En qué consiste el plan "70-40" de Martín Guzmán para llegar con más chances a las elecciones
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A esta altura del año, y con la campaña electoral por delante, nadie en el equipo económico quiere ponerle el rótulo de "plan" a los anuncios que se preparan para las próximas semanas.
Como todos los gobiernos, en las vísperas elecciones, ahora también habrá medidas, con la salvedad que, esta vez, en plena pandemia y con una crisis que ya cumplió tres largos años, no hay apuestas a si esas iniciativas podrán tener el impacto buscado. Que mejoren el bolsillo de la población.
Si hubiese que ponerle una etiqueta podría decirse que el Gobierno está pensando en un plan tipo "70-40" para llegar a las PASO de septiembre.
¿En qué consiste? Un 70% de población vacunada contra el coronavirus -al menos con una dosis- y un 40% de inflación para este año. En la Casa Rosada creen que con la pandemia bajo control y con el bolsillo de la gente ganándole la carrera a los precios, las chances del oficialismo crecen de manera exponencial.
El primer objetivo -el de la vacunación- parece cumplible. Para llegar se tienen que vacunar unas 8,2 millones de personas mayores de 18 años. A un ritmo promedio de 280.500 inyecciones (fue el ritmo diario promedio de junio) se necesitarían 34 días para cumplir con la meta del 70% de la población total.
Si fuera esto posible, el 70% de la población con una dosis se cumpliría hacia principios de agosto.
La clave, no obstante, será tener evidencias de inmunidad de rebaño no sólo con ese porcentaje con la primera dosis sino cuánta población tendrá el esquema vacunatorio completo. Que es lo que hoy recomiendan los expertos al tener en cuenta la aparición de la variante "Delta".
El desafío: la pata económica
Acaso tan complicado que cumplir con el objetivo sanitario -y todas las incertidumbres que rodea a la pandemia- luce la meta económica.
En medio de las negociaciones con el Fondo Monetario y las renovadas tensiones en el mercado cambiario, Martín Guzmán está obsesionado por mantener las cuentas ordenadas.
Quedó demostrado en el balance de los primeros cinco meses del año, donde se percibe una abrupta caída del déficit fiscal. Y lo mismo con la emisión monetaria: en lo que va delk año, el BCRA le transfirió al tesoro $300.000 millones. Todavía guarda un margen de al menos $700.000 millones, de acuerdo a lo estipulado en el Presupuesto 2021.
En las consultoras económicas dan por hecho que Guzmán flexibilizará su posición en esta segunda parte del año, cuando arranque la campaña. Algunos economistas, como Ricardo Delgado, director de Analytica, pone en duda que el ministro vaya de un orden total a un desbalance notable. "Habrá más gasto social pero no creo que la obra pública pueda reactivarse en el corto plazo. Para hacerlo se necesita tiempo, proyectos. No es fácil", argumenta Delgado, en diálogo con iProfesional.
Por ahora, el Gobierno está jugado a que una discreta mayor dosis de ayuda social "por abajo" (a jubilados de la mínima y a los sectores que perciben programas sociales) ayudará a la recuperación del consumo, que se mantiene en peores niveles que en la pre pandemia.
La otra apuesta, destinada a los trabajadores sindicalizados, refiere a que las paritarias se revisen apuntando al 45% para este año. Un nivel más cercano a la inflación estimada para este 2021, y bien por arriba de lo que se había previsto hasta hace sólo unos meses.
¿Las medidas impactarán en el bolsillo?
Después del sacudón cambiario del año pasado y con las negociaciones con el Fondo Monetario en curso, Martín Guzmán privilegió el orden. Tanto fiscal como monetario. A tal punto que, aun con las restricciones por la segunda ola de la pandemia, mantuvo inactivos tanto el ATP como el IFE, los principales programas de asistencia social y gasto Covid.
Los $2 billones emitidos por el Banco Central el año pasado se redujeron a unos $330.000 millones en la primera parte de este año. Los primeros meses, incluso, terinaron con superávit fiscal. No debe haber muchos casos en el mundo pandémico que muestren a países con esa perfomance fiscal.
En este contexto, los planes anunciados son muy conservadores.
1. Reintegro por compra con tarjeta de débito para jubilados y AUH
Se trata de devolución de hasta $1.200 por mes con las compras con plásticos. Un beneficio que puede llegar a los $1.000 millones mensuales. No màs de $6.000 millones hasta fin de año. Sabido es que los jubilados no suelen pagar con sus tarjetas sino que lo hacen en efectivo, lo que reduce el impacto de la iniciativa oficial.
2. Devolución de Ganancias para 1,2 millones de trabajadores
Este mes empieza la devolución de lo pagado desde comienzos de año, a la vez que los trabajadores que ganan hasta $150.000 brutos dejarán de pagar el impuesto.
El cálculo oficial da cuenta de un costo fiscal de $40.000 millones en lo que resta del año.
3. Tarjeta AlimentAr
El incremento en la carga de esta tarjeta destinada a los sectores de la sociedad más postergados constituye la principal inversión oficial de cara a las elecciones.
Implican unos $20.000 millones mensuales; unos $120.000 millones de acá hasta fin de año.
4. Mejora de los planes sociales por suba del salario mínimo
Implican unos $15.000 millones hasta fin de año, pero es probable que el Gobierno impulse una nueva suba del salario mínimo en las próximas semanas.
Paritarias al 45%, un atajo
Muy atrás quedaron los tiempos en que el Gobierno marcaba un techo salarial de entre 29% y 32%, como forma de alinear las expectativas inflacionarias para este año. El horizonte de pauta salarial para este año, ahora, se acerca al 45%. Más cerca a la estimación de inflación. El último relevamiento del Banco Central entre consultoras económicas dio una expectativa de inflación de 48,3% para este 2021.
Fue el propio Gobierno el que vino marcando la nueva pauta salarial en las últimas semanas. Sucedió con el arreglo del "Personal del Congreso, que convino un incremento salarial del 46,4%, en tres cuotas acumulativas. También hubo arreglos por arriba del 40% para los trabajadores de la ANSES.
Lo novedoso es que ya está tomada la decisión política para reabrir las paritarias de los trabajadores del Estado, que en marzo cerraron en el 35% y es probable que se ajuste también más cerca del 45%.
Algo parecido sucederá con el Salario Mínimo Vital y Móvil, que el ministro Claudio Moroni ya anticipó que tendrá su propia revisión al alza en las próximas semanas.
Lo que está claro es que el Gobierno pondrá todas las fichas en una recuperación del consumo popular antes de las elecciones. Algo que la aceleración inflacionaria impidió por ahora.
¿Logrará este objetivo? ¿La emisión de moneda podría derivar en más temblores cambiarios? ¿O en una aceleración de los precios de la canasta básica?
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Guzmán está muy atento a estos movimientos. Cree que para evitar cualquier sacudón necesita de un acuerdo rápido con el FMI. Así se lo sugirió a la Casa Rosada. Pronto se sabrá si tuvo éxito en su gestión.