El kirchnerismo presiona a Guzmán para que habilite una lluvia de pesos para aumentar el gasto social
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El ministro de Hacienda Martin Guzmán, junto a su equipo, retocan los últimos números del Proyecto Presupuesto 2002. Los principales lineamientos se presentarán en el Congreso de la Nación el próximo 15 de setiembre. El dato cobra relevancia porque será solo tres días después de las PASO.
Los principales números no están confirmados pero, de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, fuentes cercanas al equipo económico confirmaron que se trabaja con una hipótesis de crecimiento del PBI del 4,5 por ciento, una inflación cercana al 45 por ciento anual, un déficit fiscal primario de 4 puntos del PBI y un superávit comercial de aproximadamente 8.000 millones de dólares.
En el proyecto de ingresos y gastos de 2022 que se arma para el 2022 el equipo económico debe considerar los principios centrales del Presupuesto 2021. Su proyección de inflación del 29 por ciento quedó muy atrás frente al 45 por ciento al que podría cerrar este año. En tanto que el déficit fiscal proyectado sería similar al de este año, del orden del 4,5% del PBI.
En tanto que el valor del dólar oficial estaría en un valor cercano a los 152 pesos. Este número está en línea con el pronóstico del dólar para fines de 2022 que prevén las consultoras, de $153,5, según el último Relevaniento de Expectativas de Mercado del BCRA
Las presiones de los últimos días buscan un mayor presupuesto para el gasto social que se distribuye en los distintos ministerios, en particular en Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta y en la construcción, a través de Obras Publicas, con Gabriel Katopodis, así como en el de Vivienda, a cargo de Jorge Ferraresi.
En cuanto al gasto social, se buscará aumentar los fondos de la tarjeta Alimentar con mayor alcance a beneficiarios, el aumento del plan Potenciar Trabajo, las políticas para el empleo y la educación (como el Repro II y el Progresar) y el bono a trabajadores de la salud.
También se intentará fomentar la actividad de la construcción, que tiene un gran efecto multiplicador. El rubro toco un piso del 1,1% del PBI en 2019 y en el 2021 se alcanzará el 2,2% del PBI. Con este escenario, la obra pública alcanzó un 50% de los 150.000 puestos de trabajo y en el sector buscan llevar el presupuesto a unos tres puntos del Producto Bruto Interno hasta el 2023.
Se buscará consolidar el desarrollo de la Red Nacional de Vialidad, que incluirá la construcción de autopistas, autovías y rutas. La intención del Gobierno es apostar a la obra pública y los programas que tienen eje en producción y en empleo.
Presiones hacia Guzmán
Desde algunos sectores del Frente de Todos (FDT) se cuestiona a Martin Guzmán por el fuerte ajuste en el gasto publico realizado en el primer semestre el año, donde el sector público no financiero mostró un déficit fiscal primario del 0,5 por ciento del PBI frente a una proyección del 4 por ciento. Por ese motivo creen que hay espacio para subir fuerte el gasto público, en particular el social, de cara a lo que resta del año y también para el 2022.
La discusión interna se ha centrado en los últimos días en qué hacer con los planes sociales. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, impulsa un proyecto para limitarlos y transformarlos en trabajo genuino. Por su parte, desde los distintos movimientos sociales reclaman que se transformen en una especie de salario universal.
El problema es que Guzmán en una reunión que tuvo la semana pasada con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dejó en evidencia que no hay espacio por ahora para un nuevo aumento ya que de acuerdo a las demandas sociales eso implicaría elevar el gasto en unos 2,5 puntos del PBI.
"Hay coincidencia en transformar los planes sociales en trabajo pese a las objeciones de los movimientos sociales", comentaron fuentes del Gobierno a iProfesional. Mientras que desde distintos movimientos sociales también hacen responsable a Guzmán de un fuerte ajuste en el gasto social que ha provocado un aumento de las marchas de protesta.
