La pregunta "tabú": ¿qué hará el Gobierno cuando vuelva a subir el precio de la carne?
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Julián Domínguez está disfrutando ahora el síndrome del ministro nuevo que llega para resolver problemas: tras su negociación por la exportación de carne logró el aplauso de todos los actores involucrados.
Lo elogiaron los productores y los frigoríficos, que pueden volver a exportar; los sindicatos, que ven alejarse los fantasmas de despidos masivos; los gobernadores de las provincias ganaderas, que sufrieron en carne propia el rechazo del electorado a estas políticas intervencionistas; y también, los funcionarios del Gobierno, que vieron la salida a un problema político.
Pero claro, ese síndrome del ministro exitoso suele tener corta duración. Y en el caso de Domínguez hay una situación en el futuro próximo que le planteará el primer gran problema: ¿qué hacer cuando el precio de la carne en los mostradores vuelva a subir?
Porque si hay algo que en el sector cárnico dan por seguro es que la carne subirá más temprano que tarde. Algunos ya pronostican que se sentirá la escasez en diciembre y que, de la mano de esa situación, habrá un inevitable incremento de los precios.
Será una disyuntiva difícil para Domínguez, quien aseguró tajantemente que "no hay ninguna razón para que suba la carne". Su argumento es que, dado que las vacas liberadas para la exportación no son de consumo interno, y que además se trata de apenas 140.000 animales sobre un stock vacuno total de 53 millones, la incidencia de esta liberación no tendría por qué tener un correlato en las carnicerías locales.
Y dio a entender que, ante una eventual suba, se tomarían medidas, aunque no aclaró exactamente de qué naturaleza. "Vamos a defender el consumo popular, no somos empleados de los frigoríficos" fue la frase que recogieron los medios de comunicación más afines al Gobierno.
Diferencias de diagnóstico
Pero el problema es que, del otro lado del mostrador, hay cierto consenso sobre la inevitabilidad de un aumento en el precio de la carne. Y coinciden con Domínguez en que no será algo motivado por la reapertura exportadora; más bien al contrario, apuntan a que será una consecuencia de las distorsiones provocadas por los cuatro meses de cierre.
En ese período, la reacción de los productores ganaderos fue netamente defensiva: se dejó de invertir a largo plazo para privilegiar la rentabilidad de corto. Traducido al negocio, eso implica que se dejaron de hacer "engordes" para enviar a faena animales de bajo peso, como forma de recomponer capital.
Esa situación llevó a que en el campo se hablara de una agudización en el fenómeno de disminución del stock vacuno, con estimaciones de pérdida de un millón de animales este año.
Uno de los primeros en advertir esa situación fue Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, quien cuando se conoció la noticia de que el cierre exportador sería prorrogado dos meses, pronosticó una falta de carne para fin de año.
"Se están desactivando los engordes, que ya no se hacen más. Y la velocidad de circulación hace que te empieces a quedar sin mercadería", advertía.
También José Lizzi, líder de la Comisión de Ganadería de CREA durante el primer Outlook Ganadero CREA del año 2021, había sido contundente al respecto: "Lamentablemente, las señales presentes van a promover una desinversión en el sector ganadero, que en el mediano plazo tenderá a producir una menor cantidad de animales que, además, tardarán una mayor cantidad de tiempo en terminarse".
Una encuesta hecha entre productores tras el cierre exportador marcaba con elocuencia el estado de ánimo en el sector. Cuando se preguntaba sobre qué cambio de estrategia se adoptaría ante el actual panorama, la mayoría de las respuestas apuntaban a reducir el negocio para dedicar más superficie a la agricultura, o bien bajar el nivel de inversión y terminar animales más livianos, que es lo opuesto a lo que están promoviendo los expertos en el tema.
Los expertos señalaban que el error del Gobierno era creer que el stock vacuno caía por la tentación que producía entre los ganaderos el aumento de la demanda china, pero que en realidad lo que llevaba a liquidar vacas en edad reproductiva era la abrupta caída en la rentabilidad de la actividad.
