Crece el poder de una exfuncionaria de Kicillof y se tensa la relación con empresas por los controles de precios
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El abastecimiento de alimentos, los precios en las góndolas y las exportaciones de carne. Todos esos frentes hoy son seguidos de cerca por la secretaria de Comercio interior, Paula Español, una funcionaria ligada a Axel Kicillof durante el gobierno de Cristina Kirchner y la cara visible hoy de las medidas más duras del Ministerio de Producción para combatir la "especulación" y domar los precios.
Formada en la Facultad de Económicas de la UBA, conoció al actual gobernador bonaerense en TNT, la agrupación que derrotó a la Franja Morada, sin poder ocupar el centro de estudiantes. Luego, durante la gestión del entonces ministro de Economía mantuvo el vínculo desde la Subsecretaría de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales y fue su asesora en la campaña de 2019. Hoy, se convirtió en una figura gravitante desde un área en la que alguna vez Guillermo Moreno fue temido por sus intervenciones.
De la mano de multas y regulaciones, la economista pasó a ejercer una creciente fiscalización sobre el sector privado en su afán por contener la inflación y evitar los faltantes de stocks. Ese protagonismo le significó una mayor exposición, pero también le granjeó el enojo del sector empresario, donde sospechan que la funcionaria de buen vínculo con La Cámpora y los movimientos sociales no reporta a su superior, el ministro de Desarrollo Productivo, Mátias Kulfas, sino que se maneja con autonomía.
En ese escenario, la cúpula de la UIA mantendrá este martes una reunión de emergencia con Kulfas para informarle de primera mano las medidas que viene adoptando la industria para garantizar el abastecimiento y, de paso, trasmitirle su malestar por el endurecimiento de los controles. "Ahí le pasaremos las críticas, la realidad es que los niveles de acopio fueron bajando en la construcción, el mayor problema es en la parte alimentaria", reconocieron dentro de la central fabril.
Este jueves se conocerá la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo y se espera que la inflación supere el 11% en el primer trimestre. Los consultores privados estiman que el mes pasado cerró en torno al 4%, una cifra que se repetiría en abril. Así, pese al ancla en las tarifas, el dólar y una pauta salarial moderada, "los precios siguen de largo" por la filtración de la brecha cambiaria, las restricciones a las importaciones y los ajustes en rubros regulados, según advirtió Eco Go.
Aunque el área de Español es una de las que más despierta preocupación en el empresariado, sus decisiones en materia de precios coexisten de hecho con otras políticas que desde el Banco Central, el Ministerio de Economía y el de Trabajo también apuntan a "coordinar variables", como planteó en su momento la vicepresidenta Cristina Kirchner, de cara a la reactivación de la economía y las elecciones de octubre.
"El control del abastecimiento es una línea del gobierno, después hay otros organismos trabajando con dólar, tasas y servicios públicos, y paritarias intentando que todas ellas convergan en el número que suponen razonable, quizás el problema es si desde afuera se ve una coordinación, pero no hay expectativa de devaluación abrupta", señaló Martín Kalos, economista y director de la consultora EPyCA.
Fuego empresario
Español encendió el alerta el fin de semana al advertir que "hay ciertos incrementos de precios que, si seguimos viendo estos movimientos especulativos no nos va a temblar el pulso a la hora cerrar las exportaciones de carne". Sus declaraciones desataron el enojo de la industria de la carne y de la Sociedad Rural, y alimentó aún más las especulaciones sobre una aparente interna con Kulfas, un funcionario que al igual que Martín Guzmán es bien ponderado entre los ejecutivos.
"Nos tomó de sorpresa porque con el gobierno tenemos buen diálogo, siempre hablando de que las exportaciones de carne genera ingreso genuino de divisas para el pais, es una expresión desafortunada de la funcionaria, a lo mejor no están empapados de la negociación directa con el gobierno y cómo se compone el valor de la carne que llega a góndola", señaló una fuente del sector frigorífico.
Esas no son las únicas señales de descontento que emergieron en las últimas horas frente a la política antiinflacionaria, uno de los frentes que amenaza con echar por tierra la meta oficial del 29% prevista por Martín Guzmán y sumarle más presión al dólar, en un escenario de mayores restricciones a la economía para contener la segunda ola de contagios y cuando la actividad todavía no termina de recuperarse del todo.
