El Gobierno trata de atenuar la caída real de jubilaciones: así será el nuevo bono extra para jubilados

Era inevitable: la confirmación oficial de que las jubilaciones siguen cayendo aceleraron los planes del Gobierno para compensar a la franja que cobra el haber mínimo con un nuevo bono compensatorio.

La medida se comunicará en breve y podría repetir el esquema ya utilizado en abril y mayo, cuando se pagó $1.500 cada mes. Pero, dada la inflación transcurrida y la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, esta vez el bono se ubicaría en una cifra mayor. Los funcionarios analizan un rango entre $6.500 y $8.000.

En este caso, los pagos se realizarían en julio y agosto, de manera de, por un lado, atenuar la pérdida de los ingresos en esta franja de la población -ocho millones de personas, de los cuales la mitad cobran la mínima- y, por otra parte, contribuir al plan de incentivo al consumo con el cual el Gobierno aspira a mejorar el humor social de cara a las elecciones legislativas.

Lo cierto es que el deterioro de las jubilaciones se está transformando en uno de los grandes riesgos políticos del Gobierno. Hasta ahora, los jubilados han sido la variable de ajuste fiscal, y amenaza con neutralizar iniciativas pro-consumo, como el alivio en el impuesto a las Ganancias que se acaba de reglamentar.

Tanto es así que mientras en los despachos oficiales calculan que con las nuevas medidas en favor de los asalariados de nivel medio-alto se inyectará a la economía unos $40.000 millones, por el otro lado la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados implicará un ahorro fiscal equivalente a $155.000 millones. Una contradicción que ya está generando costo político y no solamente desde la oposición, sino en la propia interna gubernamental.

Según una estimación realizada por Andrés Borenstein, economista jefe de Econviews, la masa de jubilaciones pasará de significar un 9,74% del PBI a un probable 8,5%. Y esto, asumiendo un escenario de un segundo semestre en el que la caída de las jubilaciones se ve atenuada por una mejora en el nivel de actividad de la economía y una menor inflación.

Lo cierto es que la situación de los jubilados exacerbó la pelea interna del Gobierno respecto de si se debe mantener la vocación fiscalista mostrada por el ministro Martín Guzmán -que necesita enviar señales "market friendly" para logra un acuerdo con el FMI- o si se debe priorizar el gasto público.

Y en este punto es cuando el tema jubilaciones de torna complicado: por un lado, representan un 22% del padrón de votantes, pero al mismo tiempo son un 25% del gasto público, por lejos el primer rubro en erogaciones del Estado.

La variable del ajuste

Las propias cifras oficiales son más que elocuentes. El hecho de que en mayo las jubilaciones hayan alcanzado una mejora interanual de 29,4% contra una inflación del 49% implica una pérdida real de 13% en el poder adquisitivo. Y este es el factor fundamental que posibilitó que el rojo fiscal en lo que va del año no haya superado un 0,4% del PBI, de acuerdo a los números que adelantó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Pero lo peor no es solamente el hecho de que las jubilaciones hayan caído en términos reales sino que quedó en evidencia que el cambio de fórmula indexatoria fue para peor: la situación habría sido más grave de no haber sido por el pago de bonos extraordinarios que ayudaron a compensar la situación de la franja que cobra la jubilación mínima.

Lo cierto es que el efecto en el cambio de fórmula indexatoria fue peor de lo que suponían los pronósticos más pesimistas. Cuando se aprobó el nuevo sistema que ya no toma como referencia la inflación pasada sino que evoluciona en línea con el salario y la recaudación de la Anses, abundaron las advertencias sobre los flancos débiles del cambio.

Al atar el poder adquisitivo de los jubilados al comportamiento general de la economía, se genera lo que los expertos llaman una fórmula "pro-cíclica": en los años en los que crece la actividad, entonces los jubilados tendrán una mejora que excederá el incremento del costo de vida. Pero cuando ello no ocurra, la jubilación evolucionará por debajo de los precios, de forma tal que ese sector de la población hará las veces de variable de ajuste.

Y en ese momento un informe de la Fundación Mediterránea proyectaba que en un escenario de inflación de 51,1% las jubilaciones correrían de atrás, al aumentar sólo un 39,5% -una pérdida real de 8%- mientras que si el panorama fuera más complicado y la inflación llegara al 58,5%, las jubilaciones apenas se moverían 36% -una pérdida real de 14 puntos-.

Ya en el primer trimestre del año quedó en evidencia la gravedad de la situación: mientras el ajuste fue de 8%, los precios ya habían escalado a un ritmo de 11%. Eso obligó al Gobierno a paliar la situación con el pago de un bono de $1.500 para los beneficiarios de la mínima.

En junio, el aumento fue de 12,2%, y con una inflación acumulada de 22% en cinco meses, todo apunta a que el pago de bonos -en principio pensada como una medida transitoria- será una constante a lo largo del año, sobre todo si el Gobierno no logra bajar la inflación de su velocidad crucero de 3%.

Pero aun con los bonos, el malestar se está haciendo notorio. El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, calculó que tras el cambio de fórmula, los jubilados apenas pueden cubrir un 37% de sus necesidades básicas. Y comparó la jubilación mínima de $23.000 con la canasta básica total, que en las grandes ciudades del país puede llegar a $64.000, tomando en cuenta el gasto de vivienda.