Por eso reclamaban una política que fomentara, mediante un sistema de incentivos impositivos, el engorde de animales, para vender al peso ideal de 430 kilos y no a los 320 kilos, que es el promedio al que se vende ahora. Con una política de engorde, se lograría que los animales enviados a faena fueran 10 millones, en vez de los 14 millones actuales.
Esa política traería el beneficio de incrementar la oferta de carne para el consumo interno –con lo cual se lograría el objetivo de controlar los precios- y además tener un saldo exportable, pero sin que se sacrificara el volumen del stock vacuno ni se pusiera en riesgo la rentabilidad del productor.
Gobierno y vacas, con distinto "timing"
Lo irónico del caso es que tanto el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, como Domínguez, parecen compartir ese diagnóstico. De hecho, Kulfas siempre dijo que el cierre exportador sería de corto plazo, que no se repetirían los errores de otros tiempos –aludiendo al cierre dispuesto hace 15 años por Guillermo Moreno, que derivó en la pérdida de 12 millones de animales y la caída del consumo a su mínimo histórico- y que sólo se pretendía corregir distorsiones.
Además, Kulfas anunció un plan ganadero que tendría como principal cometido, justamente, una política tributaria y de créditos destinada al engorde de animales. En aquel momento, el plan fue recibido con marcado escepticismo por parte de los productores, que veían una contradicción entre lo que Kulfas decía y lo que el Gobierno hacía.
Terminó predominando la idea de que el Gobierno no implementaría ninguna medida de fondo –especialmente las vinculadas a incentivos tributarios- hasta que no se recuperase el nivel de consumo interno.
Ahora, es el propio Domínguez quien repite los mismos objetivos de dar incentivos para que los ganaderos produzcan animales pesados. Por eso anunció que se eliminarían las trabas para el acceso a créditos con tasas de interés "diferenciadas" para los ganaderos.
Es decir, delante de los micrófonos, todos parecen estar de acuerdo respecto de qué es lo que hay que hacer. Pero hay un detalle importante: los tiempos del negocio ganadero no son los que quisiera un Gobierno con urgencias políticas. En la coalición del Frente de Todos quieren ver una aceleración del consumo –que rebotó a 53 kilos per capita después de haber caído a un mínimo histórico de 47 kilos- y, además quieren estabilidad de precios.
Pero el problema es que el negocio ganadero no depende de la voluntad política sino de los ciclos biológicos: para llevar a un animal al peso ideal de 430 kilos se necesita cuatro años. Y en el mientras tanto se debe invertir dinero en el alimento –puede ser paso o maíz, del cual se prevé una campaña extraordinaria por el aumento del área sembrada- y recomponer el stock de animales.
Hasta que eso no ocurra, la situación es que los "feedlots" o centros de engorde de animales están trabajando a mitad de su capacidad. Y esto, naturalmente, presiona el precio de las vacas.
En consecuencia, todos creen inevitable que los precios aumenten. Fue claro al respecto Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, quien tras la reunión con Domínguez alertó: "Ellos aducen que dejar fuera siete cortes les garantiza que no habrá distorsiones ni aumentos de precios y que así preservarán la mesa de los argentinos. Pero es probable que haya aumentos igual".
"Al ponerle más dinero a la gente para que tenga más poder adquisitivo y encontrarnos en una situación en la que no había una buena inserción de hacienda internacional y teníamos la capacidad de consumo local atomizada, entonces los feedlot estaban trabajando a media máquina. No podían preparar novillo gordo. Ahora, al traccionar la demanda, es probable que los precios tiendan a subir de todos modos, aun estando cerrada la exportación para ese tipo de cortes de exportación", explicó el dirigente gremial.
