El Gobierno, golpeado por el dato de la pobreza, ya revisa las prioridades del plan económico
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Hay una fecha marcada en rojo en el comité de estrategia del kirchnerismo: el 30 de septiembre. Ese día el Indec publicará el nuevo dato de pobreza e indigencia, y coincidirá con el cierre de la campaña electoral para las legislativas.
Si en algo hay acuerdo dentro del Gobierno es que, pase lo que pase, no pueden permitirse otro impacto negativo como el de la reciente publicación del 42% de pobreza con 10,5% de indigencia.
Lo que implica que, cada vez de manera más abierta y con menos disimulo, se escuchen cuestionamientos hacia la conducta "moderada" que el ministro Martín Guzmán está aplicando al plan económico.
Ya las primeras voces críticas se habían escuchado ante iniciativas como el alivio en Ganancias, que impacta sobre todo en la clase media. Al decir de Artemio López, un referente histórico del kirchnerismo, "es una medida dirigida a la crema de los asalariados pero que le resulta completamente indiferente al 80% del votante kirchnerista".
"Llegamos al extremo de carencia en que en un hogar tipo en que se perciben dos salarios mínimos y dos AUH, tampoco logra superar la línea de pobreza. Una calamidad por donde se lo mire", advirtió López en un artículo sugestivamente titulado "El tiempo pasa".
Ese alivio a Ganancias -que costará en términos fiscales no menos de $48.000 millones, supuestamente compensables con un incremento en el consumo y con un mayor castigo impositivo a las pymes- no deja contentos a los que ven la elección legislativa con más sentido estratégico.
Ya hay un antecedentes, el de las legislativas de 2013, en el que Cristina Kirchner, después de un mal resultado en las PASO de agosto, aceptó las presiones de su entorno para aliviar Ganancias, pero el resultado fue que en octubre perdió por una diferencia mayor.
Es por eso que las cifras difundidas por el Indec ponen una nota de alarma. En el conurbano bonaerense, donde residen 10 millones de personas y donde el kirchnerismo tiene su bastión electoral, el índice de pobreza ascendió a un pavoroso 51%, lo que implica una suba de 10 puntos porcentuales en apenas un año, algo que no sólo afecta al Gobierno a nivel nacional sino también a la imagen de la gestión de Axel Kicillof.
La hora de las chicanas
Por cierto que no es un momento cómodo, políticamente hablando. Por un lado, el Gobierno debe soportar las chicanas de la oposición, que comparan los nuevos números con el 35% de pobreza que había dejado la gestión macrista -y que en su mejor momento, hacia el final de 2017, había logrado bajar el índice a 25,7%-.
Ahora, no sólo se cuestiona el argumento de la "herencia macrista" sino que hasta se pone en duda que el impacto de la pandemia haya tenido la gravedad que Alberto Fernández le asigna.
Muchos dirigentes recordaron que, al inicio de la cuarentena, el Presidente había planteado que tenía una dicotomía que lo obligaba a elegir entre salud y economía, pero las cifras muestran que hubo retrocesos en los dos rubros.
Por caso, el diputado Luciano Laspina afirmó: "Con datos en la mano, podemos afirmar que la estrategia económico-sanitaria del gobierno estuvo entre las peores del planeta: 10% de caída del PBI; 42% de pobreza y 10,5% de indigencia; 15% de desempleo efectivo; un millón de empleos perdidos; tasa de mortalidad en el top 20 con 125 muertos cada 100.000 habitantes".
Y, por otra parte, en las redes sociales proliferan las ironías y sarcasmos sobre iniciativas como "La Mesa Nacional contra el Hambre", que se había fijado un plan urgente para llevar al hambre al nivel cero.
También hubo recordatorios para todos los personajes públicos que durante el gobierno macrista se mostraban compungidos -periodistas que lloraban ante las cámaras de TV, activistas sociales que acondicionaban estadios de fútbol para dar cobijo en el invierno a quienes estaban en situación de calle- y que ahora no muestran la misma actitud.
Además, claro, de la chicana preferida de Mauricio Macri, en respuesta a las promesas de campaña de Alberto Fernández: "Les prometieron asado y la heladera llena pero hoy el asado no existe y la heladera la están empeñando".
Los fríos números no le dejan al gobierno mucha posibilidad de respuesta: en el país de la carne, el consumo per capita cayó a un mínimo histórico de 50 kilos anuales por habitante, lo cual resulta inferior aun al momento más crítico del colapso económico del 2002.
Para peor: malos pronósticos sobre salario
La publicación del dato del Indec dejó en evidencia que el discurso oficial recibió un duro impacto. Para empezar, porque los funcionarios, anticipando la mala noticia, venían tratando de compensar con datos positivos sobre la reactivación económica, lo cual llevó a que el pronóstico oficial de crecimiento del PBI -originalmente de 5,5%- fuera revisado al alza hasta un 7%.
Pero claro, estas predicciones estaban ligadas a una serie de condiciones que hoy -con el temor a una devastadora segunda ola del Covid- nadie está en condiciones de asegurar: como por ejemplo, que la industria y el comercio sigan funcionando "a full" y que no vuelvan las restricciones a la movilidad de la población.
El Gobierno delegó en el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, las explicaciones del caso. A modo de consuelo, destacó que, de no haber sido por las medidas de asistencia adoptadas durante el peor momento de la cuarentena, la indigencia -es decir, aquellos a los que no les alcanza el ingreso para cubrir el alimento diario- podría haber alcanzado un 27%.
Y destacó un detalle que, en teoría, pone una esperanza de mejora a futuro: el factor central que explica la pobreza ya no es la pérdida masiva de empleo -un rubro en el que se viene mejorando, más que nada en la economía informal- sino en el excesivo precio de los alimentos. En otras palabras, que a medida que se contenga la inflación, se debería ver una mejora drástica en los indicadores sociales.
