Oficializan el adelantamiento del aumento del salario mínimo, vital y móvil
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El Gobierno nacional formalizó este miércoles el adelantamiento del esquema de pago del aumento del salario mínimo, vital y móvil, y fundamentó la medida sobre la base de que el salario es "una prioridad y constituye una condición necesaria para que la economía sostenga la reactivación en marcha".
El adelantamiento del salario mínimo -que en septiembre será de $29.160- fue realizada por medio de la resolución 6 del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, publicada este miércoes en Boletín Oficial.
El objetivo gubernamental es "generar todos los instrumentos necesarios para que el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras crezca en términos reales", según se indica en los considerandos de la norma.
De esa forma, se estableció que el salario mínimo será de $27.216 a partir del 1 de julio; de $28.080 desde el 1 de agosto y $29.160 a partir del 1 de septiembre.
La modificación se basa en que se acorta el esquema de aumentos, que anteriormente finalizaba en febrero y ahora será en septiembre, con un monto de $29.160
La medida había sido confirmada ayer por el ministro Moroni, quien sostuvo que el objetivo "siempre fue que los salarios le ganaran a la inflación".
En tanto, su par de Desarrollo Social, Daniel Arroyo había justificado el adelantamiento del aumento del salario mínimo para "mejorar el bolsillo de los argentinos".
Por su parte, la CGT consideró esta semana que "el adelantamiento de los aumentos del salario mínimo es de suma importancia para mantener el valor del poder adquisitivo y fundamental en la batalla contra la inflación, que golpea los ingresos de millones de trabajadores y trabajadoras a diario".
En abril pasado se había dispuesto un aumento del 35% del salario mínimo, en siete cuotas, de las cuales se pagaron un 9% en abril, 4% en mayo y 4% en junio.
El resto se iba a abonar en julio, agosto, noviembre y febrero, tramos que hoy se decidió adelantar para completar la mejora.
Por el avance de la inflación, el Gobierno decidió anticipar la revisión salarial de estatales
El Gobierno nacional acordó con los gremios estatales de UPCN y ATE el 26 de mayo pasado un incremento salarial del 35% y una revisión en noviembre próximo.
En ese momento, se pactó un incremento a aplicarse en seis tramos del siguiente modo: 10% en junio, 5% en agosto, 5% en septiembre, revisión en noviembre, diciembre 4%, 6% enero 2022 y 5% en febrero.
Por supuesto, una paritaria de 35% en un año en el que los economistas pronostican 50% ya supone, de por sí, una pérdida adicional de 10% en términos reales.
Es por eso que hoy, con casi un 25% de inflación en seis meses, el Gobierno adelantaría varios meses la negociación del ajuste, prevista para noviembre. La fecha ahora sería el 19 de agosto, es decir dos meses y medio antes de lo previsto.
Cuando se llegó al acuerdo, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, había explicado que "lo importante es el impacto de los primeros meses, que es cuando se van a cobrar los aumentos. Después si hay que ajustar se ajustará, pero los primeros meses le van a ir ganando a las subas de precios".
Paritarias en alza y más presión inflacionaria
La compleja economía de 2021 no pudo evitar una nueva disparada inflacionaria. Si bien Martín Guzmán había previsto en el Presupuesto que los precios acumularían en todo el año un avance del 29%, los aumentos salariales ya superan el 45% y hay los analistas estiman que el índice de precios podría alcanzar una suba anual del 60%. Es decir, el doble de la "pauta Guzmán".
Por caso, el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano había advertido en sus últimos informes que, de mantenerse la evolución de la inflación a un ritmo promedio del 4% mensual, se alcanzaría en el año un nivel del 60%.
"Si bien la gran mayoría de los convenios colectivos incluía cláusulas de revisión, la reapertura de las negociaciones paritarias por parte de aquellos gremios que se habían ajustado inicialmente a la proyección oficial de inflación del 29% seguramente impactará sobre los precios y, consiguientemente, sobre el nivel de la inflación anual", asegura Víctor Beker, director del CENE.
"De hecho, en muchos casos, la reapertura se viene produciendo antes del plazo previsto, ante la discrepancia entre la inflación prevista y la real", añade.
A juicio del economista, para bajar la inflación, se necesita optar por un drástico viraje en la política económica, ya que existe una inercia inflacionaria que debe ser doblegada atacando todas sus causas. De lo contrario, la inflación presente retroalimenta la inflación futura.
"Hace falta voluntad política para hacerlo. En el contexto actual de fragmentación en la toma de decisiones, ésa es la primera y mayor dificultad. Suponiendo que ella fuera superada, se requiere, desde el punto de vista técnico, un plan integral de ataque coordinado a la inflación. Ello implica que el conjunto de las medidas monetarias, fiscales y cambiarias, así como la política de ingresos, esté subordinado al logro de la meta de inflación. Y que el plan sea creíble y creído por la población", asegura Beker.
Reclamos salariales, al rojo vivo
A comienzos de junio, Cristina Kirchner y Sergio Massa habilitaron la paritaria de los trabajadores del Congreso con un aumento del 40% (46% si se toma que se trata de aumentos acumulativos) dio luz verde a lo que vino: acuerdos de aumentos de salarios arriba del 40%.
Aquella señal de la vicepresidenta aceleró algunas negociaciones, como la del gremio de los camioneros, que cerró con un aumento salarial del 45%.
