El dilema de Kulfas, entre aliados que piden destrabar la exportación y los K que exigen "mano dura"
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2021/02/511301.jpg)
No es el mejor momento para estar en los zapatos del ministro Matías Kulfas. Los primeros relevamientos indican que tras una semana de cierre de las exportaciones de carne, los precios en el mercado doméstico volvieron a registrar aumentos.
Y mientras el ministro trata de enviar señales en el sentido de que la medida es temporaria, que tiene por objeto corregir desajustes y que no implica una animosidad contra los productores de alimentos, desde el otro extremo del Gobierno envían las señales exactamente opuestas, con la lupa sobre los balances con ganancias de las grandes empresas alimenticias.
Un escenario de mensajes contradictorios, en el que hasta ahora los empresarios parecen más proclives a pensar que, lejos de tratarse de una medida aislada, el cierre exportador de la carne puede ser apenas el primer eslabón en una nueva saga de medidas intervencionistas. Las declaraciones de funcionarios del ala kirchnerista en el sentido de la necesidad de "captar rentas extraordinarias" y de atacar la "concentración" como forma de atenuar la inflación los puso en alerta.
Del otro lado, Kulfas trata de llegar a un acuerdo que permita levantar el polémico cierre. Su principal preocupación es cortar las comparaciones con la política morenista de 2006, a la que muchos analistas señalan como culpable de haber disminuido el stock vacuno en 12 millones de cabezas. En ese período, el país perdió oportunidades de exportación estimadas en 1.500 dólares anuales y se descapitalizó en 5.000 millones de dólares, según estimaciones de Fundación Mediterránea.
Es por eso que en las recientes reuniones con productores Kulfas se centró en las medidas de control para cortar la evasión conocida como "rulo de la carne" y, además, trató de sacarles a los frigoríficos un compromiso para subir en un 60% el volumen de cortes baratos destinados al mercado interno, tales como el asado.
Pero, sobre todo, el punto que Kulfas se preocupa de dejar en claro es que no ha abandonado el objetivo de maximizar las exportaciones, sin las cuales, como le gusta argumentar, no hay dólares suficientes como para mantener funcionando el entramado industrial del país que necesita las divisas para comprar insumos y bienes de capital.
Por otra parte, el cierre de la carne contradice de modo flagrante el primer punto de los acuerdos alcanzados en la primera reunión del Consejo Económico y Social, realizada en octubre pasado, con 10 consensos básicos sobre medidas necesarias para el país. De manera explícita, el primer punto redactado por Kulfas decía "necesitamos exportar más".
Y la carne, gracias a la explosión de la demanda china -el mercado hacia el cual el año pasado se dirigieron el 75 por ciento de las 700.000 toneladas que partieron de puertos argentinos- estaba realizando un aporte a ese objetivo: se preveía ventas al exterior en torno a u$s3.000 millones de dólares para este año.
Con el cierre, desde la industria ya se quejan de que se llevan perdidos u$s250 millones y que se pusieron en riesgo 100.000 puestos de trabajo. Peor aun, la situación sirvió como excusa para que los empresarios le recordaran a la opinión pública que un 30% del precio de la carne corresponde a impuestos.
Por otra parte, los expertos del área indican que los animales que se exportan no son del mismo tipo de los que se consumen en el mercado argentino: mientras se embarcan vacas de 450 kilos (animales con mucha grasa), en las carnicerías se venden terneros engordados de 320 kilos.
Buscando la excusa para destrabar
Mientras las noticias sobre la suba de los precios de la carne -luego del cierre exportador- ocupa un lugar cada vez más central en las noticias, Kulfas extrema sus esfuerzos para obtener una excusa que le permita levantar la polémica medida.
No será la primera vez que ocurre algo similar en lo que va de la gestión Fernández. Ya había ocurrido en verano el cierre temporario de la exportación de maíz -con la excusa de que había una manipulación de los exportadores que dejaba sin abastecimiento al mercado interno-.
Fue por esos días, cuando ya era evidente que 2021 sería un año en el que se produciría una boom de precios agrícolas, que desde el kirchnerismo se comenzó a hablar sobre la necesidad de medidas que generasen un "desacople" entre el mercado interno y el global.
Y luego el Gobierno, al instaurar el régimen de cortes de carne a precios populares, repitió el argumento. Fue el mismísimo Alberto Fernández quien dijo que no habría cortes ni cupos a condición de que estuviera abastecido el mercado interno.
Ya desde ese momento quedó en evidencia una de las mayores contradicciones del Gobierno: por un lado, aspira a un robusto superávit comercial de al menos u$s15.000 millones -que gracias al boom sojero podría verse incrementado- pero, al mismo tiempo, se comenzaron a aplicar trabas, como la vuelta de los registros de exportación, que desde el campo son vistos como un mecanismo de permisos arbitrarios.
El Presidente intentó que en toda la cadena agroalimentaria se aplicara una suerte de auto-regulación, siguiendo como modelo el acuerdo alcanzado en la industria del aceite. En ese caso, los exportadores aceptaron una especie de subsidio cruzado intrasectorial, por el cual resignaban rentabilidad en favor de la industria destinada a la provisión del mercado doméstico. Pero ese caso no llegó a ser replicado en otros sectores, y ese hecho terminó convirtiéndose en una de las mayores frustraciones del Gobierno.
Fue cuando la postura confrontativa, liderada en este caso por la secretaria de Comercio, Paula Español, logró concretar sus amenazas de medidas drásticas.
