Gobierno evalúa plan B para el Presupuesto y el mercado alerta sobre la "sarasa" de Guzmán
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Por lo que se pudo observar desde el lunes, la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 no será fácil para el oficialismo. Con el resultado de las últimas elecciones, el Gobierno ya no cuenta con la ventaja de lograr la sanción de proyectos de la ley en ambas cámaras. Lo concreto es que si a fines de diciembre Alberto Fernández no consigue tener aprobada la ley de leyes, está todo preparado en el oficialismo para comenzar el año fiscal un llamado "Presupuesto de prórroga", similar a lo que se hizo en 2021 como consecuencia de la pandemia.
Hay que señalar que en su defensa del Proyecto de Presupuesto 2022 el lunes en el Congreso de la Nación, el ministro de Economía Martín Guzmán reconoció que el problema principal de este año fue la inflación. "Es un objetivo central atacar este proceso inflacionario", remarcó el funcionario".
Con el IPC de noviembre conocido este martes, la inflación acumulada en el año llegó al 45,4% y la anualizada totalizó un 51,2 por ciento, muy lejos de los números proyectados por Guzmán en el Presupuesto 2021 que se pretende prorrogar. El ministro volvió a afirmar que pese a una brecha cambiaria de más del 100%, no habrá una devaluación brusca del tipo de cambio. En tanto, dijo que "para poder sostener un proceso de crecimiento económico, Argentina necesita un crecimiento sostenido de las exportaciones netas".
Guzmán también dijo que "para el 2022 y en adelante la acumulación de reservas también es un objetivo" del Gobierno nacional. Afirmó que el país atraviesa "un fuerte proceso de recuperación económica, de manera sólida", con un PBI que "crece el 10%", y en un contexto en el que se sigue "pugnando contra una doble crisis, la que comenzó en 2018 y la que le siguió la pandemia".
Respecto a las negociaciones con el FMI, Guzmán planteó: "Lo peor sería un acuerdo de ajuste con el FMI que detenga el crecimiento".
Descontento por "la sarasa" de Guzmán
Todas estas afirmaciones de Guzmán forman parte de lo que analistas financieros de bancos de Wall Street y del mercado local llaman "la sarasa de Martin Guzmán".
Por su parte, el economista Carlos Melconian explicó a iProfesional que "el problema es la falta de consistencia macroeconómica de la Ley de Presupuesto presentada por el Gobierno; y si hay un acuerdo con el FMI, este va a incluir un ajuste". El economista afirmó, además: "Si yo estoy sentado en el Congreso, la primera pregunta que hago es si esto es consistente con lo que se va a firmar con el FMI. Porque esto es un disparate, es una monografía de escuela secundaria. Si el staff del FMI avala esto, eso quiere decir que el FMI está peor que vos".
Además, destaco que "hay dos maneras de discutir el Presupuesto. Como en los últimos 10 años, que tampoco fue la ley de leyes ni un compromiso que se cumple a rajatabla. Un presupuesto que siempre arranca tirando números que no se cumplen. O, segundo, con un problema adicional que va a entrar en un proceso con el FMI. Si terminan el año con una inflación arriba de 50% y decís que la inflación va a ser 33%, seguís emitiendo, inventas dólares que no tenés, buscás un mercado de capitales que no existe y no tocás las tarifas, es una especie de monografía de escuela secundaria. Si no está el FMI, el Presupuesto en la Argentina es lo mismo que pasó siempre. El aumento del gasto ocurre a posteriori de toda esa presentación".
En caso que no se consiga la aprobación, la base será el Presupuesto 2021, al que se le sumarán todos los ajustes necesarios para cubrir un período de tiempo a la espera de la aprobación del nuevo Proyecto de Ley de Presupuesto 2022. En caso que éste se apruebe en el trascurso del año, se fija una fecha de implementación y se reemplaza el Presupuesto de Prórroga por la Ley de Presupuesto. Si no se aprueba, se continúa con el Presupuesto de Prórroga" explica un reciente estudio de la consultora MS.
"Este sistema se aplicó por última vez en 2020. El proyecto fue enviado en septiembre de 2019, en la última etapa del Gobierno de Juntos por el Cambio. Luego, cuando asumió el Gobierno del Frente de Todos, se retiró el proyecto del tratamiento y se utilizó la prórroga hasta el 4 de agosto cuando finalmente de sancionó la Ley de Presupuesto 2020. Esto implicó que por ocho meses el Gobierno manejó el gasto de ese año –incluyendo el gasto pandémico– con Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar el presupuesto. Por lo tanto, lo que pretende hacer el oficialismo no es una novedad", dice el informe de la consultora.
Desde hace varios años el Presupuesto se ha tornado cada vez menos relevante desde el punto de vista macroeconómico, porque la utilización de los "superpoderes", los DNU y hasta simples Decisiones Administrativas para modificar la estructura y el nivel del gasto público, volvieron irrelevantes las leyes que se votaron en el Congreso.
Prórroga del Presupuesto 2021: ¿qué beneficios tendría para el Gobierno?
Para entender por qué al oficialismo le gustaría prorrogar la vigencia del Presupuesto 2021 es necesario explicar lo siguiente:
1. Esta metodología parte de subestimar la evolución de los recursos y proyectar, consecuentemente, un nivel bajo de gastos porque se proyecta siempre menos inflación que la esperada.
