Nuevo cortocircuito interno entre Martínez y Guzmán por un recorte de fondos en el sector energético
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La administración de Alberto Fernández registró en el área energética un nuevo capítulo de la novela de desavenencias y cortocircuitos internos que vienen protagonizando desde los primeros meses de 2020 los funcionarios alineados con la Casa Rosada y los que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al Instituto Patria. Mientras el Senado comenzaba a tratar la aprobación de la ley que avala el acuerdo con el FMI y a pocas horas del inicio de la "guerra contra la inflación" que prometió el Gobierno; el secretario de Energía, Darío Martínez salió con los tapones de punta contra el ministro de Economía, Martín Guzmán.
En sintonía con las críticas lanzadas por los referentes K, Martínez hizo responsable a Guzmán de un inminente descalabro energético que estaría a la vuelta de la esquina por el marcado recorte presupuestario que habrían dispuesto los funcionarios de Economía en los fondos destinados a atender las necesidades y obligaciones de pago del sector.
La vía elegida por Martínez para desligarse de los costos políticos que implicaría llevar al sistema energético al default operativo fue una nota oficial remitida al ministro, al Jefe de Gabinete, Juan Manzur y al presidente Fernández en la cual advirtió que los recursos asignados para su secretaria en marzo equivalen solo a la quinta parte de lo solicitado y "no responden a los requerimientos básicos del área, lo cual acarreará consecuencias inmediatas dañosas para el país".
Tras destacar que ante un requerimiento de fondos de $309.803 millones, Economía solo autorizó un giro de $66.015 millones, la nota de Martínez precisó que esa suma "no alcanzaría siquiera para cubrir el pago del gas que importamos desde Bolivia, el barco metanero de GNL que adquirió IEASA para cubrir temporalmente una parada técnica de una planta de tratamiento planificada y los 17 barcos de gasoil que contrató la Cammesa para abastecer las centrales térmicas".
Qué pasa con los subsidios ante el recorte de fondos
Según el panorama trazado por Martínez, además de no alcanzar para pagar las importaciones de combustibles, la poda de fondos que habría ordenado Guzmán iba a dejar "absolutamente desfinanciado todo el resto las obligaciones de la Secretaría de Energía" entre las cuales se encuentran los subsidios de las tarifas sociales de gas y energía eléctrica, los pagos a proveedores del plan Gas.Ar, los programas de incentivos anteriores que ya fueron incumplidos en febrero y los compromisos de inversión asumidos para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.
Tras el cimbronazo que produjo la nota fechada el 15 de marzo que difundió Infobae y luego de una fuerte reprimenda de Guzmán y Manzur, el titular de Energía puso la marcha atrás y mediante un comunicado buscó bajar los decibeles señalando que "se ha acordado con la Secretaria de Hacienda los nuevos techos y la planificación financiera para marzo que garantiza el funcionamiento del sistema energético en su conjunto, la provisión de gas por redes, la generación eléctrica y el cumplimiento de los programas de pago y las obligaciones de la Secretaría de Energía".
A contramano del escenario negativo que había planteado en la nota de hace dos días, el comunicado de Martínez sostuvo que "hay un ida y vuelta permanente administrativo con Economía en materia de requerimiento de fondos y reprogramaciones de los techos mensuales, lo cual sucede con todas las reparticiones del Estado que se van ajustando en la medida de la disponibilidad de fondos de la Tesorería y es habitual que los techos se eleven o modifiquen en función de las notas de cada repartición, como ha ocurrido en este caso".
Más allá de los vaivenes y el despiste de Martínez, lo que ha vuelto a poner de manifiesto este hecho es la falta de una política sectorial clara y la atípica situación que arrastra el Gobierno con los funcionarios energéticos identificados con el kirchnerismo que se mueven en forma autónoma y sin respetar los lineamientos del ministro de Economía que en los papeles es la autoridad máxima del área.
Con su insólita movida contra Guzmán, ahora Martínez parece haber pasado al equipo conformado por el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, la interventora del ENRE, Soledad Manín y el timonel del Enargas, Federico Bernal que tienen juego propio y actúan en función de las pautas y lineamientos que se definen en el Instituto Patria.
Los momentos clave que marcan el cortocircuito interno
Ese desacople interno quedó expuesto el año pasado en tres movidas clave: con los aumentos mínimos implementados en contra de las fuertes subas en luz y gas que tenía previstas Economía; la falta de avance de la segmentación tarifaria y el rechazo al proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas que impulsaban Guzmán y las petroleras.
Un momento crítico de esas desinteligencias tuvo lugar en mayo pasado con el intento fallido de despido de Basualdo que el titular de la cartera económica no pudo concretar ante la marcada y tenaz resistencia de las huestes K y los referentes del Patria.
A fines de diciembre, volvieron los chispazos, cuando Basualdo y los encargados de los entes salieron a difundir por las suyas un plan de segmentación tarifaria basado en la geolocalización de los usuarios que fue rechazado por Economía por considerarlo limitado y poco eficaz.
En ese momento, los funcionarios energéticos K también habían determinado que los aumentos para los hogares de Edenor y Edesur y de las gasíferas nacionales en 2022 iban a tener un tope máximo del 20% promedio para quedar por debajo de las mejoras salariales previstas a lo largo del año. Ese porcentaje limitado de actualización tarifaria chocó con los incrementos de hasta el 126% que habían calculado en el Palacio de Hacienda para empezar a desarmar la pesada carga de los subsidios energéticos que el año pasado significaron para el Estado un desembolso superior a los u$s10.000 millones.
Fruto del acuerdo con el FMI, en las próximas semanas se avecina un nuevo round entre los bandos en pugna en el área energética. El Gobierno se comprometió a implementar una reconfiguración tarifaria con fuertes recortes de subsidios para los hogares de altos ingresos que tendrá su primer paso a fines de abril con la realización de audiencias públicas.
Para los funcionarios K, esa convocatoria para tratar los nuevos cuadros tarifarios promete ser clave para definir realmente en qué lado están: o rechazan la política de aumentos y dejan sus cargos o agachan la cabeza y aceptan la hoja de ruta que acordó Guzmán con los técnicos del FMI.