Tabacalera en alerta por el cambio de la forma de calcular un impuesto a los cigarrillos
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Una nueva manera de cargar los impuestos al tabaco que determinó la AFIP, por pedido de la Corte Suprema, podría generar un enorme impacto en varias tabacaleras locales. Puntualmente, desde 2016, varias fabricantes locales no pagan el tributo.
El cambio consiste en que se termina la exención. En otras palabras, el Estado empezará a recaudar y el precio de los atados, subirá. Asimismo, se buscará desalentar el consumo de la mano de una elevada carga impositiva que aumente el valor de venta.
Tabacalera en alerta por el cambio de la forma de calcular un impuesto a los cigarrillos
Desde 2016, varias tabacaleras argentinas lograron medidas cautelares para que se las exima del pago del impuesto mínimo, un tributo que representa cerca de la mitad del precio de venta.
La causa llegó a la Corte Suprema con un reclamo muy fuerte de la AFIP. Ante tal escenario, hubo un fallo que ordenó que se empiece a cobrar el impuesto a partir de la sentencia, además de reclamar el retroactivo que podría llegar a los $40.000 millones.
La Tabacalera Sarandí fue la compañía que inició aquel camino de recursos judiciales cuando era una pyme. Actualmente, con su marca Red Point y con la ventaja de no pagar el tributo mínimo, se convirtió en uno de los principales jugadores del mercado, al punto que esa marquilla es la más vendida del país.
Al respecto, la AFIP mediante una resolución que se publicó en el Boletín Oficial, cambió el aplicativo con el que las empresas tienen que liquidar sus impuestos. Puntualmente, la modificación implica que no se podrá seguir adelante en el sistema que la AFIP les habilita a las tabacaleras si no se carga, primero, el impuesto mínimo.
El cambio esconde la pelea que enfrenta a las compañías locales como Tabacalera Sarandí, que se ha convertido a una de las más grandes en el mundo de los cigarrillos y las multinacionacionales Massalin Particulares y Nobleza Piccardo, la filial local de British American Tobacco (BAT), señala La Nación.
El impuesto mínimo se instauró en 2004, cuando el presidente Néstor Kirchner firmó el "Convenio para mejorar la recaudación y evitar la evasión en el mercado de los cigarrillos". En 2008, el Congreso lo convirtió en ley.
En 2017, se modificó el cálculo y se determinó que el gravamen ya no sería un porcentaje del precio, sino que era fijo y se ajustaba por inflación. En el último trimestre, el gravamen fijo del impuesto interno mínimo que se pagaba llegó a 97,79 pesos.
Al respecto, la Tabacalera Sarandí contrató al abogado penalista Maximiliano Rusconi. Y presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un pedido de no innovar. Consideran que esos impuestos "perjudicara a miles de trabajadores argentinos y que favorecen a la vez a dos multinacionales que tienen ya el 90% del mercado de cigarrillos local".
Según la presentación ante la CIDH, la Ley de Impuesto a las Ganancias 27.430, publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017, "establece de manera arbitraria un piso de tributación, muy por encima del precio de comercialización de los productos elaborados por Tabacalera Sarandí SA, tornando en confiscatoria su aplicación".
En la denuncia, dada a conocer por Télam, también se expone que "paradójicamente, el nuevo sistema perjudica también al Estado, no sólo al generar un contribuyente menos de quien puede hacerse de ingresos para acrecentar las arcas del Estado por la recaudación impositiva, sino que también y, en definitiva, reduciendo a la pobreza a todos los trabajadores involucrados".
"La existencia de un nuevo sistema normativo que establece una ecuación tributaria, que resulta inequitativa y desproporcionada para las empresas que previo a la promulgación de la ley de impuesto mínimo practicaban precios inferiores al monopolio del tabaco", agrega la denuncia.
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El letrado acompañó la presentación con la firma de trabajadores de la pyme nacional Tabacalera Sarandí, quienes temen por el cierre de la empresa por razones ajenas a su funcionamien