La resistencia a las medidas oficiales se hizo evidente con el duro comunicado difundido este lunes por la Cámara de Comercio de EE.UU en Argentina (Amcham) en el que reclama la derogación de Precios Máximos y el fin de todas las medidas de fiscalización. "¿Por qué el gobierno se excede en sus funciones cuando establece mediante una comunicación lisa y llana, el precio de los bienes de consumo que se comercializan bajo esta modalidad y sus respectivos aumentos?", disparó la entidad.
El programa de Precios Máximos arrancó en marzo del año pasado con 100.000 productos y hoy alcanza a unos 70.000. Desde entonces, Comercio Interior autorizó dos aumentos -uno en julio y otro en octubre-, por un total del 11%. Pero los empresarios se quejan de que sus costos aumentaron por encima de ese ajuste y piden liberar los precios para recomponer márgenes y mantener stocks.
Tiembla un acuerdo clave
En las últimas semanas, la funcionaria avanzó con la intimación a todas las empresas de los rubros comercial e industrial a incrementar su producción hasta el total de su capacidad instalada, un nuevo sistema de monitoreo de precios en las fabricantes de alimentos y la imputación a Mondelez, Bagley y Pepsico por presuntos sobreprecios. Las medidas se completaron este lunes con un código de buenas prácticas que regula la exhibición en las góndolas, los faltantes de stock y los contratos con proveedores.
La normativa firmada por Español generó rechazo en las grandes cadenas de supermercados, en donde señalan que "los antecedentes a nivel internacional establecen obligaciones recíprocas, con lo cual este texto en principio no sería un código de buenas prácticas según nuestra lectura sino un listado de obligaciones para los comercializadores". "Esto excede lo que debería ser el plexo normativo alrededo de la Ley de Góndolas", agregaron.
Por estas horas, Comercio Interior también enfrenta el desafío de continuar las rebajas de hasta el 30% en 10 cortes populares de carne, un programa que venció a fines de marzo y fue extendido por 15 días hasta este jueves. La idea de la responsable del área es extender las ofertas hasta fines de mayo y ampliar las 6.000 toneladas mensuales comprometidas por frigoríficos y supermercados, pero aún no hay reuniones confirmadas.
Los empresarios, en cambio, piden actualizar los precios en momentos que las autoridades buscan desacelerar la suba del IPC. "Las negociaciones están un poco estancadas, el gobierno quiere firmar por dos meses y estamos trabados", dijo una fuente de la industria de la carne. "Quieren que aportemos más toneladas y nosotros desde la industria ver de ajustar esos precios", agregó el empresario.
Además de la puja con fabricantes de alimentos, supermercados y exportadores, el Gobierno mantiene tironeos con otros sectores que justamente exigen un endurecimiento por parte de las autoridades. Ese es el caso de las carnicerías, que desde febrero denuncian las subas en Liniers y, como anticipó en iProfesional, pidieron en marzo el cierre de las exportaciones, una política que aplicó Néstor Kirchner en 2005, seguida por cupos desde el 2006.
La amenaza de intervenir ese mercado se conoció justamente tan solo unos días antes de que venza el acuerdo con frigoríficos y supermercados. En la última edición del programa, las autoridades reconocieron que no se cumplieron la totalidad de las 6.000 toneladas previstas, un 3% de las 200.000 que se comercializan en el mercado interno. El compromiso alcanza a 1.600 bocas de expendio de un total de 50.000 en todo el país, ya que las carnicerías y supermercados medianos y chicos no forman parte del programa.
Pese al acuerdo vigente, los cortes populares estuvieron incrementos de hasta el 27% en el primer trimestre, según un relevamiento del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (Isepci), vinculado a Barrios de Pie. Ese ritmo de subas junto con la caída del poder adquisitivo explican la caída del consumo récord en dicho período por debajo de los 50 kilos por persona, la marca más baja en 18 años.
Pero también alimentan la dinámica inflacionaria. El Banco Central publicó el viernes pasado el relevamiento de expectativas de mercado (REM) en el cual presentan los principales pronósticos macroeconómicos que realizan ciertos analistas y allí se proyecta una inflación acumulada del 46% para diciembre del 2021. Ese dato terminó de encender las alarmas dentro del Ejecutivo.