El Gobierno acelera la emisión monetaria antes de las elecciones: qué riesgo genera la "lluvia de pesos"
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Este mes, el Banco Central está emitiendo dinero para la Tesorería General al ritmo más rápido en lo que va del año, lo que podría impulsar una inflación aún más rápida, mientras ayuda a financiar el gasto público antes de las elecciones legislativas de noviembre.
La autoridad monetaria liderada por Miguel Pesce envió entre el 1 y el 22 de julio 180.000 millones de pesos (equivalentes a unos u$s1.860 millones) al Gobierno. Esto es el doble que todo el mes de junio y la cifra más alta desde diciembre pasado. El BCRA envió fondos a la Tesorería por tercera vez este mes, según los datos más recientes publicados el miércoles.
En total, el Banco Central ya envió al Tesoro 510.000 millones de pesos (u$s5.300 millones) en lo que va de año, poco menos de la mitad del monto estimado en el presupuesto del Gobierno para 2021. Sin acceso a crédito externo luego de incurrir en un default soberano el año pasado, el presidente Alberto Fernández ha dependido de la emisión monetaria para financiar el gasto social y otros programas de estímulo durante la pandemia.
La estrategia agrega presión sobre el mercado del dólar y ha impulsado la inflación. Una brecha cada vez mayor entre los tipos de cambio oficial y paralelo de Argentina ha suscitado inquietud en torno a una posible devaluación del peso oficial, pese a que el ministro de Economía de la nación, Martín Guzmán, ha dicho que eso no sucederá después de las elecciones, señala la agencia Bloomberg.
La inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones de los argentinos, que prevén un aumento de 49% en los precios durante los próximos 12 meses, según una encuesta.
El gasto, en "modo electoral"
El fin de la austeridad y la entrada en "modo electoral" quedaron confirmados la semana pasada por la publicación del resultado fiscal de junio, que refleja un punto de inflexión respecto de la disciplina que se venían mostrando en los primeros cinco meses.
El rojo de las cuentas arrojó $242.951 millones para junio como resultado primario y $297.681 millones como resultado financiero -es decir, si se cuentan también los pagos de intereses-. Así, en el acumulado del primer semestre el déficit primario implica un 0,5% del PBI, mientras el financiero asciende a 1,3%, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Hacienda.
Esto implica un fuerte deterioro respecto de los números que se venían registrando en el arranque del año. El déficit primario de junio es cuatro veces y media el registrado en mayo, cuando todavía se sentía la combinación de altos ingresos fiscales -derivados de la "supersoja"- y gastos relativamente bajos, basados en un retraso de jubilaciones y salarios estatales.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que estas cifras corresponden a un resultado calculado en "base caja", lo que implica que hay ingresos y gastos que ya fueron realizados pero todavía no se reflejan en la estadística sino que lo harán el mes próximo.
Y las perspectivas son de un deterioro mayor, porque en junio todavía se sintió el impacto del impuesto extraordinario a las grandes fortunas: si se incluyera ese ingreso en el cálculo, entonces entonces el resultado primario del mes habría sido de $153.217 millones, y el déficit financiero alcanzaría los $207.947 millones. La mala noticia es que ese oxígeno que ayudó a equilibrar las cuentas en el primer semestre ya no se hará notar con la misma intensidad en los próximos meses.
Hay indicios que permiten suponer que la dimensión del rojo fiscal es superior a la que marcan los números oficiales y que irá en aumento en los próximos meses. Por ejemplo, el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que a diferencia del Gobierno utiliza un método que calcula "base devengado", da un resultado más abultado: un déficit de $304.712 millones para junio.
Lo cierto es que el mercado se prepara para un segundo semestre en el que los números del déficit sean mucho más expresivos. Así lo argumenta la consultora Ecolatina: "Los aumentos de la recaudación impositiva dejarán de mostrar subas tan altas y podrían crecer las transferencias al sector privado en la previa electoral".
Aun así, Ecolatina destaca que todavía hay chances de que el déficit culmine por debajo del 4,5% del PBI que originalmente preveía el presupuesto, lo cual podría atenuar las tensiones cambiarias, al disminuir la necesidad de emisión monetaria para financiar el agujero fiscal.
La lógica del gasto electoral
El resultado fiscal de junio muestra que el gasto subió un 40,1%, lo que se explica principalmente por la inversión de capital, que se duplicó respecto del año pasado al reactivarse la obra pública.
Pero donde los expertos ponen la lupa es, sobre todo, en los subsidios a la energía, que con la política de tarifas planchadas es un rubro destinado a ganar importancia dentro del gasto total. El informe oficial indica que la asistencia a la mayorista eléctrica Cammesa tuvo un incremento del 111%, mientras que los pagos del programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos implicó un incremento de 57,3%.
Según advirtió el economista Roberto Cachanosky, el gasto en subsidios económicos para mantener el retraso tarifario ya implicó un incremento de 50% en el acumulado del año, lo cual generará "un déficit fiscal que requiere de emisión monetaria para financiarlo, produciendo potenciales presiones inflacionarias".
Otro típico rubro de aumento en tiempos electorales son las transferencias a las provincias, que se incrementaron en $7.512 millones.
Por otra parte, los gastos asociados a la compra de vacunas hicieron subir el rubro "bienes y servicios" en un 55,3%. Y también los planes de asistencia social sumaron, como las políticas alimentarias, con una variación del 131%.
