Salarios públicos: con apoyo sindical, el Gobierno garantiza el compromiso asumido con el FMI

El ministro Martín Guzmán sigue cumpliendo su parte: desde el día del anuncio del preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta ahora, ha impulsado varias medidas comprometidas con el staff del organismo, aun cuando muchas de ellas implican un riesgo de fisura política en la interna de la coalición gubernamental.

Así, pulseó por la suba tarifaria contraponiéndose a la postura del kirchnerismo, aceptó la suba de tasas de interés -aun cuando eso podía traer como consecuencia un encarecimiento del costo del endeudamiento oficial y un empeoramiento del crédito al sector privado- y, para completar, hasta dejó por escrito en el texto del acuerdo que habrá una revisión de los regímenes jubilatorios especiales.

Pero hay un punto que para el FMI es fundamental y que, a diferencia de los anteriores, no ha generado el mismo nivel de controversia. Insólitamente, es el de los salarios, en particular los del sector público.

En medio del ruido político generado por los otros temas, pasó algo inadvertido un párrafo que incluyeron los funcionarios argentinos en el texto del acuerdo, ese según el cual Argentina se compromete a "administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con el crecimiento de la economía".

Es una forma de establecer un congelamiento de los salarios en términos de su peso dentro del PBI, y también es un compromiso que insinúa que los salarios públicos no crecerán, medidos en dólares.

Pauta salarial sin conflctividad sindical

A esta altura, puede afirmarse que es uno de los mayores logros políticos del Gobierno: haber impuesto por segundo año consecutivo una pauta de ajuste salarial notoriamente inferior a la inflación prevista, sin que ello provoque una ola de conflictividad sindical. Más bien al contrario, la dirigencia de los principales gremios se ha erigido en uno de los puntales del plan económico.

No por casualidad, los funcionarios del equipo económico no pierden oportunidad de destacar la comprensión sindical respecto de la situación del país.

"Felicito a todos por la responsabilidad con la que están llevando a cabo las negociaciones", dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, luego de haber llegado a un principio de entendimiento con los docentes para un ajuste anual de 45,4% en cuatro tramos.

El acuerdo fue celebrado por el Gobierno, que le dio amplia difusión. Y tiene sus razones políticas para ello: históricamente, la paritaria docente ha sido una de las más seguidas por la opinión pública, un referente a nivel nacional y una de las instancias más temidas por presidentes, ministros y gobernadores de todos los colores políticos, debido los frecuentes conflictos salariales que ponen en vilo a los padres de los escolares.

De los "paros salvajes" a la colaboración

En un momento de negociación con el FMI, una de las condiciones que el organismo puso para firmar el acuerdo es que haya "el más amplio consenso a nivel político y social". Esto deja en claro la nueva tesitura política del organismo no firmará un plan que ofrezca sospechas de conflictividad en las calles.

Y hasta ahora, ese control se ha garantizado, como queda en evidencia el énfasis con el que el ministro Guzmán se refiere al rol fundamental de los sindicatos para influir sobre las expectativas de inflación mediante un acuerdo de salarios y precios.

No deja de llamar la atención la actitud del gremio docente, que bajo otros gobiernos ha mostrado una disposición al conflicto ante cualquier propuesta que pudiera implicar una caída frente a la inflación. Esto ocurrió durante la gestión de Cristina Kirchner y en la de Mauricio Macri, y en ambos casos con un foco de conflictividad intensa en la provincia de Buenos Aires.

Tanto fue así que varias veces Cristina debió cerrar la paritaria docente por decreto, ante la falta de acuerdo. Y los enfrentamientos llegaron a tal punto que en 2012, el entonces ministro de Educación, Alberto Sileoni, calificaba como "salvajada" y "extorsión" la convocatoria a un paro docentes que había dejado sin clases a seis provincias.

Scioli y Vidal sufrieron la avanzada sindical

Quien más sufrió esa combatividad de los maestros fue el ex gobernador Daniel Scioli, para quien se terminó convirtiendo en una tradición de todos los años el retraso del ciclo lectivo por paros que podían extenderse casi un mes. Luego, lo mismo le ocurrió a la gobernadora María Eugenia Vidal, que en 2017 mantuvo una dura pulseada con el sindicalista Roberto Baradel por el tema salarial.

Pero lo curioso es que en todos aquellos casos, las propuestas gubernamentales que causaban la reacción confictiva de los maestros eran muy parecidas a la que se plantea hoy: un ajuste salarial que era tres cuartas partes de la inflación esperada, a pagar en varias cuotas y con una cláusula de revisión en caso de un desborde inflacionario.

