Cruje el plan Guzmán: gremios ahora piden reajustes salariales y el kirchnerismo le exige más gasto
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Hay cosas que Martín Guzmán no las aprendió en Columbia junto a Joseph Stiglitz sino que las trae en su ADN argentino: por ejemplo, que en algunos momentos la inflación puede transformarse en una herramienta útil, sobre todo si uno tiene urgencia por achicar el déficit fiscal.
Es así que se viene dando una paradoja en lo que va del 2021: cuanto peor le va al ministro en el plano inflacionario, mejor le salen las cuentas fiscales, dado que de esa forma logra licuar buena parte del gasto público, incluyendo a los salarios estatales y las jubilaciones.
Es, hasta ahora, el argumento de más fuerza que Guzmán ha podido mostrar en las negociaciones con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional: la evolución del ingreso de impuestos -fruto del boom sojero pero, también, de la ola inflacionaria- va bien por encima del incremento del gasto público. En algunos meses, la diferencia llegó a ser dos a uno.
Algunos economistas, como Marcelo Capello, de la Fundación Mediterránea, llegaron a comparar la actitud de Guzmán con la de su antecesor de la gestión macrista, Nicolás Dujovne. "En los primeros meses de este año están subiendo más los recursos que el gasto. Guzmán estaba ajustando en silencio. Porque quiere mostrar al Fondo que está haciendo los deberes", dijo durante una jornada de trabajo del Ieral.
Todo esto llevó a que algunos consultores creyeran que el ministro hasta podría tener chances de mejorar su compromiso de llevar el rojo fiscal al 4,5% del PBI y llevarlo en torno a un 3%. Y, de hecho, ese fue uno de los temas de más intenso debate en la interna del Gobierno: el kirchnerismo se negaba a que ante una mayor recaudación se usaran esos recursos para hacer "buena letra" ante el mercado, y reclamaba un aumento del gasto para atender las urgencias de la pandemia.
Todo un desafío para el ministro, que hasta ahora ha tenido cierto éxito en mantener conformes a ambas partes, pero que corre serios riesgos de despertar el enojo tanto entre los que miran los números fiscales como entre los que exigen más estimulo estatal.
Paritarias: señales de alarma en el frente sindical
En las últimas horas surgieron pruebas de estas dificultades, sobre todo porque para el éxito del plan Guzmán se basaba es la perspectiva de una inflación en caída suave, con un gasto público controlado y una recaudación tributaria que se mantuviera vigorosa.
Y, en contra de ese objetivo, ya surgieron, bastante antes de lo previsto, señales de agotamiento en la paciencia sindical. Esos mismos dirigentes a los que desde el Gobierno se había elogiado por su "responsabilidad" -al firmar acuerdos apenas por encima del 29% oficial y nunca por encima del 35%- están dando a entender que no quieren ser la variable del ajuste.
Es así que en sectores que habían sido elegidos por el propio Alberto Fernández como ejemplo y referente de los demás gremios, como el de los bancarios que dirige Sergio Palazzo, ya surgieron problemas: la cláusula de revisión salarial podría adelantarse dos meses ante la evidencia de que no se cumplirá la "meta Guzmán".
Y se abre la incógnita de si el ministerio de Trabajo avalará un incremento que pueda quedar como antecedente para otros gremios que están en renegociación. Para colmo, un gremio de alto perfil, como el camionero del clan Moyano, acaba de avisar que no aceptará menos de un 45% en su negociación sectorial.
Claro que la paritaria que a Guzmán le importa más -porque las erogaciones salen de la caja fiscal- es la de los estatales. Y allí se logró un acuerdo favorable para el Gobierno, pero que no pudo evitar la inclusión de la cláusula de revisión. Era inevitable: una suba salarial del 35% cuando ya quedó en evidencia que la inflación del año podría llegar al 50% implicaría una pérdida real de 10% y se chocaría de frente con la promesa del ministro de promover una suba salarial por encima de los precios.
Aunque esa frase ha quedado algo devaluada por la ola de aumentos, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al explicar el acuerdo con los estatales, dijo que lo importante era el efecto de corto plazo.
"Lo importante es el impacto de los primeros meses, que es cuando se van a cobrar los aumentos. Después si hay que ajustar se ajustará, pero los primeros meses le van a ir ganando a las subas de precios", explicó el ministro.
Ese acuerdo le permite al Gobierno la seguridad de que se evitará un desborde en el gasto salarial, al menos en un período en el que todavía se puede disfrutar de cierta holgura fiscal, producto de factores extraordinarios como el boom agroexportador y el impuesto a las grandes fortunas.
Pero claro, si se generaliza en el sector privado la aplicación de cláusulas de revisión que exacerben la carrera entre salarios y precios, será difícil evitar que en el segundo semestre esa situación se contagie a los estatales.
