La pelea que viene dentro del Gobierno: qué hacer con los pesos "sobrantes" de la recaudación de impuestos
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Martín Guzmán se ve venir el final de la luna de miel. Había una época en la que lo aplaudían en el Gobierno pero también en las reuniones con los empresarios. Era una situación poco habitual, que el ministro disfrutó mientras duró. De un lado, se apreciaba la capacidad del ministro por volver a la paz financiera, mientras que el otro lado se celebraban las señales "ortodoxas", como su frase en prevención de un exceso de emisión monetaria.
Pero esos días quedaron atrás. Hoy, en cambio, empieza a recibir críticas de todos los costados: del lado empresario ven un empeoramiento de la inflación -y la alta probabilidad de volver a ser acusados de ser los causantes del problema-.; mientras que en el Gobierno -sobre todo en el ala kirchnerista- ven cierta timidez para avanzar con medidas que fogoneen el consumo, aprovechando la circunstancia de una mejora en la recaudación.
Algunos referentes del sector ya empezaron a referirse al tema sin medias tintas, como Juan Grabois, quien dijo que el ministro "es un fenómeno pero está equivocado" al poner excesivo foco en la cuestión fiscal y haber suspendido el IFE.
Obligado a caminar en esa cornisa estrecha, Guzmán envía mensajes. Por caso, cuando ante el debate sobre la segunda ola de contagios de Covid lo entrevistaron en televisión, planteó tajante: "Hoy la economía no podría soportar un nuevo cierre total, una cuarentena estricta como la que se implementó en marzo de 2020".
"Estamos con capacidades distintas para lidiar con la situación pura de la salud", dijo el ministro.
Guzmán no es médico, por lo que su opinión no estaba fundada en si hay o no hay riesgo de contagio en mantener abierta una fábrica o un negocio. Lo que estaba en realidad explicando es que la capacidad de soportar una política "keynesiana" en la que se duplicó la base monetaria, se congelaron las tarifas públicas y se estableció un sistema asistencial que costó más de tres puntos del PBI no es algo que pueda ni siquiera considerarse.
Y, en lo que respecta a la posibilidad de restricciones sanitarias, lo que quedó en claro es que la revisión al alza de la suba del PBI -que pasó del 5,5% a un 7% en el pronóstico oficial- está hecha sobre el supuesto de que tanto el comercio como la industria continuarán trabajando a full y sin restricciones.
Para reforzar su punto, el ministro suele destacar el dato macroeconómico más positivo que tiene hoy para mostrar: el hecho de que la recaudación impositiva está creciendo en términos reales. No solamente en la comparación con la inflación, sino también con el nivel de gasto.
Incluso los comunicados oficiales referidos al déficit fiscal ponen énfasis en que los gastos previstos van en línea con una economía en crecimiento, porque están asociados a la obra pública, lo cual implica mayor actividad y por lo tanto mayor ingreso de impuestos. En otras palabras, que es un déficit "bueno" porque es reactivante y no uno puramente asistencial, coimo el que caracterizó al 2020.
El último reporte de la recaudación tributaria es elocuente sobre la pelea que quiere dar Guzmán: es el séptimo mes consecutivo en el que el ingreso a las arcas de la AFIP crece en términos reales. Un 72% de suba nominal contra una inflación del 41% es un dato para celebrar.
Pero Guzmán sabe -y lo transmite sutilmente- que el futuro no está garantizado, porque si bien nadie duda de que la recaudación seguirá en alza -sobre todo, por la comparación con meses de recesión profunda del 2020 en la que se había desplomado la recaudación- también es cierto que hay riesgos de que esa mejora se neutralice por el lado inflacionario.
Festejo con limitaciones
La propia comunicación oficial llama a no confundir el efecto estadístico con una mejora real. Lo hace al cotejar la primera quincena de marzo 2020 -antes de la cuarentena- con la segunda.
Si se toma el dato únicamente de la primera, cuando la situación económica era más comparable a la actual, entonces la mejora en la recaudación tributaria ya no marca un impactante 22% de diferencia, sino una mejora mucho más modesta de 2,8%.
"La consolidación de esta tendencia por séptimo mes consecutivo es fundamental para fortalecer y darle previsibilidad a las finanzas públicas", afirma, dando a entender que no deben tomarse medidas que puedan alterar el plan fijado desde el ministerio de Economía.
Por otra parte, los datos de la recaudación impositiva también confirmaron algunas de las principales preocupaciones del Gobierno: sobre todo, que lo que está permitiendo la mejora son los efectos extraordinarios -y pasajeros- del boom agrícola, mientras que los ligados al movimiento del mercado doméstico vienen a una velocidad más lenta.
El ingreso fiscal por retenciones a la exportación fue la estrella, con una suba nominal de 145%. Pero los economistas advierten que este es un típico componente estacional. Y que en el mejor de los casos mantendrá su efecto hasta junio, si es que los precios internacionales siguen en los mismos niveles altos de hoy y no aparecen "cisnes negros" en el escenario -de hecho, corrió frío por la espalda de muchos funcionarios con la devaluación en Turquía que amenazó con un efecto en cadena-.
Pero cuando se miran los números con lupa y se analiza no solamente su recuperación porcentual sino su volumen, entonces la conclusión es que los sojadólares por sí solos no tienen la capacidad de sostener la recaudación.
De hecho, los $71.000 millones que ingresaron por derechos de exportación representan la mitad de lo que entró por el rubro de impuesto a las Ganancias y un tercio de lo recaudado por el IVA.