Los números muestran que las quejas no son infundadas. El déficit primario (sin contar el pago de intereses de la deuda) fue de $98.570 millones en julio y acumula $306.668 millones en los primeros siete meses del año, el equivalente a un 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI); mientras que el resultado financiero fue deficitario en $163.156 millones el mes pasado, monto que se eleva a $677.161 millones (1,6% del PBI) desde enero. El gasto primario registró en julio una suba de 45% interanual, y asciende a más del 70% si se excluye el gasto COVID en 2020 y 2021.
En tanto, por el lado de los ingresos, hubo un salto de 73,7% a $ 757.616 millones, gracias a tributos sensibles a la actividad económica, como el IVA neto de reintegros (con una suba de 94,7% interanual), los Créditos y Débitos (81,6%) y por los derechos de exportación (125%), "ante la persistencia de los precios externos favorables". También contribuyeron los fondos del aporte extraordinario de las grandes fortunas, el Impuesto a las Ganancias (85,3% nominal anual más alto que en julio de 2020) y la recuperación de los aportes y contribuciones patronales.
La reunión de Gabinete que encabezó el viernes pasado el presidente Alberto Fernández tuvo como uno de sus temas el cierre del Presupuesto 2022. En esa reunión volvieron las fuertes presiones al ministro Guzmán para aumentar el presupuesto relacionado con el gasto social y también con la obra pública. En ese encuentro, cada ministro presentó en forma resumida los principales lineamientos de sus reparticiones para el armado del Proyecto de Presupuesto 2022 con la idea general de activar una política fiscal anticíclica para generar recursos para estimular el dinamismo de la producción, la inversión y la generación de nuevo empleo.
Se sumarán fondos para programas de construcción de autopistas, autovías y rutas, entre otros proyectos. Con eso se buscará llevar la participación del gasto de capital del sector público nacional a los niveles previos al 2015, cerca del 3% del PBI en los próximos períodos. Apuntan a consolidar una política fiscal "anticíclica" que permita un crecimiento cercano al 4% el año que viene.
Guzmán elabora un presupuesto donde no está claro cómo se renegociará la deuda con el FMI antes de cerrar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, al que Argentina le debe unos 45.000 millones de dólares.
Al respecto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó el sábado que "el FMI no tiene ninguna incidencia en el Presupuesto 2022 porque no hay acuerdo todavía. No tenemos perspectiva de incluir nada que no sean los objetivos que marca el Presidente para reactivar la actividad y el consumo".
El funcionario agregó que "lo que el Presupuesto 2022 tiene que lograr es que la recuperación económica se consolide el año próximo. De la pandemia nos estamos recuperando, pero desde la crisis del macrismo se perdieron 20 puntos de salario real". En tanto que la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, manifestó el domingo en un programa de cable que "nuestro objetivo es que el programa que firmemos con el fondo será un programa que nos permita crecer y será ese o no será, si Argentina no crece tampoco va a poder devolver lo que debe".
La premisa económico-electoral número uno de este 2021 antes de las elecciones es apuntalar el consumo de sectores más necesitados con más pesos para jubilaciones mínimas y planes de asistencia, la reforma de Ganancias con impacto en ingresos medios y bajos, el programa Pre Viaje para fomenta el turismo y los Ahora 12 y 30 para reactivar el consumo.
Con respecto al crecimiento de este año se observa que la Argentina registra un rebote económico parecido al del resto del mundo y solo por la inercia de la reapertura de las actividades, el PBI puede crecer este año más de 6% contra el -10% de 2020 y entre un 4,5 a 5 por ciento en el 2022.
El problema es que a diferencia del resto del mundo, el país tiene problemas desequilibrios macroeconómicos muy diferentes y más complicados de resolver como la tasa de inflación clavada en el 3 por ciento mensual. Por ahora, la respuesta oficial es lo que sabe hacer el kirchnerismo, como reforzar el cepo cambiario y tarifario, más restricciones a las importaciones, controles de precios y paritarias que cierran con números cercanos a la inflación.