Sin embargo, el ala moderada del Gobierno, tras ver las reacciones negativas en la opinión pública, otra vez está apostando a la carta de la auto-regulación. En las últimas reuniones ante el Consejo Agroindustrial Argentino se planteó -además de la preocupación por la evasión del "rulo"- la necesidad de que el sector cárnico ayude a un incremento en el consumo, que cayó a un mínimo histórico, con menos de 50 kilos anuales por habitante. En principio, los funcionarios estarían dispuestos a levantar las restricciones exportadoras si los frigoríficos se comprometieran a volcar al mercado interno cortes como asado, en volúmenes suficientes como para incidir en los mostradores de las carnicerías.
La cifra de la cual se está hablando es de 13.000 toneladas mensuales. Pero esa cifra sigue representando apenas un 6% del total del consumo nacional, por lo que hay dudas sobre si efectivamente se verá un efecto en el consumo.
La incomodidad de las críticas aliadas
Lo peor para el Gobierno es que los aliados peronistas más vinculados al campo, como los gobernadores de provincias agropecuarias -en particular Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos- han sido duros críticos de las medidas de cierre exportador.
Con lo cual, a los problemas ya existentes se le agrega una tirantez adicional en la interna oficialista, justo en un año electoral. Es algo a lo que Alberto Fernández no quiere exponerse, como ya quedó en claro desde la crisis generada por el fallido intento de estatización de Vicentin.
En esta ocasión, el santafecino Omar Perotti dejó en claro que comparte la visión de los empresarios, en el sentido de que se necesitan cambios estructurales que no pueden ser resueltos con medidas de cierre sino apuntando a una mayor producción.
"Tenemos 23 millones de vacas de cría en los campos; con solo mejorar un 10% los índices de preñez y llevarlos del 61 % al 71% tendríamos un adicional por productividad de 2.300.000 terneros, que es lo que está faltando para atender los dos frentes, el interno y externo", dijo el gobernador santafecino.
Es una visión que refleja la opinión del campo, pero lo que Perotti no dijo es que, para llegar a los resultados que él plantea, se necesita esperar al menos dos años, además de aplicar políticas de incentivos fiscales.
Según el consultor Salvador Di Stefano, en los últimos años la cría de terneros se ha tornado un negocio a pérdida -tras ser engordado, el animal se vende en Liniers a $190 el kilo, cuando el productor necesitaría $320-. Y ese desincentivo a la cría es lo que ha llevado a la suba de precios al consumo.
Plantea que la solución sería implementar exenciones impositivas que estimularan el nacimiento de nuevos terneros y que la faena se realice en animales más pesados.
En otras palabras, que se requiere tiempo y dinero, las dos cosas que el Gobierno no puede ni quiere resignar.
Los balances "sospechosos"
Lo cierto es que el principal escollo para que los moderados del Gobierno, como Kulfas, intenten una marcha atrás en el cierre exportador, están dentro de la misma coalición oficialista.
En los últimos días, lejos de dar señales de que el tema de la carne podía ser temporario y excepcional, abundaron los mensajes en el sentido de que este puede ser el inicio de una política destinada a una mayor regulación y, además, aprovechar para la captación de "rentas extraordinarias".
Por caso, entre los informes que circulan en el ambiente K se señala que durante la gestión macrista se produjo una desregulación en la industria frigorífica y que, además, aumentó la concentración entre los exportadores.
En ese sentido, destacan que las 10 mayores empresas exportadoras concentran el 75% de la venta al exterior. Pero, sobre todo, que cuando se produjo el gran incremento de la demanda china -en los días en los que Luis Miguel Etchevehere era ministro del área- se duplicaron los permisos a frigoríficos para exportar, y que esto se hizo sobre la base de un cambio en los protocolos sanitarios, en detrimento del Senasa.
Por otra parte, el ala política del kirchnerismo ha dado una fuerte señal en el sentido de que los controles a la exportación son la vía adecuada para ayudar a moderar los precios. La principal vocera de temas económicos, la diputada Fernanda Vallejos, fue explícita al respecto: "La intervención del Estado responde a un imperativo moral elemental para cualquier sociedad: garantizar el acceso a los alimentos a todos los miembros de la comunidad, un derecho humano básico consagrado en nuestra Constitución", dijo en declaraciones radiales, luego de destacar cómo la caída del consumo interno se había dado en coincidencia con un alza en la exportación.
Pero Vallejos no se limitó a hablar de la carne, sino que reclamó que se implementen subas de retenciones en otros rubros, como el maíz.
Lo cierto es que en el kirchnerismo, donde hace tiempo se está hablando de la reforma impositiva "progresiva" y el desacople de precios, ahora se está hablando de la necesidad de una mayor regulación.
Y un tema que está llamando la atención en ese ámbito es el balance de las grandes empresas alimenticias, tales como Molinos, Arcor y Ledesma. Referentes del mundo K -entre ellos Alfredo Zaiat, uno de los economistas preferidos de Cristina Kirchner- descubrieron una falta imperdonable: dieron ganancias aun en un año recesivo, con plena pandemia y en un entorno inflacionario.
Las empresas dijeron que el punto de inflexión para abandonar los números en rojo se basó en una dura política de recorte de gastos, una búsqueda en la mejora de la eficiencia y una disminución a la exposición de la deuda. Pero esa noticia, que en otros países sería celebrada como un hecho positivo, está generando sospechas entre los referentes kirchneristas, que empiezan a percibir otra oportunidad para poner en práctica el instinto interventor.