Ahora, los grandes gremios docentes como la Ctera, a juzgar por las declaraciones de su titular, Sonia Alesso, se considerarán conformes con la propuesta realizada por el Gobierno, y la promesa de la reapertura en el último cuatrimestre disipa los temores de que la inflación pueda generar una licuación del poder adquisitivo.

Solamente las facciones sindicales más directamente ligadas a los partidos de izquierda plantearon su discrepancia, como hizo Amanda Martín, secretaria gremial de Ademys -y además legisladora del FIT en la Ciudad-, quien denunció que entre marzo y junio los docentes recibirán una mejora del 21,2%, cuando los economistas encuestados en el REM prevén que la inflación de ese período será del 25%.

"No hay recomposición salarial alguna y seguiremos perdiendo poder adquisitivo, en un cuadro de tarifazos y aumento de precios", señala la dirigente, que además destaca que el salario base docente sigue por debajo de la línea de pobreza -establecido en $79.988 para la Ciudad de Buenos Aires.

El ala izquierda de los sindicatos no duda en calificar la política salarial del Gobierno como parte del acuerdo con el FMI. Ya había habido críticas referidas a la paritaria de los empleados de la administración central -que abarca a unos 200.000 trabajadores, pero que es referencia para los más de tres millones de estatales, computando los empleados de provincias, municipios y entes autónomos-.

Luego del último acuerdo, que mejora el 40% de incremento concedido en octubre pasado, los estatales cerraron la paritaria de 2021 con una mejora de 54% "entre puntas". Sin embargo, los sectores críticos de la dirigencia gremial aseguran que se está lejos de haber logrado una "victoria sobre la inflación". Recuerdan que la mejora se aplica sobre un nivel salarial que en mayo pasado estaba en uno de sus puntos históricos más bajos. Y que el efecto de que la mejora haya sido en siete cuotas implica una pérdida de poder de compra en el promedio.

Suba en el discurso, caída en las góndolas

Las críticas de la izquierda coinciden, curiosamente, con un punto que destacan los economistas de la tendencia ortodoxa: que a pesar de que el Gobierno reivindica que salarios y jubilaciones le ganaron a la inflación, la realidad de los números marca otra cosa.

Porque si bien en la medición "de punta a punta" los estatales tuvieron una recuperación de 2,7%, cuando se mide el promedio anual -que es el que marca en términos reales la capacidad de compra- hubo una caída. Según estima la consultora Ecolatina, la caída llegó a 2,7%, lo que implica una pérdida en los ingresos por cuarto año consecutivo.

Peor fue la situación de las jubilaciones, que pese a una mejora nominal que superó la inflación, tuvieron en realidad una mejora promedio del 38%, lo que implica una caída del 9%.

Y dejan ver un marcado escepticismo respecto de que en 2022 haya un incremento salarial en términos reales, particularmente en el sector estatal, dado que la presunción general es que el ministro Guzmán apelará a la inflación como una forma de "licuar" un rubro que representa -sumado con las jubilaciones- más de la mitad del gasto público.

"El empleo público ha estado creciendo fuertemente -lo que suma al gasto pero afecta el ingreso medio- y la gestión del sector público no está en línea para generar mejoras de productividad. El pésimo desempeño de los salarios en el largo plazo tiene mucho que ver con el deterioro de la calidad del empleo en el sector", observa un artículo de Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL. Y le pone cifras a esa erosión: una caída del ingreso de los empleados estatales del orden de 36% entre 2001 y 2012 y otro recorte de 24% en la década siguiente.

Llamativamente, el Gobierno da señales de que la situación no cambiará, en la medida en que la inflación siga siendo alta. Pero ha manejado la comunicación de forma tal que se establece la recuperación salarial como un objetivo de la política económica, a pesar de que al mismo tiempo se compromete que no habrá cambios que no estén justificados por aumentos de la productividad de la economía.

Y además, como se alinearon en 40% la meta oficial de inflación, la proyección de la tasa devaluatoria y la base los ajustes salariales, se está enviando al FMI el mensaje de que los salarios del sector público no crecerán en términos de dólar, un punto central para un país que depende de las exportaciones para solventar el peso de su sector público.

Los sindicatos, mientras tanto, le dan una de las pocas satisfacciones al Gobierno, al demostrar un apoyo superior incluso al de los socios más díscolos del Frente de Todos.