En la misma línea, el consultor Salvador Di Stefano es contundente al marcar que los funcionarios han decidido ignorar la ley de oferta y demanda: "Resulta insólito que, a esta altura de los acontecimientos, estemos debatiendo si los precios deben subir o bajar por el mero consentimiento de un funcionario de turno. La evidencia empírica demuestra que los controles de precio no dan resultado, porque se oponen a las condiciones naturales de los mercados, en donde el precio se forma cuando se cruza la línea de la oferta y la demanda".
Di Stefano señala que actualmente el negocio del feedlot funciona a pérdida, trabajando a un 50% de la capacidad instalada y con perspectivas de ingresar en una "zona crítica" de escasa oferta para noviembre y diciembre.
Sin medidas y sin "relato", ¿se viene un nuevo choque?
Y entonces, la pregunta que flota en el ambiente del negocio ganadero y que aún carece de respuesta es: ¿qué hará el Gobierno cuando ocurra lo inevitable, es decir cuando la carne vuelva a subir?
Y no será una situación fácil desde el punto de vista político, porque el propio Domínguez ya aclaró que los precios domésticos no tienen nada que ver con la reapertura exportadora. Eso dejaría, en principio, cerrada la posibilidad de un nuevo cierre.
Ya de por sí la declaración de Domínguez había dejado mal parado al presidente Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, quienes en la semana previa a las PASO habían dicho públicamente que la leve baja de precios obedecía al éxito de la medida del cierre exportador. Una afirmación que los productores desmintieron al destacar que se trataba de una caída estacional que se verifica todos los años.
Pero ahora no solamente Domínguez dio los argumentos técnicos que desmienten esas afirmaciones sino que, sobre todo, quedó en evidencia que quienes más ansiaban la reapertura eran los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y hasta el propio Axel Kicillof, que sufrieron en carne propia las consecuencias del enfrentamiento político con el campo.
De manera que, ante un aumento de precios, serán los propios gobernadores los primeros en poner un freno a una medida de cierre. Por caso, el santafecino Omar Perotti destacó, tras el anuncio de la reapertura, que eso significaba una tranquilidad para los 15.000 trabajadores de la carne de la provincia. Todo un contraste con la actitud de Kulfas, que había calificado como "fake news" la noticia de despidos en frigoríficos de Santa Fe.
Queda entonces en pie la posibilidad de extremar los controles de precios, como insinuó la secretaria de Comercio, Paula Español. Pero los acuerdos para la provisión de cortes a precio popular es un instrumento que se puso en práctica desde el verano pasado, con escasas señales de éxito, tanto en cuanto a niveles de consumo como en cuanto al freno a los aumentos.
Si el de la carne fuera un mercado "normal" –es decir, si no tuviera el peso simbólico de un producto ligado a la identidad y al orgullo nacional- la solución lógica sería importar, de manera de proveer con mercadería extranjera la demanda que no logra ser satisfecha. Pero eso no ocurrirá: simplemente, no es factible desde el punto de vista político.
Ya hubo antecedentes parecidos con el trigo, que en 2013 escaseó por el intervencionismo estatal y el precio subió al doble del que se producía en Uruguay. Pero el gobierno kirchnerista de esa época se negó de plano a habilitar la importación, temeroso del efecto electoral que podía tener semejante noticia en el "granero del mundo".
Lo peor es que, con pocas medidas económicas a mano, ni siquiera parece estar vigente la posibilidad de compensar con una dosis de "relato": el propio Domínguez se encargó de echar abajo las acusaciones de Cristina a los ganaderos.
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De todas formas, los antecedentes indican que algún nuevo argumento aparecerá: la suba de la carne, a fin de cuentas, será tomado como prueba por parte de las facciones más radicalizadas del kirchnerismo que abogan por un mayor intervencionismo y el enfrentamiento con los "poderes concentrados". Es lo que hace suponer en el campo que tal vez el nuevo acuerdo con Domínguez no sea más que una tregua temporal.