Y en esos dos rubros la situación no luce tan promisoria. En cuanto al IVA, la mayor variación es la que corresponde a la que se cobra a nivel aduanero -un aumento de 127% interanual-, que solamente puede sostenerse si el Gobierno no debe incurrir en una represión a las importaciones, una conducta que viene insinuando como forma de garantizarse un saldo de balanza comercial que le deje 15.000 millones de dólares al Banco Central.
En cambio, cuando se analiza el IVA que cobra la DGI, es decir el que corresponde al comercio interno, la mejora es mucho más modesta: una suba de 7%, lo cual confirma lo que todos los comerciantes ya sabían: que a pesar del rebote en la producción, todavía no se ha llegado a una situación que impacte en las ventas al público.
Además -esto no lo dice Guzmán pero sí los economistas- el alivio en Ganancias para los asalariados de más de $150.000 no será "fiscalmente neutro" como prometió el Gobierno. Y es un rubro que representa casi un 20% de la "torta" recaudatoria.
Se viene la pelea por la recaudación "sobrante"
Lo cierto es que el mensaje de Guzmán es deliberadamente ambiguo: por una parte, celebra el aumento en el ingreso de la AFIP como una prueba de que la situación está mejorando. Pero, por otra parte, advierte que todavía hay muchas fragilidades como para pensar en que se puede echar mano a esos recursos con finalidades políticas.
Pero del otro lado también hacen cuentas, y ven que todavía habrá marten para cierta posición cómoda en la caja fiscal, por ejemplo cuando empiece a notarse el impacto del nuevo aporte extraordinario de las Grandes Fortunas. Si todo sale de acuerdo al plan oficial, podrían ingresar unos $300.000 millones extra.
En los últimos días, economistas cercanos al kirchnerismo están argumentando que Guzmán debe aprovechar los mayores ingresos que obtendrá el fisco -en el marco de la recuperación económica- para implementar un masivo plan de asistencia a la población en situación de vulnerabilidad.
Por caso, Alfredo Zaiat, uno de los economistas que más influyen sobre Cristina Kirchner, dijo que la revisión al alza del PBI implicará que habrá un ingreso fiscal superior al previsto originalmente, y que esos pesos deben ser usados en programas sociales, sin caer en la tentación de reprogramar el déficit fiscal a la baja.
Así, los mensajes sobre qué es lo que se puede hacer van y vienen. Guzmán aprovecha cada uno de estos comunicados -el de la situación fiscal, el de la recaudación de impuestos, el de las licitaciones para renovar la deuda del Tesoro- para enviar un mensaje a la interna del Gobierno: que las cosas van a seguir mejorando en la medida en que no aparezcan elementos que alteren el plan.
Esto es lo que llevó a dar mensajes claros en el sentido de que los programas asistencialistas como el IFE y el ATP no podrán volver, aun cuando el reciente dato sobre pobreza e indigencia siga mostrando un deterioro social preocupante.
Su coequiper del Banco Central, Miguel Pesce, lo puso en números: durante el 2020, el 64% de la asistencia del BCRA al Tesoro se explica por la necesidad de financiar los gastos generados por la pandemia. Hablando en plata, las necesidades fiscales para financiar la asistencia llegaron a $1,13 billón.
Pero la transferencia que hizo Pesce a Guzmán fue mayor aun que esa cifra: llegó a $2 billones. Según calculó el propio Pesce, el dinero circulante aumentó un 52% en términos nominales.
Pero es una situación que Guzmán ya advirtió que no quiere repetir. Una cosa era depender de "la maquinita" en un año en el que la economía estaba poco monetizada y además la gente se guardaba los pesos en el bolsillo, y otra cosa es hacerlo hoy, cuando el riesgo de que la emisión de traduzca en inflación es mucho mayor.
De hecho, economistas afines al kirchnerismo admiten que no hay mucho margen para seguir presionando por ese lado: se estima que en una economía bimonetaria como la argentina, el máximo de pesos que pueden circular sin que empiece a generarse tensiones financieras es un 30% de la economía, y ya se está cerca de ese límite.
El mensaje del ministro es que, para no depender de una mayor emisión, necesita que se cumplan dos condiciones: una es dar seguridad de que su meta fiscal será respetada; y la otra es sostener una paz cambiaria que le permita seguir "roleando" la deuda en pesos con financiación genuina del mercado.
Para que estos cometidos se cumplan, el Gobierno tiene que contener sus instintos de expansión del gasto, que harían perder credibilidad al plan.
Las tarifas, un botón de muestra
Pero Guzmán no lo va a tener fácil. Una prueba de ello es el debate sobre las tarifas. Mientras el ministro insiste en que el subsidio a los servicios públicos no puede superar la cifra presupuestada de 1,7% del PBI -una forma indirecta de pedir que haya incrementos en torno del 30%, el kirchnerismo no está dispuesto a que se apruebe nada por encima del 7%.
Algunos argumentan con dureza en contra de la postura de Guzmán, como la diputada Fernanda Vallejos -una de las más cercanas a Cristina Kirchner-, quien en la audiencia pública por las tarifas dijo que quienes criticaban la política tarifaria de la gestión kirchnerista tenían una mirada fiscalista según la cual los subsidios generaban inflación.
Apuntó que esa visión era "parte del ideario monetario neoliberal, compartida por la versión más edulcorada que expresan los neokeynesianos". Una alusión, esta última, que parecía describir al propio Guzmán.
Y argumentó que la prueba de que esa postura era errónea fue que, cuando la gestión macrista decretó los "tarifazos", ese fue uno de los factores que impulsaron la inflación.