Extranjeros con antecedentes penales pueden volver a entrar a la Argentina: anularon decreto
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El gobierno de Alberto Fernández deroga el Decreto 70 de Mauricio Macri que modificó la Ley de Migraciones.
El decreto antes mencionado creó un "procedimiento migratorio especial sumarísimo" para negar el ingreso y expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad.
Bajan decreto que frena ingreso de extranjeros con antecedentes
El decreto se apoyaba en "la duración de los procesos administrativos y judiciales" y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquél año.
La norma estableció también la prohibición de ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedente"por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad" o "delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas".
La prohibición de ingreso también se extendió a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado "cualquiera fuese su antigüedad".
Este viernes el Gobierno derogó el Decreto 70/2017 a través del Decreto de Migraciones 138/2021.
Desde el Ejecutivo nacional explicaron que el DNU de Macri modificó "aspectos sustanciales" de la Ley de Migraciones "que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias".
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa; existiendo límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen un apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la condición jurídica del o de la migrante", señala el nuevo decreto.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organizaciones de la sociedad y organismos de derechos humanos le presentaron un documento al Gobierno con duras críticas al decreto de la administración de Mauricio Macri y le solicitaron su derogación "para preservar los derechos de las personas migrantes".