La "gran caja" de dólares sostiene al modelo: ¿un plan con puntos débiles?
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Todo el plan económico del Gobierno para sostener la estabilidad hasta las elecciones legislativas de octubre está basado en una premisa: que habrá un gran superávit de la balanza comercial, en el orden de los u$s15.000 millones. Y parecía que era un logro que se podría conseguir, gracias al inesperado boom global de productos agrícolas como la soja.
Originalmente, el presupuesto de Martín Guzmán preveía una suba de 10%, pero el boom de los commodities en el mercado internacional llevaron a una revisión al alza de estos números, al punto que hay analistas, como la consultora Abeceb, que no descartan una suba tan alta como del 19%. Eso llevaría la exportación total hasta los u$s65.000 millones, garantizando un saldo comercial de la balanza de u$s16.200 millones, un colchón lo suficientemente amplio como para ayudar a la estabilidad del tipo de cambio durante el año.
Sin embargo, también es cierto que están apareciendo algunas amenazas que dejan una nota de duda sobre si el optimismo está justificado. En los primeros meses del año se notaron altos saldos comerciales, que en parte están explicados por las complicaciones de fin de año: como existía el temor de una devaluación, se habían adelantado compras y pospuesto ventas, de manera que ahora se está disfrutando de esos respectivos "colchones".
Pero ahora empieza el momento en el que se espera el ingreso masivo de los dólares por la nueva cosecha. Y los productores no están mostrando un cambio respecto de su habitual actitud cautelosa, aun cuando el precio global los favorezca.
En una reciente videoconferencia, el consultor Teo Zorraquín destacó que se sigue percibiendo un marco de incertidumbre y que la estrategia de negocio "se está clonando de la del año pasado, porque la cuestión de fondo es que nadie quiere guardarse más pesos de los imprescindibles. De manera que las ventas van a ser en dosis homeopáticas, según las necesidades de caja".
En todo caso, todo indica que las liquidaciones mantendrán su estacionalidad tradicional, lo que implica que después de un segundo semestre relativamente desahogado, las divisas empezarán a escasear y el Banco Central ya no tenga las facilidades actuales para seguir comprando.
Por otra parte, desde la región están llegando malas noticias que afectan al rubro de exportaciones industriales, sobre todo a los autos: Brasil, principal destino de esas ventas, acaba de revisar a la baja por cuarta vez consecutiva su previsión de crecimiento del PBI, que ahora se ubica en 3,18 por ciento.
De hecho, ya aparecieron señales inquietantes en los últimos números del comercio bilateral. En febrero, el renglón de la industria automotriz mostró un número deficitario mostraron una disminución de u$s71 millones mientras las importaciones crecieron u$s96 millones respecto del mismo mes del año anterior.
Economías regionales y la insólita falta de mano de obra
Uno de los problemas más llamativos está vinculado a las llamadas "economías regionales", como suele denominarse a los cultivos de volumen relativamente menor en comparación con los grandes rubros tradicionales -como la soja, el maíz y el trigo- y que están circunscritpos a una zona geográfica en particular. Los casos típicos son la actividad vitivinícola, la aceituna, la yerba, el tabaco y las frutas dulces y cítricos.
Son rubros que en el 2020 habían sufrido una dura caída, en consonancia con el deterioro de toda la economía. Un informe de la Fundación Mediterránea marca que en 21 de las 24 provincias se registró una caída de exportaciones en términos de volumen, la situación más grave registrada en 27 años.
Nicolás Torre, uno de los autores del informe, indica que a diferencia de otros momentos en que se había producido un desplome exportador como consecuencia de distorsiones cambiarias, en este caso el problema obedeció más bien a las dificultades logísticas provocadas por la pandemia. Y prevé que para este año podría haber un rebote.
Sin embargo, en estos días también se escucharon algunas voces de preocupación, ligadas a trabas regulatorias.
El caso típico que se está denunciando suena a paradoja: en un momento en que el país enfrenta un incremento del desempleo, los productores tienen grandes dificultades para conseguir trabajadores zafrales, y alegan que esa situación es provocada por el propio Estado, ya que si un trabajador está percibiendo un programa de asistencia social, corre el riesgo de perderlo al tomar una actividad laboral temporaria.
La situación ya se venía denunciando desde el año pasado, pero llegó a su manifestación más evidente en este inicio de año. Un comunicado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa denuncia que ese desincentivo "ocasionó que producciones como la cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, las pomáceas, el té y el olivo, entre otras, hayan sufrido una baja en la productividad, una elevación de costos e, inevitablemente, una disminución de rentabilidad".
