Guzmán ya tiene un plan para acoplar la campaña de Cristina Kirchner a las exigencias del FMI
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Por una extraña coincidencia, el ministro de Economía es considerado el más "ortodoxo" del Gobierno tanto por el kirchnerismo como por la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA). El mote revela la ambigüedad que encierra la figura de Martín Guzmán, un albertista bajo el "fuego amigo" de funcionarios alineados con Cristina Kirchner y aplaudido por los por los principales CEOs del país.
En ambos casos, paradójicamente, por su enfoque para reducir el déficit fiscal, controlar los precios y negociar con el FMI. La interna por las tarifas volvió a ubicarlo en el centro de la escena.
Por estas horas, Guzmán busca avanzar en un esquema de transición para revisar las tarifas de los servicios públicos con incrementos segmentados en promedio del 30%, después de su congelamiento durante el año pasado.
Su objetivo es reducir el peso de los subsidios y garantizar el déficit fiscal previsto del 4,5%, un plan que incluye el ajuste en marcha de la emisión monetaria. El ministro tocará estos temas con la misión del Fondo en Washington el próximo 20 de marzo, con el objetivo de cerrar en mayo un nuevo programa de financiamiento para pagar la deuda de u$s44.0000 millones.
Pero primero deberá resolver el frente interno con el titular del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal. El exasesor del ministro de Planificación Julio De Vido y hombre de confianza de Cristina Kirchner impulsa un aumento con un tope del 10% para lograr tarifas "justas y razonables", mientras las distribuidoras piden un alza del 58%.
En otras palabras, el Estado debería seguir haciéndose cargo de parte del costo de la energía de los usuarios -hoy cubre un 60%-, una cuenta que orilla los $133.000 millones, según informó este lunes la secretaría de Energía, encabezada por Darío Martínez.
La respuesta de Guzmán es que la reducción del déficit fiscal "no es de derecha", un planteo respaldado por el Presidente. "Néstor Kirchner era un obsesivo de lo fiscal, hoy frente a unos amigos cuando tenemos que explicar que hace a la sostenibilidad de la economía parece algo novedoso", dijo la semana pasada Alberto Fernández, dando cuenta de las tensiones internas. Las tarifas fue además uno de los ejes de su discurso en la apertura de sesiones del Congreso, en donde anunció un proyecto para declarar la emergencia en los servicios públicos y regulados que permita "desdolarizar" la energía.
Las advertencias de Bernal generan malestar en Casa Rosada, donde leen los informes del observatorio OETEC que dirigía el bioquímico de la UBA hasta hace poco. Su alto perfil y su modo "petulante" -aseguran- no es habitual en un técnico de un ente regulador.
Coinciden con él en que hay que buscar un equilibrio, pero sin recaer en la política energética de Cristina Kirchner ni la de Mauricio Macri. "No podés poner las tarifas en niveles astronómicos como Macri, pero tampoco pisarlas excesivamente, como pasó con el devidismo", explicaron fuentes oficiales. La solución albertista sería la búsqueda de un punto medio.
Economía, en modo electoral
En el Ejecutivo, reconocen que hay una puja entre las urgencias electorales y la estabilización de la economía. Después del triunfo electoral de 2019, la emergencia llevó a una expansión del gasto. Sin acceso a los mercados externos, se recurrió a una mayor emisión para sobrellevar las restricciones y a la colocación de letras y bonos -en algunos casos a altas tasas- para financiar el déficit. Luego, ante las presiones sobre el dólar y la inflación, se recortaron subsidios y se modificó la fórmula jubilatoria, que en marzo arrojó un aumento inferior a la inflación.
Ahora, la aceleración de la campaña reabrió el debate sobre el ritmo de negociación con el Fondo. Mientras Guzmán busca apurar las tratativas, el kirchnerismo plantea postergarlas para después de las elecciones.
"Las presiones son típicas en estos años entre quienes pretenden dar mas rienda suelta al gasto público para lograr una recuperación sustanciosa, mostrar números y dar esperanzas de cara a las elecciones, y contra eso aparece una racionalidad fiscal para manejar un déficit bastante abultado", señaló el director de EPyCA consultores, Martín Kalos.
