Con mayor recaudación de los granos, el déficit fiscal en abril siguió cayendo
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El Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un déficit primario de $11.445 millones. El pago de intereses, neto de intra-sector público, fue de $45.587 millones, resultando en un déficit financiero de $57.032 millones.
El SPN acumula en el año un déficit primario de $80.594 millones, el menor nivel de los últimos cinco años. A diferencia de las dinámicas observadas entre 2018 y 2019, esta disminución del déficit se apoya en la recuperación de la actividad económica y el fortalecimiento de los recursos fiscales, al tiempo que mantiene una estructura de gasto que consolida y da sustento a dicha recuperación.
Con mayor recaudación, el déficit fiscal en abril siguió cayendo
En cuanto a los gastos, descontando los extraordinarios asociados a la pandemia COVID, los mismos registran un incremento real de casi 2 puntos porcentuales. El efecto expansivo en la actividad de estos mayores niveles de gasto se ve amplificado por el incremento en la participación del gasto de capital, que casi se duplicó en los primeros cuatro meses del año (3,6% a 6,5% del gasto primario) debido a un incremento real del 68%.
Al mismo tiempo, el Estado Nacional continuó apoyando a las familias y empresas, reforzando los programas como Políticas Alimentarias y REPRO. Se espera asimismo una mayor aceleración del gasto en términos reales en el resto del período presupuestario, consistente con los objetivos de política fiscal expansiva de carácter contracíclico definidos en la ley de Presupuesto.
En el período de referencia, los ingresos totales del SPN ascendieron a $610.182 millones (+92,9% i.a.) . Los ingresos tributarios crecieron 118,7% i.a., guarismo que se explica por el impacto negativo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en 2020, que afecta la base de comparación, y la contribución de los tributos asociados al comercio exterior.
En cuanto a estos últimos, los derechos de exportación registraron una suba de 177,8% i.a., impulsados por el sostenimiento de los términos de intercambio favorables, acumulando así una recaudación acumulada en el año de 0,8% del PBI, el registro más alto desde el año 2012.
Con relación al resto de los ingresos del SPN, destaca el crecimiento de los ingresos no tributarios, que registraron una suba de 154,3% i.a. impulsada por una mayor recaudación de tasas de organismos descentralizados, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Seguros de la Nación. Por su parte, los recursos de capital registran una caída explicada por lo dispuesto en la Ley N° 27.574, que suspendió el financiamiento a la ANSES por parte del FGS para hacer frente a las erogaciones del programa de Reparación Histórica.
En cuanto a las erogaciones del SPN, el gasto primario registró una suba de 14,0% i.a., que asciende a alrededor de 46,0% si se excluye el gasto COVID correspondiente al 2020 y 2021. El rubro que más creció es la inversión de capital (+102,1% i.a. y +317,5% i.a. neto de COVID 2020-2021) - principal pilar de la Ley de Presupuesto 2021- impulsando la expansión del gasto primario.
Las transferencias corrientes presentaron una variación negativa de $39.863 millones (-16,7% i.a.), que se revierte si se excluyen los gasto COVID (+18,1% i.a.). Aquéllas con destino al sector privado (-15.7% i.a.) también arrojan un crecimiento neto de gasto COVID (+14,4% i.a.).
En este universo destacan las erogaciones en concepto de Políticas Alimentarias (+104,4% i.a neto de gasto COVID), explicado por la actualización del 50% en la prestación de la Tarjeta Alimentar a partir del mes de febrero de 2021. Además, el Programa Acciones de Empleo registró un incremento de $3.696 millones, orientado a los sectores productivos afectados de forma crítica por la pandemia. Por último, la asistencia en materia de subsidios energéticos a CAMMESA disminuyó en $4.124 millones, mientras que las transferencias correspondientes al programa Plan Gas crecieron $7.974 millones.
Por su parte, las erogaciones por prestaciones de la seguridad social ascendieron a $251.905 millones (+29,6% y 45,7% i.a. neto de gastos COVID). La dinámica en el pago de jubilaciones y pensiones se explicó por el impacto de la movilidad y el refuerzo otorgado de un bono de $1.500 a los haberes de los deciles más bajos. Por otra parte, cabe destacar la incidencia de la suma fija otorgada por única vez a los haberes mínimos en abril de 2020 que, naturalmente, influyen en la base de comparación.
Las transferencias corrientes al sector público presentan una variación negativa de $11.272 millones (-19,8% i.a.) ocasionada por un elevado nivel de transferencias en igual mes del 2020, Las transferencias corrientes al sector público presentan una variación negativa de $11.271 millones (-19,8% i.a.), que se torna positiva si se excluye el gasto COVID (+$11.000 millones; +31,9 i.a.). En ese sentido, debe considerarse el Programa para la Emergencia Provincial (2020), que desplegó un paquete de asistencia en el marco de la pandemia por el que se destinaron alrededor de $22.500 millones en abril de 2020. Por su parte, las transferencias a universidades registraron una suba de +$17.258 millones respecto a abril del 2020 producto del adelantamiento del pago de salarios a marzo 2020 que afectó la base de comparación.
En lo que respecta a gastos de consumo y operación (+26,3% i.a y +58,7% i.a neto de gastos COVID), destaca el incremento de bienes y servicios (+50,2%. i.a.) asociado en su mayoría a la adquisición de vacunas, bajo el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles (+$5.749,8 millones).
Por último, el gasto de capital registró una suba de +$24.145 millones (+102,1% i.a. y +317,5% i.a. neto de COVID). El crecimiento estuvo impulsado por una suba de la inversión de empresas públicas (+$8.340 millones), las erogaciones realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de autopistas y autovías (+$5.876 millones) y la implementación del Plan Federal Juana Manso (+$3.247 millones). Además, se observaron mayores transferencias de capital a las provincias, a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (+$1.814 millones), la Dirección Nacional de Vialidad (+$1.392 millones) y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (+$1.331 millones).