2. Porque el nivel de actividad es más alto del estimado, por aumento de la carga impositiva real (como ejemplos están los aumentos de retenciones o el impuesto a la riqueza).
3. El proceso inflacionario genera una recaudación de impuestos superior a la proyectada generando una masa de recursos "gastable" discrecionalmente vía DNU por fuera del Presupuesto. Los cálculos de MS muestran que entre el 2013 y este año más del 15% del gasto primario total lo decidió la Jefatura de Gabinete, pasando solo ex - post por el Congreso para su tardía convalidación.
El Proyecto de Presupuesto 2022 incluye una estimación de la ejecución presupuestaria de 2021 con un déficit primario para la Administración Nacional de $1,3 billones, que incluye un gasto de $5,4 billones, de los cuales $1 billón es imputado al gasto pandémico (básicamente, ATP, IFE y transferencias a las provincias).
Para 2022, la recaudación presupuestada sube un 44%. Esto significa que esta más de once puntos por arriba de la inflación estimada. Mientras que para el gasto primario se proyecta una suba del 35%. Por lo tanto, de manera artificial el déficit primario se reduciría de un 4% presupuestado en 2021 a 3,3% en 2022. El aumento de ingresos se explica por la inflación más la mejora en el nivel de actividad. No se mencionan subas de impuestos. Pero una de las dudas es si el Gobierno incluirá un nuevo pago del Impuesto a la Riqueza en el 2022.
Por su parte, para las prestaciones de la seguridad social, que representan un 40% del gasto primario total, se proyecta un aumento del 39%, algo por arriba de la inflación proyectada del 33 por ciento. Aunque de acuerdo con las proyecciones de bancos y consultoras, la inflación para el año que viene sería superior al 50 por ciento anual.
No se deja explícito cuánto se supone que aumentarán nominalmente las jubilaciones, aunque habrá una mayor cantidad de jubilados.
El ajuste de tarifas que viene
No está explícito tampoco en el proyecto de Presupuesto 2022, pero los subsidios (energía y transporte) suben apenas 20% en pesos nominales. Esto sería solo compatible con un aumento importante de tarifas de gas y luz por la segmentación de tarifas que ya han comenzado a instrumentar tanto el Enargas como el ENRE sobre un total de unos 16 millones de consumidores.
Al igual que en 2021, el Presupuesto presentado para el año próximo tiene pocas definiciones acerca de la política que se llevará adelante con las tarifas de electricidad y el nivel de subsidios a desembolsar.
El secretario de Energía, Darío Martínez, expuso frente a los diputados que en lo que respecta a tarifas de energía y los subsidios, se busca "un esquema tarifario que en términos reales ayude a sostener los salarios" y agregó que "para avanzar en la reducción de los subsidios se está desarrollando una herramienta de segmentación. Ya hemos relevado el 80% de una gran base de datos con más de 16 millones de usuarios", y agregó que se tomó la decisión de quitar los subsidios a los grandes usuarios.
Ha sido una decisión muy acertada. Se podría decir que el ajuste de tarifas que pide el FMI para reducir los subsidios económicos ya está en marcha. Por lo tanto, se puede adelantar que el aumento de tarifas de transporte luz y gas será parte del gran ajuste fiscal que la Argentina negocia para poder refinanciar al acuerdo con el FMI que Mauricio Macri firmó en mayo de 2018.
Para 2022, el proyecto de Ley enviado al Congreso prevé un gasto de $618 MM. Esto es apenas 12% más que el vigente Presupuesto 2021 y por debajo de lo que se proyecta será el gasto final. En términos del PBI, equivale al 1%, el mismo gasto incluido originalmente en 2021. En el mensaje de elevación del Proyecto de Presupuesto 2022 la única afirmación concreta sobre el tema aparece en la página 150: "Para 2022, se prevé que el 43% de los costos mayoristas del sistema eléctrico sea cubierto por la tarifa eléctrica que abone el usuario".
Una aclaración posterior del Ministerio de Economía dice que se va a implementar una política de segmentación tarifaria para que los aumentos recaigan más sobre los sectores de mayor poder adquisitivo. Hace un año también se había esbozado esa estrategia que hasta ahora no se puso en marcha.
En su explicación en el Congreso de la Nación, Guzmán manifestó: "Lo que debemos cuidar es el crecimiento. No podemos hacer ningún ajuste, porque eso va a afectar el crecimiento, que nos está curando". Esa es una de las frases que más ha utilizado el ministro frente a los técnicos del FMI.
El problema que es que los funcionarios argentinos que estuvieron la semana pasada en Washington no vinieron con muy buenas noticias. Los técnicos del FMI sostienen que no hay que confundir el crecimiento económico sostenible con un rebote de la economía, como el que se observa hoy en Argentina.
Lo que hay es un rebote, una recuperación dentro de una situación muy ajustada y para que haya crecimiento tiene que haber inversión. Para que aumente esa inversión privada, desde el FMI sostienen que no hay que preocuparse tanto por la mejoría repentina de la economía, sino por el crecimiento sostenible y, en particular, hay que prestarle mucha atención al nivel de la inflación, que debe reducirse.