El discípulo de Joseph Stiglitz recogió el mes pasado aplausos de los principales ejecutivos del mundo empresario, en donde le asignan la misión de "normalizar" la economía frente al ala oficial que impulsa controles para bajar la inflación y "piensa en las elecciones".
Puertas adentro de la Rosada, coinciden con La Cámpora en que las tarifas fueron un factor clave en la derrota de Macri en 2019. El proyecto de Ganancias cedido a Sergio Massa sería el indicio de otra lección: el fracaso de Scioli en 2015. Las dos iniciativas apuntan a su modo al mismo electorado: los ambivalentes y reacios sectores medios. Las diferencias surgen a la hora de hacer las cuentas.
En el bloque de Máximo Kirchner despliegan otro argumento para pisar tarifas y dólar. Además de garantizar "derechos sociales", creen que las metas de Economía meterían mayor presión a los precios, que en febrero subieron 3,6%, un nivel inferior a enero pero aún elevado. "Uno de los objetivos de la política económica junto con el crecimiento de salarios y como condición para ello, es la reducción de la inflación. Y sabemos que los precios fundamentales de la economía, como el tipo de cambio y las tarifas, son determinantes para el éxito de la disminución de la inflación", dijo a iProfesional la diputada oficialista Fernanda Vallejos.
Con todo, la disputa no parece encajar en una pelea entre un ala pro "consumo" y otra "fiscalista". Guzmán sostiene que los subsidios a la energía se pagan con "deuda, emisión o más impuestos". Desde esa perspectiva, un menor aumento de tarifas podría terminar impactando en forma indirecta sobre los bolsillos de los usuarios. Por otra parte, YPF no estaría contribuyendo a la cruzada antinflacionaria. Pablo González, el nuevo presidente de la petrolera y exvicegobernador de Santa Cruz durante la primera gestión de Alicia Kirchner, puso en marcha un aumento del 18% en las naftas para los próximos tres meses.
La estrategia de Guzmán
Las tensiones por el déficit, la deuda, las tarifas y el tipo de cambio son síntomas de una negociación abierta por el manejo de los recursos en un año electoral. El titular de Economía no es el único que decodificó las presiones. Las miradas también apuntan al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el encargado de autorizar la reasignación de partidas presupuestarias, una herramienta prevista por el artículo 11 del Presupuesto 2021 y la reforma de 1994.
El pedido del cristinismo apunta justamente a pasar la tijera en otras áreas para destinar los recursos faltantes a la secretaría de Energía, encabezada por Darío Martínez. No sería la primera vez.
El Ejecutivo debió revisar sus propios números en noviembre pasado cuando Máximo y Sergio Massa reasignaron fondos y ampliaron gastos en obras por casi $300.000 millones, casi un punto del PBI. Tal como anticipó entonces iProfesional, las incorporaciones modificaron la torta prevista por el ministro, pero sin incrementar el déficit del 4,5%, ya que en algunos casos se crearon impuestos o disminuyeron partidas – por ejemplo, se les quitó fondos a las provincias para redirigirlos a AYSA y el Ministerio de Transporte-, mientras que en otros se autorizó a Cafiero a financiar nuevas obras -de la secretaría de Energía, en su mayoría- mediante el recorte de créditos aprobados en otras partidas.
La incógnita es si el FMI autorizará un sostenimiento de los subsidios mediante la reasignación de partidas. Guzmán cree que sí por dos motivos. Por un lado, el Fondo no tendría la espalda suficiente para exigir un recorte fiscal audaz, a la luz del resultado de la gestión de Macri y la aparente tolerancia del G20 a la expansión del gasto por la pandemia. Por otra parte, Kristalina Georgieva quiere ver sus "cartas", sin importar tanto cómo lo hace. "Lo importante para el Fondo es que haya un equilibrio fiscal razonable, no creo que se meta en si lo lográs de una manera u otra", aseguran fuentes oficiales.
Hay una certeza: el marco regulatorio seguirá en suspenso hasta tanto se defina el régimen transitorio de tarifas y el mecanismo de segmentación, un escenario de indefiniciones que podría extenderse hasta octubre. Eso sí, en el interín habrá retoques y se mantendrá la emergencia energética declarada en diciembre de 2019.