuesto a las Grandes Fortunas tenía dificultades legales, ya que se planteó como un hecho excepcional por la pandemia. Y, además, Cristina no sólo quería reforzar las arcas fiscales, sino ayudar a las reservas del Banco Central.

Esto es lo que la llevó a pensar una iniciativa en la que el fisco pudiera hacerse de dólares, algo inédito. Hasta ahora, cada vez que alguien reconocía ante la AFIP una cuenta bancaria o departamento no declarado en el exterior, la consecuencia era que esa propiedad pasaba a formar parte del patrimonio declarado y, en consecuencia, pagaba el monto correspondiente por Bienes Personales. Pero nunca se lo obligaba a traer dólares.

Cristina, en cambio, plantea directamente que Argentina tiene que recuperar dólares y que el FMI tiene una especie de obligación moral de ayudarla en esa tarea, por las irregularidades cometidas en el stand by otorgado a Macri -sobre todo, el permiso a que el BCRA pudiera vender dólares para defender el tipo de cambio, algo que el estatuto del FMI prohíbe.

"Si no acompañan la ley, están defendiendo delincuentes", sintetizó la senadora K Juliana Di Tullio, en un mensaje a la oposición macrista, pero indirectamente, también, a la dirección del FMI.

Pero los críticos de Cristina apuntan a que su proyecto tiene un talón de Aquiles: establece una confusión conceptual entre fuga de capitales y evasión impositiva.

En 2018, cuando se firmó el acuerdo con el FMI, regía un sistema de libertad cambiaria, con un tipo de cambio único. Es decir, no era delito comprar dólares. Ni, en rigor, tampoco era delito que el Banco Central los vendiera. A lo sumo, esa operatoria puede ser criticable políticamente pero no es materia judiciable. Una situación parecida a la que vivió la propia Cristina cuando en 2015 vendió contratos de futuros por u$s16.000 millones para sostener la cotización del dólar en $10, un tema por el cual fue sobreseída en la justicia.

En cambio, lo que sí constituye un delito es comprar dólares y no declararlos ante la AFIP como parte del propio patrimonio. Lo que implica que los "fugadores" no son culpables por la salida de dólares del país, sino por no haber contribuido en la medida de su obligación -y, claro está, en pesos- a las arcas fiscales.

Claro que esta situación deja en evidencia el problema de fondo de la "economía bimonetaria" argentina: la desconfianza hacia el peso, que lleva a que los infractores no se limiten a un puñado de millonarios sino a una multidud de pequeños ahorristas con reflejos para ponerse a resguardo de eventuales licuaciones inflacionarias o confiscaciones.

¿Cuánto se puede recaudar?

Lo difícil del planteo de Cristina es la consecución práctica del objetivo planteado. Argentina tiene acuerdos de intercambio de información fiscal firmados con más de 100 países, con lo cual no necesita una ley para obtener datos de un presunto evasor.

Es cierto que no hay un acuerdo de ese tipo con Estados Unidos -y eso explica, en buena medida, la reunión de la vice con el embajador Marc Stanley-, pero los expertos señalan que las probabilidades de que el gobierno estadounidense se muestre colaborativo son bajas. Estados Unidos pide ciertos requisitos para levantar el secreto bancario, como por ejemplo que se mantenga la confidencialidad de las personas investigadas, y eso se incumplió con la filtración de los adherentes al blanqueo de Macri en 2016.

Lo que dejó en evidencia el proyecto de ley es la dificultad de la AFIP para identificar a "los fugadores". Que, naturalmente, es un universo vasto que incluye desde ahorristas que compran de a u$s200 y los guardan bajo el colchón hasta millonarios que recurren a sofisticadas tramas societarias para, a través de servicios de banca privada, poner sus dólares a resguardo fuera del país.

El propio presidente del Banco Central, Miguel Pesce, estimó que Argentina es el país con mayor cantidad de dólares en billetes físicos, unos u$s100.000 millones. Es el dinero "del colchón", por lo general perteneciente a pequeños ahorristas que los resguardan en cajas de seguridad de los bancos.

Ese dinero es, casi por definición, inhallable. Pero claro que tampoco es ese el objetivo al que apunta el kirchnerismo, sino que quiere ubicar las cuentas millonarias que están a nombre de sociedades off shore en paraísos fiscales.

Según Pesce, al menos otros u$s300.000 están fuera del sistema financiero, de los cuales unos u$s70.000 millones están declarados ante al AFIP. En teoría, esto implicaría que, de aprobarse el proyecto de Cristina, podrían ingresar al país unos u$s45.000 millones.

Claro que nadie cree que ese objetivo se pueda cumplir. Los trascendidos políticos apuntan a que Felisa Miceli, la ex ministro de economía que trabajó en el proyecto de ley por encargo de Cristina, estimó en u$s20.000 millones el monto recaudable, si efectivamente se consiguiera el apoyo de Estados Unidos.

Del lado de los estudios contables y de los políticos opositores, creen que lo que se consiga estará muy cerca de cero.