"El programa Potenciar Trabajo presenta un incremento de $8.426 millones por el aumento tanto en la cantidad de beneficiarios como del Salario Mínimo Vital y Móvil. A su vez, los pagos del programa Acciones de Empleo – principalmente REPRO II – registraron un incremento significativo a fines de asistir a los sectores productivos afectados de forma crítica por la pandemia", informó Hacienda.
Lo cierto es que las propuestas que se hacen dentro de la coalición gobernante para incrementar la asistencia social -incluso con programas de ingreso universal- hacen pensar en un costo fiscal en ascenso dentro del rubro social.
La aceleración del segundo semestre
Son números que, aunque vienen en franco ascenso, los expertos consideran todavía modestos en relación a los niveles de déficit que se esperan para los próximos meses, dado que la relativa austeridad estaba basada en factores políticamente insostenibles, como los retrasos en salarios estatales y jubilaciones.
En junio, las prestaciones a la seguridad social ascendieron a $407.793 millones, con lo cual se ubicaron entre los ítems de mayor peso en todo el gasto. "Esta dinámica está explicada por la actualización de la fórmula de movilidad (Ley N° 27.609), que arroja mayores incrementos en línea con la recuperación de la recaudación y los salarios de la economía", fue la explicación oficial de Hacienda.
Pero a partir de ahora, estos rubros van a incrementar su incidencia, como queda en claro por los anuncios recientes de pagos de bonos extra para los jubilados y los adelantos de aumentos a empleados estatales.
Por otra parte, el costo por subsidios a la energía y al transporte se constituirán en un factor de peso, que irá en aumento a medida que pasen los meses y no haya actualizaciones tarifarias.
Todo lo cual abona el pesimismo de los economistas respecto de una normalización post elecciones. En una videoconferencia para empresarios agropecuarios, el economista Fausto Spotorno, del Estudio Ferreres, estimó que el año terminará con un déficit primario de 3,9%, que ascenderá a 5% incluyendo el financiero. Pero advirtió que a estas cifras se deben sumar el déficit "cuasi fiscal" del Banco Central, que estimó en 6% del PBI, más un punto adicional por el déficit de las provincias.
Las predicciones que recogen las encuestas a bancos, como Latin Focus, apuntan a un déficit fiscal de 5,4% para este año, aunque con una disminución para el año próximo hasta un nivel de 4,2%. Claro que no necesariamente esta predicción implicará la expectativa de una mejora en la actividad económica, sino que puede estar ligada al "efecto licuación" de un incremento en el dólar oficial de 40% que se prevé para el año próximo.
Guzmán, en busca de fondos
Quien más claro tiene el tema es el ministro de Economía, Martín Guzmán, que al mismo tiempo que estas cifras se daban a conocer salió a pedir crédito en el mercado para poder financiar el gasto sin depender excesivamente de la "maquinita" del Banco Central.
Y el calendario le juega en contra: justo en el momento más caliente de la campaña electoral se le acumulan los mayores vencimientos, que totalizan $1 billón antes de las PASO. Y, para colmo, eso ocurre cuando está subiendo el "ruido" cambiario, como lo demuestra la brecha del blue que se encamina al 100%. En ese marco, los inversores empiezan a adoptar estrategias defensivas, como la compra de títulos que indexan por tipo de cambio.
Guzmán percibió que en el segundo semestre ya no podría hacer gala, como en el primero, de haber sobrecumplido su promesa de reducir la dependencia del Banco Central -consiguió un 60% de su financiación en el mercado, contra una previsión original del 40%- y por eso decidió adelantarse a los acontecimientos.
Desde el mercado se advirtió que podía tratarse de un festejo efímero. "El Tesoro viene sobrecumpliendo su meta, aunque puede que sea sólo de forma transitoria: julio y agosto concentran una carga importante de vencimientos en un momento políticamente difícil y la situación financiera podría tensarse", advierte la consultora Ecolatina.
Mientras que Federico Furiase, de Anker, en una videoconferencia, puso el foco sobre el cambio de dinámica del segundo semestre, cuando prevé una caída en la demanda de pesos.
"Hay que monitorear de cerca qué hará el Banco Central cuando ese aumento estacional de la demanda de pesos se empiece a dar vuelta, en julio y agosto, qué hará para retirar el excedente de pesos", señaló el economista. Y argumentó sobre el riesgo de pretender bajar la inflación tomando como herramienta principal la tasa de interés cuando el problema de fondo es de índole fiscal.
El ministro, que en una época -pasaron pocos meses, pero parecen tiempos lejanos- despertaba aplausos en los círculos empresarios por argumentar a favor de la reducción del déficit, hoy parece resignado a que no se podrá alterar la política de gasto público creciente. Pero al menos se propuso que su financiamiento tuviera el menor impacto posible sobre la inflación.
No está claro que tenga éxito en su propósito. Para evitar que el "rolleo" de bonos se produjera en el momento más caliente de la campaña electoral, ofreció por anticipado un canje por el bono TX21, que vence en agosto con un monto de $380.000 millones.
Guzmán espera poder alivianar la carga de la deuda sin que ello lo obligue a una suba brusca de la tasa de interés, una medida que conspira contra el objetivo de fomentar la reactivación productiva.
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Lo cierto es que su política también tiene un lado B: se redujo el crédito para las empresas privadas por la demanda del Tesoro para cubrir el gasto público. De hecho, en un momento de alta liquidez bancaria, se estima que el 72% de los depósitos en pesos terminan yendo a las arcas públicas, ya sea bajo la forma de bonos del Tesoro o de letras del Banco Central.