Y denuncia, además, que un sistema propuesto desde el Gobierno para "empalmar" la asistencia estatal con el trabajo zafral nunca dio resultó eficiente en términos operativos.
"Las economías regionales de CAME no cuestionan la ayuda que el Estado brinda a los más necesitados, pero sí coinciden en que no debería ser un escollo para el normal desempeño de la actividad, responsable de garantizar la mesa diaria de los argentinos", señaló el comunicado, drástico en este punto.
Y a esta situación se agrega el hecho de que, por esa escasez de mano de obra, la contratación tiende a un mayor costo que muchos productores no están en condiciones de asumir.
"Hay una mezcla de causas, porque también está el desincentivo del empresario para contratar, dadas las regulaciones crecientes y el temor a contratar a alguien a quien no se puede despedir y costear la indemnización en el marco actual", advierte Torre, de la Fundación Mediterránea.
Los números parecen darle la razón: según los cálculos de los productores, la incidencia de la mano de obra tiene una incidencia de no menos de 45% y de hasta un 75% en los costos de la actividad.
La consecuencia de esta situación es que hay una escasez de mano de obra que lleva a que en actividades como la aceituna haya una cosecha menor a la esperada, o que parte del producto deba procesarse como aceite para no perderse.
Anteriormente se habían denunciado situaciones similares en rubros como la uva y en diversas frutas, lo que llevó a pequeños productores a denunciar la inviabilidad de la actividad para quienes no posean la posibilidad de grandes economías de escala.
Entre regulaciones, dólar y Covid
Es cierto que no todo son quejas: el año empezó con la noticia positiva de la eliminación de retenciones para las exportaciones de economías regionales. Un dato relevante porque en algunas de estas actividades la exportación puede llevarse hasta un 80% de la producción.
Sin embargo, los empresarios advierten que esta situación no compensa por otras distorsiones de la economía, básicamente en el sistema tributario que superpone gravámenes en los niveles nacional, provincial y municipal.
Otro típico tema de queja está derivado de los controles de precios en los diferentes eslabones de la cadena, que hace que aquellos sectores con márgenes de rentabilidades más finos se quejen de los incrementos de costos como la logística. Este fue uno de los grandes conflictos del verano, sobre todo porque, a su vez, los empresarios transportistas realizaron protestas con corte de ruta para denunciar que tienen tarifas reguladas mientras algunos de sus insumos, como los neumáticos, llegaron a duplicar su costo en un año.
Pero a todas estas amenazas se agrega otra, que todavía no está visible pero amenaza con tornarse grave: el retraso cambiario. Es un problema que los productores conocen muy bien por antecedentes históricos cercanos. Entre los años 2012 y 2013, por ejemplo, cuando la política de "flotación administrada" del kirchnerismo tornaba imposible para ciertos productos la competencia en el mercado internacional, se producían las clásicas imágenes de frutos pudriéndose sin que nadie se tomara el trabajo de la recolección, dado que no resultaba rentable.
Los productores más combativos han llegado en años más recientes a métodos de protesta como el ofrecimiento gratuito de su producto en el centro de Buenos Aires, para denunciar su situación.
Los funcionarios del equipo económico sostienen que, en este momento, se está lejos de ese riesgo de retraso cambiario. Sin embargo, las previsiones no lucen tranquilizadoras: el ministro de economía, Martín Guzmán, prometió un plan una devaluación del dólar oficial en el orden del 24%, con una inflación del 29%.
Claro, hay un problema: mientras la mayoría sí cree en la meta cambiaria, dado que de ello depende la estabilidad financiera y- por consiguiente, la suerte electoral del oficialismo-, nadie cree que la inflación se ubique por debajo del 45%. En definitiva, el riesgo de una pérdida de competitividad internacional para los exportadores.
No será un problema para los sojeros, que cuentan con un margen alto de rentabilidad. En cambio, cuando se hila fino en las economías regionales, ese efecto cambiario puede implicar que haya sectores con riesgo de entrar en rentabilidad negativa.
Si se toma en cuenta el antecedente del 2020, rubros como la oliva, el té y el tabaco aparecen entre los más amenazados.
Y, además, se agregan los problemas derivados de la pandemia. "Para los productores de manzanas de Río Negro, por ejemplo, el hecho de que haya un cierre en la frontera con Chile va a ser un golpe tal vez mayor que una eventual pérdida de competitividad cambiaria", apunta Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.
En definitiva, los pronósticos por ahora siguen siendo optimistas, pero están basados en una serie de factores que, con el correr del año, irán perdiendo su efectividad. Es ahí donde entra la clásica inquietud de los importadores: que terminen siendo ellos la variable del ajuste si el objetivo del saldo comercial llega a entrar en peligro.