Pero ese argumento, que Arroyo pretendió que resultara esperanzador es, precisamente, el que más preocupación está causando. La inflación no sólo no da muestras de desacelerar, sino que, para colmo, los precios de la canasta alimentaria van evolucionando por encima del promedio. Ya pasó en febrero, cuando los alimentos tuvieron una suba del 3,8% sino que la situación se podría repetir en marzo, cuando según los cálculos de consultoras privadas, hay al menos una suba de 3,7%.
Lo cierto es que el pronóstico de Martín Guzmán sobre una inflación de 29% para todo el año ya casi cayó en el descrédito. Hay economistas que están previendo que en abril nuevamente la inflación se ubicará en torno de 4%, lo cual dejaría un acumulado de 16% para el primer cuatrimestre.
Esto obligaría a que en el resto del año hubiera una inflación mensual promedio de 1,5%, un nivel que únicamente se vio durante los meses más recesivos del 2020 y que obligarían a una fuerte contracción monetaria.
Para peor, los pronósticos de los economistas hacen prever una situación de empeoramiento en el poder adquisitivo, exactamente en contra de los postulados marcados por Cristina Kirchner y de la promesa de Guzmán sobre una mejora en los salarios.
Dado el nivel en que se están firmando la mayoría de las paritarias -algo por encima del 30%-, la tendencia actual hace prever una caída justo para cuando se estén realizando las PASO.
"Los salarios de los trabajadores registrados podrían estar creciendo 5 puntos por debajo de la inflación en los meses cercanos a las elecciones. Aunque es verdad que muchos acuerdos salariales tienen cláusula de revisión, también es cierto que la mayoría de ellos son a partir de septiembre", destaca la firma Consultatio.
Y la cosa puede ser peor para los jubilados, dado el cambio de la fórmula indexatoria, que ahora ya no sigue a la inflación sino que incorpora como factor de cálculo la recaudación tributaria. Un informe de la Fundación Mediterránea prevé que si, como la mayoría del mercado cree, la inflación se ubica cerca del 50 por ciento, el resultado será que las jubilaciones podrían tener una pérdida real que podría superar los 10 puntos.
El replanteo de las prioridades
Ante esa situación, ya se está viendo recrudecer un debate interno en el gobierno, donde el ala más radical, ligada a Cristina Kirchner, plantea una redefinición de las prioridades.
Las principales críticas internas coinciden, curiosamente, con las que se hacen desde el sector más liberal: que los sistemas de precios máximos y los controles a la cadena comercial se han revelado ineficientes ante la inflación.
Claro que las soluciones difieren. Mientras los ortodoxos ponen el foco en bajar el déficit fiscal, desde el kirchnerismo se cree que el problema principal es cómo lograr el "desacople" entre el precio interno de los alimentos y el precio internacional, donde se vive un boom de materias primas agrícolas.
Esto, traducido a medidas concretas, puede implicar aumentos de retenciones a la exportación, el establecimiento de cupos, la implantación de subsidios cruzados desde los exportadores a la industria local, mayores niveles de control y una larga serie de medidas muchas probadas, con éxito discutible.
Sin embargo, en varios sectores, sobre todo el agro, se percibe cierta resignación a que habrá una mayor "mano dura", destinada a regular cada eslabón de la cadena. El propio Alberto ya dejó en claro que su intención es que haya una autoregulación que tome como modelo al acuerdo del sector aceitero, en el que los exportadores subsidian a los fabricantes del mercado doméstico.
Aun así, los más radicales del kirchnerismo creen que esas medidas no alcanzarán. Lo que está en cuestionamiento es la sustitución de los planes de asistencia monetaria directa que se había implementado en 2020 por nuevos tipos de planes que exigen una contrapartida de servicio laboral. Desde el punto de vista fiscal, el recorte supone un ahorro de dos puntos del PBI, pero también supuso que nueve millones de personas dejaran de recibir la ayuda.
Para colmo, sectores disidentes del peronismo, como el que lidera Guillermo Moreno, planteó que el Gobierno está errando el modelo. Y castigó con cifras tales como que el hubo una suba de 49% en locales comerciales vacíos, un aumento de 23% en cheques rechazados y, además, cuestiona el número oficial de desempleo, al que ubica en 16,5%.
Todo esto lleva a que los economistas ligados al oficialismo están planteando que el Gobierno, en algún momento, tendrá que decidir si mantener el relativo orden fiscal que le ha permitido a Guzmán mantener la paz financiera y negociar con el FMI, o si deberá volver a usar sin timideces las herramientas "keynesianas" para fomentar el consumo. Lo cual incluye la emisión monetaria y también una mayor presión impositiva sobre el sector productivo -que ya suporta un nivel récord de 30% sobre el PBI-.
Por otra parte, cada vez está más en duda el objetivo del ministro Guzmán de mantener los subsidios energéticos en 1,7% del PBI, para lo cual habría que descongelas las tarifas y aceptar subas acordes con los mayores costos. Mientras las empresas piden subas tarifarias en torno al 30%, en el kirchnerismo piensan en topear las subas en menos de la mitad de esa cifra.
Esta situación lleva a que se esté pensando en medidas adicionales de asistencia, que utilicen como financiamiento la "captación de rentas extraordinarias" de los sectores más dinámicos de la economía.
Es una política en línea con el mandato de Cristina Kirchner, que había advertido que el crecimiento económico del 2021 no podía quedar en manos "de tres o cuatro vivos" y que el motor de la economía debía ser el consumo.
El calendario electoral corre y si algo tiene en claro el Gobierno es que no puede permitirse que, sobre el cierre de la campaña, otro dato negativo sobre la pobreza le pegue en la línea de flotación de su "relato".