El Gobierno negó que le hayan adjudicado a Boudou un crédito hipotecario: ¿qué pasó realmente?
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El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce Jorge Ferraresi, nego que le haya otorgado un crédito hipotecario a tasa cero a Amado Boudou, luego de que el nombre del ex vicepresidente apareciera en el listado de adjudicatarios.
"Pudimos constatar que una persona se ha presentado e inscripto falsamente bajo el nombre y DNI del ex vicepresidente y gracias al trabajo de Seguridad Informática ya hemos obtenido el IP desde donde se realizó este trámite, y se ha constatado la falsedad de la inscripción", explicó Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial y autoridad de aplicación de la nueva línea de créditos Casa Propia.
Scatolini informó además que se instruyó al Banco Hipotecario "en su carácter de fiduciario para que presente la denuncia penal correspondiente" este jueves "y poder así determinar quién perpetró esta maniobra burda y esta operación que no sólo lastima el sentido común, sino que tiene como objeto deslegitimar un programa absolutamente transparente de acceso al crédito y a la vivienda".
Durante la jornada, varios medios periodísticos se habán hecho eco de la información de que Boudou, quien cumple condena en prisión domiciliaria por la causa Ciccone, había salido sorteado como adjudicatario de un crédito hipotecario oficial a tasa cero y por 30 años para construir una casa en Quilmes.
Sorteo y adjudicación de créditos Casa Propia
El martes último en la Casa Rosada el presidente Alberto Fernández encabezó con Ferraresi un acto por los sorteos de la línea de créditos Casa Propia y este miércoles se publicó un documento del Ministerio en su página web oficial, donde entre varios nombre de los nuevos adjudicatarios se observaba el del ex vicepresidente, mientras que el número de DNI que aparecía al lado coincidía con el de él.
Los requisitos de acceso al crédito incluyen ser argentino, natural o por opción, tener DNI vigente, entre 18 y 64 años de edad al anotarse, y además se debe presentar constancias de contar ingresos provenientes de trabajos formales o de la seguridad social e ingresos netos mensuales de su grupo familiar superiores a los $53 mil y no mayores de $175 mil.
No obstante, el monto de la pensión que cobra Boudou como ex vicepresidente supera con holgura los $175 mil, ya que se ubican en torno a los $400 mil.
Por eso, diputados de la UCR manifestaron durante la jornada su repudio por el crédito a Boudou y sostuvieron que "debería estar en una prisión y lo premian sacándole una casa a quienes realmente necesitan".
"Hacen barrios para la clase media que no puede acceder a viviendas y el que sale sorteado es Boudou, que tiene una pensión de ex Vicepresidente que supera los 400 mil pesos", se quejaron en un comunicado los legisladores del partido opositor.
Boudou cumple condena por la causa Ciccone en su domicilio, luego de que obtuviera mese atrás ese beneficio debido a la pandemia de Covid.
Boudou, sobre el lawfare: "La democracia no tiene destino"
El exministro de Economía y ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou participó a principio de mes de un seminario organizado por la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En una clase a través de Zoom, quien ahora cumple arresto domiciliario luego de haber sido condenado a cinco años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone, se refirió al lawfare, y dijo: "En un país en el cual la principal perseguida por el sistema es la vicepresidenta de la Nación, es una democracia que no tiene destino".
Además, apuntó contra los medios, Mauricio Macri y el camarista Pablo Bertuzzi, uno de los jueces que lo condenó en el caso Ciccone.
"En la Argentina, los tribunales se han convertido en parodias. Son lugares en los que se parodia una sentencia jurídica que convalida una sentencia mediática. La sentencia ya está dictada, ya está escrita", afirmó.
"¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lawfare? Podemos hablar de jueces que condenan a los que no tienen que condenar, o medios que publican noticias falsas y esconden noticia importantes. Yo creo que hablamos de la democracia condicionada", dijo al inicio de su exposición.
Crítica a la Justicia
Bajo el título "Casos emblemáticos de noticias falsas y guerra jurídica: el caso Boudou", el exvicepresidente criticó a la Justicia, puntualizando sobre el camarista Bertuzzi.
"El juicio de Ciccone empezó sin que siquiera llegara el expediente, porque había que hacerlo rápido en tiempos electorales. Bertuzzi dictaminó que los acusados podían no estar presentes en todas las audiencias. A los pocos días me detuvieron en otra causa, entonces me llegó una orden del señor Bertuzzi para que sea obligatorio ir a todas. Eso era recrear el escenario del castigo-espectáculo cada semana. Bertuzzi cobró con el cargo de camarista federal", dijo.
En cuanto a su condena confirmada por la Corte, dijo que el máximo tribunal, "a fines de 2020, confirmó la sentencia sin mirarla, aplicándole un [artículo] 280″ y sin "escuchar a [Julio] Maier y [Eugenio] Zaffaroni como amicus curiae".
También habló sobre su etapa previa a ser detenido y apuntó contra el juez Pablo Bertuzzi, a quien acusó de promover "el castigo espectáculo" cuando lo obligó a participar de las audiencias en el juicio en su contra por Ciccone y ordenó su detención.
"Cobró por lo que hizo, por pasear cascos y chalecos, cobró con el cargo de camarista federal. Lo venían trabajando en la famosa mesa judicial de Macri", aseguró.
Cuestionamiento a los medios de comunicación
Su exposición incluyó cuestionamientos a los medios de comunicación por la publicación de textos que denunciaron hechos de corrupción de funcionarios o empresarios allegados al kirchnerismo. Dijo que la cuestión de fondo es "qué se muestra y qué se oculta, qué escandaliza y qué no".
"Un hecho familiar en una persona es un escándalo y, en otra, quizás con más trascendencia pública ni se menciona", afirmó.
El exministro fue condenado en agosto de 2018 a cinco años y 10 meses de prisión y el fallo fue confirmado por el tribunal de Casación en julio de 2019. En agosto de 2020, el juez Daniel Obligado le otorgó el arresto domiciliario, algo que, a fines de abril, el juez de cámara Ricardo Basílico revocó. Sin embargo, el ex vicepresidente conservará ese beneficio hasta que el fallo quede firme, lo cual podría demorar entre uno y cinco meses.