Además, el Gobierno -a través del Ministerio de Trabajo- afianzó ese camino: dispuso una revisión sobre la última recomposición del salario mínimo, que podrá ser actualizado apenas Claudio Moroni lo disponga. Las puertas ya están abiertas.
Lo dicho: la foto de CFK y Massa no hizo más que sellar un proceso que ya había tomado velocidad: acuerdos salariales que rompían el pronóstico de inflación para este año de Martín Guzmán.
Lejos habían quedado los acuerdos en torno al 30% que se rubricaron en marzo -hace apenas tres meses- cuando el ministro de Economía todavía sostenía la ilusión de una inflación del 29% para este 2021.
Un informe elaborado por la consultora Synopsis -dirigida por el politólogo Lucas Romero- le pone claridad a esa dinámica: los acuerdos salariales de marzo, del 30,6% en promedio, fueron superados en abril por paritarias del 33,8%. Y éstos a su vez, por acuerdos del 35,8% promedio en mayo. Y, finalmente, hubo un salto al 43,4% promedio este mes.
¿Por qué el Gobierno ahora da espacio para estos aumentos salariales? Porque el propio Guzmán, puertas adentro, reconoce que la inflación de este año rondará el 40%. Y aún así se queda corto: la mayoría de las consultoras privadas pronostican que la inflación de 2021 estará más cerca del 50%.
Y, de hecho, la inflación interanual ya se ubica alrededor de ese número. En mayo fue del 48,8% y lo más probable es que se sitúe ya en el 50% cuando se conozca la inflación de este mes.
Eso quiere decir que ni siquiera bajo los nuevos acuerdos, el Gobierno podría generar el escenario donde los salarios le ganen a la inflación.
Esa carrera la van perdiendo los salarios desde hace tres años, en los cuales el poder adquisitivo promedio de los trabajadores cayó alrededor de 20%, en medio de las devaluaciones sucesivas y la profunda crisis de la economía.
De acuerdo al trabajo de Synopsis, ya son ocho los gremios que cerraron con aumentos salariales de por lo menos 40%. Desde camioneros (45%) a encargados de edificios (45% gracias a la revisión que acaban de cerrar) al 43% de los bancarios. (ver cuadro aparte).
Esos gremios no representan todavía a una masa crítica de trabajadores, que podría pensarse en un impacto positivo sobre la actividad económica. Una estimación preliminar de Synopsis da cuenta que esos ocho gremios engloban a medio millón de trabajadores.
El dato, más bien, hay que buscarlo en la señal hacia el resto del universo sindical. Con gremios muy relevantes -desde la UOM a Empleados de comercio y a la UOCRA- que, más temprano que tarde, irán por acuerdos salariales en torno al 45%.
Por eso la relevancia de lo que Trabajo hará con el salario mínimo. En abril, el Consejo del Salario determinó un aumento del 35% del salario mínimo, vital y móvil, para llevarlo a $29.160 recién en febrero del año que viene.
Esa pauta es la que seguramente se revisará. Dando lugar a un aumento del al menos 45%. El Gobierno buscará el timing para el anuncio.
Por delante hay otros gremios que también negocian pautas en torno al 45%: el de la "Alimentación" y el de "Sanidad" son los siguientes de la lista. De hecho, El sindicato de Sanidad anunció medidas de fuerza por falta de acuerdo salarial, programadas para el inicio del mes de julio.
La gran pregunta -que incluso se formulan algunos funcionarios del gabinete económico- refiere a si estas revisiones permitirán una mejora del poder adquisitivo o, en verdad, darán pie a una retroalimentación de la carrera entre precios y salarios.
Qué pasa con los trabajadores independientes
Otra cuestión relevante refiere a qué sucederá con los trabajadores que no forman parte de la "crema", que no trabajan bajo relación de dependencia y escapan a la lógica de las negociaciones paritarias. Y que, entre monotributistas, autónomos e informales son mayoría en el mundo laboral.
Obviamente, se comprende la intención oficial: dar una señal hacia el resto de la economía de cuál debería ser la referencia de aumentos salariales. Ocurre que en medio de una crisis tan extensa, no queda claro que esa estrategia sea la que lleve sosiego al universo de trabajadores.
Por ahora, el Gobierno no puso bajo evaluación un camino que sí se buscó en otras crisis, y que lo hacen otros gobiernos durante la pandemia: extender directamente subsidios a los trabajadores más castigados.
No habrá bono compensador para ellos, a cargo del Estado, como sí lo habría para los jubilados y pensionados de la mínima, que van perdiendo contra la inflación, también en este 2021.
Guzmán, en plena negociación con el Fondo Monetario, optó por mantener equilibradas las cuentas públicas. Pero además, el ministro no quiere dejar frentes abiertos por donde se cuelen las presiones cambiarias.
En la Argentina, la demanda de pesos está alicaída desde hace varios años. Y cualquier peso que sobra, va derecho a cambiarse por billetes verdes.
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En ese delicado equilibrio transita hoy la economía argentina. Está claro que ninguna medida, por sí sola, podrá sacar a la actividad del pantano. Sí parece que los errores se pagan muy caros. Lo dicho: cualquier traspié se traduce en una presión sobre el tipo de cambio, que presiona -a su vez- sobre la inflación. La economía argentina, en medio de la pandemia, no logra salir de la trampa en la que está hundida desde hace más de tres años.