Y, además, está el rubro jubilatorio, el que más ha sufrido la inflación, como consecuencia del cambio de fórmula indexatoria, que ha marcado una sistemática pérdida de poder adquisitivo, al punto que el Gobierno ha debido compensar con bonos extraordinarios para los beneficiarios de la mínima.
Sin embargo, la sucesión de protestas y reclamos -sobre todo ante los gobiernos provinciales- está dando la pauta sobre los límites que pueden plantearse en la continuidad de esta política.
Cavallo advierte sobre el límite
El siempre influyente Domingo Cavallo fue uno de quienes expuso el tema de manera más explícita. En un artículo sugestivamente titulado "Se acentúa el ajuste fiscal de raíz inflacionaria", señala que, entre enero y abril, el déficit fue apenas el 12% de lo presupuestado.
Y destaca que ello fue posible porque la inflación fue mucho más alta que la presupuestada. En otras palabras, insinúa que Guzmán insistió con la meta del 29% de inflación a sabiendas de que no sería cumplible, como forma de poder realizar su ajuste fiscal.
Cavallo observa que mientras los ingresos fiscales subieron 65% en el primer cuatrimestre, el gasto lo hizo en sólo 33%. "Los todavía fuertes aumentos de los gastos en bienes y servicios (76%) y el déficit de las empresas del Estado (93%) indican que el ajuste de los gastos no se produce por una reforma estructural del sector público sino de ajustes nominales de salarios y jubilaciones por debajo de la inflación, mecanismo que sólo produce efectos transitorios, difícilmente sostenibles en el tiempo".
Como ejemplo de los factores que no podrán continuar indefinidamente, destaca el rubro del gasto que corresponde a transferencias al sector privado -es decir, los subsidios a empresas reguladas, como las de electricidad, gas y agua-. Afirma Cavallo que el 28% de aumento de subsidios registrado el primer cuatrimestre se transformará en una cifra mucho mayor por la decisión política de Cristina Kirchner de mantener pisadas las tarifas.
Cambio de humor en el mercado
Lo cierto es que se instaló un escepticismo sobre la posibilidad de que ese equilibrio que Guzmán logró en el primer cuatrimestre pueda sostenerse. Por caso, un estudio de la Fundación Mediterránea apunta a que el déficit fiscal podría terminar el año en un 5,2% del PBI, como consecuencia de las complicaciones de la pandemia.
Y, para colmo, esto coincide con revisiones a la baja en materias de actividad económica. La mayoría de las consultoras descree del optimista pronóstico de Guzmán sobre un crecimiento del 7%, y hay casos, como el del IAE de la Universidad Austral, que ya pronostica un modesto rebote de 4%.
Mientras Guzmán trata de mostrar a sus interlocutores del FMI el camino virtuoso del ajuste fiscal, desde la otra vereda se escuchan cada vez más fuertes los reclamos para que se refuerce el gasto social.
No por casualidad, el ministro escribió en su cuenta de Twitter un sorpresivo elogio a los impulsores del impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Y, para que no quedaran dudas de que no había usado ese ingreso para equilibrar las cuentas, enumeró los rubros beneficiados con sus respectivas cifras.
Mencionó la compra de vacunas y material médico, el refuerzo a los subsidios del Plan Progresar, el subsidio a viviendas en barrios populares, la inversión en exploración energética y, desde ya, el refuerzo a la asistencia del Ministerio de Trabajo con los Repro que se destinan a los rubros más afectados por el confinamiento.
Con ese gesto, Guzmán envió un mensaje político: que entiende el límite a su vocación fiscalista en un contexto de emergencia social que, por si fuera poco, coincide con un año de elecciones.
Varios economistas y consultoras cercanas al Gobierno vienen machacando con el argumento de que se debe aprovechar la holgura fiscal para reforzar el estímulo estatal a la economía. Y, de hecho, la primera de todas fue Cristina Kirchner, que marcó la pauta con su comentado elogio al discurso del presidente estadounidense Joe Biden.
Entre otros documentos, uno del Centro de Estudios Sociales Scalabrini Ortiz, se asombra de que en cuatro meses del año el déficit fiscal sea de 0,2%, una parte ínfima del 4,5% presupuestado para el año.
"Dado este escenario, entendemos que hay margen para una política fiscal más expansiva con el eje en fortalecer las capacidades productivas de los sectores postergados y resolviendo las demandas sociales urgentes, generando la infraestructura social para la recuperación económica. Por último, pero no menos importante, es el mandato que la propia base social le impone a la gestión actual", señala el informe.
En definitiva, tanto desde el flanco "del mercado" como desde el costado político, se observan amenazas que pueden dificultar el objetivo de Guzmán. Hasta ahora, la paradoja de su éxito se basó en la alta inflación, pero esa misma arma puede transformarse en un boomerang.