Primer revés en la guerra contra la inflación: los productores rurales no le creen al Gobierno que saldrán ilesos
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2021/02/511723.jpg)
Alberto Fernández ya empezó a sufrir varios "efectos boomerang" en su guerra contra la inflación. El primero, claro, fue el de aumentos de precios preventivos que ocurrieron en la cadena de productos alimenticios -más del 15% en la última semana-, por el temor a medidas intervencionistas.
A esta altura, ya se asume dentro del propio oficialismo que hubo un error de "timing" al preanunciar con cuatro días de anticipación que se vendría un paquete de medidas.
Pero tal vez no sea ese el peor de los problemas. Al menos, le deja al Gobierno la posibilidad de mostrarse beligerante contra "los grupos concentrados" y, así, mandarle un mensaje político al ala kirchnerista de la coalición.
Fue lo que demostró el ministro de la Producción, Matías Kulfas -desde hace tiempo, en la mira del kirchnerismo- que aprovechó su conferencia de prensa post reunión con empresarios para amenazar con aplicar sanciones y, de paso, hacer un recuento de indicadores positivos de su gestión, como que los despachos de bolsas de cemento ya están por encima de los niveles pre-pandemia.
En cambio, hay otro efecto que el Gobierno quiso evitar pero que, hasta ahora, se está verificando con toda intensidad. En el diseño del plan anti-inflacionario se buscó una diferenciación entre los pequeños productores rurales y los grandes grupos exportadores y la agroindustria.
Los antecedentes de peleas que, en otros momentos del kirchnerismo, pusieron masivamente a la clase media rural en una actitud defensiva -lo cual tuvo su correlato en el plano electoral- fueron estudiados cuidadosamente. No por casualidad, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se opuso férreamente a los aumentos de retenciones para los granos y, en su conferencia del fin de semana, aclaró que el nuevo fondo compensador para el trigo -fondeado con retenciones a la industria de harina y aceite de soja- no afectaría a los productores.
La intención del Gobierno, intensificaar su esfuerzo en la siembre
Es más, Domínguez dijo que el Gobierno estaba dando señales para que intensificaran su esfuerzo en la siembra, de manera de obtener una cosecha más voluminosa en la nueva campaña. Y para ello dijo que se había adelantado el registro de exportaciones.
La apuesta oficial, además, es a que los productores vendan su producto -estimulados por los altos precios que generó el conflicto bélico en Ucrania- y que no retengan granos, como ha ocurrido otros años, en los que ya fuera por expectativas devaluatorias o por incertidumbre política, los hombres de campo se refugiaron en las míticas silobolsas.
Para el Gobierno, la venta del campo este año es más necesaria que en cualquier otro, dado que es el actor que lo ayudará a cumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
En el plano fiscal, las retenciones a la exportación dejaron en las arcas de la AFIP un 9% del total recaudado el año pasado, y la expectativa de los funcionarios es que esa marca sea superada por los altos precios de las materias primas.
Y, en el plano del ingreso de divisas, se espera que la exportación agrícola suba en al menos u$s1.000 millones, con lo cual ayudará a la caja del Banco Central y conseguir el objetivo de un subir las reservas en u$s5.800 millones.
Algunos manifiestan un optimismo sobre ese punto que sorprende por su choque con el desánimo que se trasluce en el campo. Es el caso del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, quien se anima a pronosticar que este año las exportaciones superarán a las del 2021 y llegarán a la marca de u$s80.000 millones y, en un par de años, alcanzar los u$s100.000 millones.
Conductas defensivas en medio del boom
En contraste con ese optimismo, desde el campo se observan señales de retraimiento por parte de los productores, que no sólo no confían en que las nuevas medidas no los afecten, sino que ni siquiera muestran una urgencia por vender su producto ahora que los precios internacionales están en un posible "pico".
Los analistas indican que, para una campaña de soja que se espera con un volumen de 40 millones de toneladas, apenas se vendieron en los mercados futuros 2,7 millones, mientras que para el maíz, con una cosecha epserada de 47,7 millones de toneladas, hay ventas en el mercado de futuros por 11,2 millones.
"Asistimos a uno de los acumulados de venta más bajos de los últimos años y esto, a pesar de que los precios estuvieron firmes alcanzando niveles impensables, que hubo rumores, ya hechos realidad, sobre más retenciones y una política de devaluación oficial que estaría por debajo de la inflación", apunta un informe del experto Juan Carlos Milanesio, de la firma comercializadora Aipsa.
Y plantea que esa combinación de factores posiblemente haga menos auspicioso el futuro para los productores, motivo por el cual recomienda no demorar ventas.