Semino, que ya era crítico del régimen macrista -alega que entre 2018 y 2019 los jubilados perdieron 20 puntos contra la inflación-, afirma que la tendencia negativa se aceleró tras el cambio de gobierno, con una pérdida adicional de 10 puntos el año pasado y otra de 5 puntos en el primer cuatrimestre.

Una masa electoral enojada y con peso

Con una masa de ocho millones de beneficiarios -sumando los jubilados y pensionados- este sector de la sociedad argentina representa un 22% del padrón electoral. Y si bien es cierto que es naturalmente el segmento donde se registra el mayor nivel de ausentismo en las elecciones, también está claro que tiene fuerza suficiente como para dar vuelta un resultado.

De hecho, el peronismo tuvo muy en cuenta que su derrota de 2015 tuvo un componente demográfico muy marcado: los jóvenes de hasta 30 años votaron mayoritariamente por la continuidad, mientras que la franja intermedia mostró paridad. La victoria de Mauricio Macri fue posible por la marcada preferencia de los mayores de 50 años, un segmento donde la ventaja para la coalición Cambiemos fue de 60% a 40%.

Esa tendencia se confirmó en las legislativas de 2017 y, sobre todo, en las presidenciales de 2019. Fue algo que quedó demostrado en la segunda vuelta, cuando Macri mejoró drásticamente su performance respecto de la primera, agregando 2,7 millones de votos. La explicación estaba en que la afluencia a las urnas subió cinco puntos porcentuales -o, dicho de otra manera, muchos adultos mayores que en agosto no habían ido a votar sí lo hicieron en octubre-.

Si había alguien que tenía en claro la importancia del voto de los jubilados era el entonces candidato opositor Alberto Fernández, que transformó a los jubilados en sus interlocutores preferidos de campaña. Tanto que uno de sus argumentos preferidos era que el macrismo prefería regalarle miles de millones de pesos a los bancos mediante la inversión en Lebacs, pero que él terminaría con ese negocio para destinar ese dinero a la mejora de las jubilaciones.

Dos años después, la mayoría de aquellos argumentos se transformaron en un boomerang para el Gobierno. Para empezar, porque las letras del Banco Central -ahora con otra denominación, pero con la misma función- siguen conformando una gigantesca bola de nieve que ya se ubica en torno a $2billones de dólares -más $1,5 billón por otros pasivos- y que, solamente por concepto de intereses, implica el pago de unos $100.000 millones.

De manera que entre la oposición, tanto desde la derecha como desde la izquierda, abundan los cálculos sobre cuántos planes IFE o cuántas vacunas se podrían financiar con este mecanismo de esterilización financiera del Banco Central.

Por caso, el ex ministro Alfonso Prat Gay aprovechó la situación para chicanear desde su cuenta de Twitter: "Los intereses que paga todos los meses el BCRA ya superan los $100.000 millones. El presidente dijo que iba a bajarlos para aumentar las jubilaciones, ¿te acordás? Bueno, los duplicó. Cuéntenle a Cafiero que se le van alrededor de 70 millones de vacunas por mes en Leliqs"

Pero, sobre todo, las críticas obedecen al hecho de que, ya incluso antes de la pandemia, la suspensión de la "fórmula macrista" iba en detrimento de los jubilados. "A pesar de toda la épica sobre la mejora de los haberes, la jubilación mínima -y con ella otras prestaciones, entre ellas la PUAM y la AUH- terminó a fin de 2020 un 5% más baja que la que hubiera correspondido de haberse mantenido la regla de ajuste anterior. En el caso de la jubilación máxima, la pérdida alcanzó a 12,5%", señala un informe de Nuria Susmel, de la fundación FIEL.

El próximo objetivo del Gobierno

Las críticas -empezando por las internas de la coalición gobernante- obligaron a las principales figuras a salir a dar explicaciones. Es el caso del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien asumió un riesgo político al renovar una promesa de dudoso cumplimiento: que en 2021 habrá un crecimiento real de salarios y jubilaciones.

El argumento de Cafiero es que no debe incurrirse en el error de confundir "años paritaria, que van de junio a junio" con los años calendario. En otras palabras, que lo que se perdió en la primera mitad del año se recuperará en la segunda.

Hizo mención a las cláusulas de revisión de los acuerdos salariales, que muchos gremios pondrán sobre la mesa en los próximos meses, aunque todavía con resultado incierto.

Se da por descontado que sindicatos grandes y con capacidad de presión, como el de los camioneros o los bancarios, lograrán cifras por encima del 45%, pero no está claro si en rubros más golpeados por las crisis eso será posible.

En todo caso, el Gobierno apuesta a que el índice de salarios se recompondrá y así, indirectamente, incidirá en la fórmula jubilatoria. Pero claro, también tiene que ayudar el otro factor de la fórmula, la recaudación de la Anses, que en lo que va del año lleva una caída real de 5%.

En definitiva, las jubilaciones se han transformado en un problema político que, por lo que prevé la mayoría de los analistas, sólo se podrá revertir sobre la base de más bonos extra. Ocho millones de ancianos que tienen dificultades para cubrir sus gastos son demasiadas como para ser ocultadas tras un alivio impositivo para una minoría de asalariados: en el Gobierno lo saben, y miran el calendario electoral con preocupación.