Sin embargo, hay también otros motivos que entran en consideración, como el tener que afrontar los pagos de la campaña a mediados de año. "Argentina no tiene un problema económico, el problema es de confianza. Todos van a demorar la venta hasta tener reglas claras, el tipo de cambio oficial está atrasado y todos esperarán alguna recomposición", observa el consultor Salvador Di Stefano.
Su conclusión es drástica respecto de los bajos niveles de venta: "El campo difícilmente liquide los dólares al ritmo que estiman las consultoras privadas. El campo retendrá lo que más pueda la soja, primero terminará de vender el trigo (aceleró ventas esta semana) y el maíz. La soja quedará bien guardada en los silos, el malestar del sector con el gobierno es alto".
Hay, además, factores políticos que agregan combustible a la hoguera. Por ejemplo, no pasó inadvertido el hecho de que la semana pasada se formalizó el ingreso de un proyecto de ley para que el aporte extraordinario de las grandes fortunas -originalmente pensado para aplicarse por única vez- quede establecido por 10 años.
Los productores se ven como "variable de ajuste"
Esa desconfianza queda expresada con claridad en la reacción que están teniendo los pequeños productores aunados en gremios como la Federación Agraria, que otra vez están saliendo a protestar a las rutas.
"La bronca del productor agropecuario es mayor que otras veces y hay que decirlo porque estamos hartos de ver cómo el Gobierno siempre acude al que trabaja, al que produce, aumentándole los impuestos, y no da el ejemplo, ni siquiera simbólico, de que está dispuesto a bajar el gasto", señaló en declaraciones radiales Mariela Gallinger, dirigente de la Federacion Agraria entrerriana.
Estas reacciones del campo -tanto las declarativas como las de decisiones de venta e inversión- marcan que el mensaje del ministro Domínguez no ha tenido el eco esperado. El ministro destaca que la suba de retenciones apenas afectará a 11 empresas, que son las que concentran la industrialización y exportación de harina y aceite de soja -respectivamente, primer y segundo rubros de exportación más grandes del país- pero que los pequeños productores no se verán afectados.
Sin embargo, las expectativas del campo es que ocurra exactamente lo contrario. Desde que se anunció el cierre exportador para esos dos productos, los expertos están advirtiendo que, en última instancia, el costo sería trasladado al productor por parte de la industria.
"Todo lo que pase en algún lugar de la cadena siempre, siempre termina pagándolo el productor, y el primer y más perjudicado con la existencia y aumento de este tipo de impuestos distorsivos como los derechos de exportación y retenciones es el productor argentino. De los 50 países que generan el 95% de las exportaciones mundiales, solo 5 imponen tributos a exportaciones y uno es Argentina", advierte Leonardo Sarquis, ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Y esa sospecha ha sido admitida por la propia Cámara Aceitera, la poderosa Ciara, que en un comunicado advirtió que "toda la cadena de la soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país".
Además, los industrializadores intentaron pegarle al Gobierno en un punto sensible, al calificar la medida como "primarizante", un término que equivale a un insulto para una gestión que se ha jactado de promover el "valor agregado" al agro para que el país no sea un mero productor de materias primas.
El campo, con menos atractivo de inversión
Lo cierto es que, en contra de las declaraciones oficiales, los productores vuelven a sentirse los grandes perdedores del nuevo paquete económico. Su perspectiva es que, por vía indirecta, el aumento de las retenciones al aceite y la harina de soja termine erosionando el precio del poroto de soja.
Y se produce la situación irónica de que, en un momento de precios récord a nivel mundial, los productores teman que su margen de rentabilidad se haga más pequeño. Esto ocurre porque, después de venderle los dólares al Banco Central al precio oficial y -una vez restado el monto de retenciones- recomprar dólares en el paralelo, lo que queda en el bolsillo del productor es un tercio del valor internacional -en el caso de la soja- o un 45% -en los casos de trigo y maíz-.
El cálculo que se hace en el campo es que en las zonas agrícolas el margen de rentabilidad ronda un 3%, mientras que para la ganadería los números se hacen todavía más finos, con rentabilidades promedio de 1,5%.
Síntoma de esa situación es que el interés por la compra de campos está cayendo en picada, con un mínimo de operaciones de compraventa como no se veían desde hacía ocho años, según el Índice de Actividad de Mercado Inmobiliario Rural. Y los expertos se muestran escépticos sobre la posibilidad de que la situación se revierta con los nuevos récord de commodities agrícolas.
La situación llega al punto que Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio en la gestión kirchnerista, quien se caracterizó por su dureza negociadora con el sector agroindustrial, viene reclamando por una reforma en el régimen de arrendamientos rurales, de manera de impedir que, ante un boom de precios de materias primas, haya un impacto sobre costo del alquiler.