Lado B de alivio a Ganancias: costo fiscal será 50% más del previsto e inflación podría licuar beneficio
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Pocas iniciativas del Gobierno generaron más apoyo que el alivio para el impuesto a las Ganancias. Se descuenta su aprobación en el Congreso ya que, desde el punto de vista político, todos ven un beneficio: para el oficialismo, es una manera de congraciarse con el votante de clase media -un 20% de los cuales, según las encuestas, hoy está revisando la posibilidad de cambiar su voto- mientras que para la oposición es un casi una victoria conceptual, porque una de sus banderas es el peso de la presión tributaria.
Sin embargo, por lo bajo ya empiezan a escucharse, en ambos lados de la grieta, preocupaciones por los posibles "efectos colaterales" para la economía.
Por lo pronto, está quedando en claro que el costo fiscal inicialmente calculado en $40.000 millones podría ser considerablemente superior a lo que había calculado Sergio Massa, autor intelectual de la medida.
Tanto por parte del oficialismo como de la oposición se están reclamando adendas, modificaciones y contemplaciones a casos especiales que hacen que el costo vaya subiendo peso a peso.
Por lo pronto, se incorporó al debate la posibilidad de que, además de los salarios también se alcanzará con el beneficio a los aguinaldos y que se contemplará la situación de los trabajadores independientes.
Ya desde el costado sindical, los sectores que históricamente se embanderaron con la consigna "el salario no es ganancia" pidieron ampliar el universo de beneficiados. Por caso, el diputado Facundo Moyano mencionó la deducción a los concubinos, la exención por horas extras, viáticos y gastos educativos.
Previamente se había planteado una doble exención por hijo para hogares monoparentales, como beneficio pensado para las madres solteras.
Además, se plantearon deducciones en los sectores de construcción, autos y turismo, con el argumento de que será una forma de incentivar la industria.
Pero la oposición no se queda atrás: el bloque legislativo del PRO presentó un proyecto en el que propone la exención del pago del impuesto para los policías, prefectos, gendarmes y militares, además de profesionales que revisten en fuerzas de seguridad.
El fundamento, planteado por el diputado Cristian Ritondo, radica en el papel solidario desempeñado por las fuerzas durante la cuarentena, así como en la necesidad de una compensación de ingresos.
Es decir, se plantea la exención para un colectivo de más de 300.000 personas -aunque, naturalmente, sólo el personal con mando está en niveles salariales como para abonar el impuesto-.
Suba del costo y provincias preocupadas
Lo cierto es que, aunque Massa prometió que habría un impacto fiscal nulo -gracias a la postergación de una exención para las empresas- la iniciativa pegará de lleno en uno de los principales rubros de la recaudación fiscal.
Ganancias representó, durante el año pasado, el 20% del total recaudado por la AFIP. Y es uno de los que crece a mayor ritmo. En febrero pasado, tuvo una suba de 58% en comparación interanual, es decir que fue uno de los rubros con incremento real, ya que su variación se ubicó bien por encima de la inflación.
Aunque el Gobierno ha promocionado la mejora de la recaudación -que lleva seis meses consecutivos de variación positiva- lo cierto es que se mantiene cierta preocupación por la dependencia excesiva de impuestos ligados a la exportación, mientras que los vinculados a la actividad, como el IVA, siguen retrasados.
Ganancias, por su particularidad de no actualizar automáticamente por inflación, siempre fue uno de esos rubros que garantizaban una mejora incluso en un contexto recesivo.
Ahora, cuando el ministro Martín Guzmán intenta cumplir su promesa de recortar en dos puntos del PBI el rojo fiscal, empiezan a asomar las preocupaciones sobre el verdadero costo de la iniciativa para Ganancias.
Por caso, en los gobiernos provinciales ya están haciendo cálculos, dado que se trata de uno de los impuestos coparticipables, y hay informes que afirman que las provincias serán las que corran con la mayor parte de la cuenta, al resignar un 57% de los recursos que se dejen de percibir.
La consultora Aerarium, conformada por ex funcionarios macristas, como Rogelio Frigerio, estimaron que el costo fiscal podría llegar hasta $60.000 millones, es decir un 50% más de lo que Massa había previsto.
Esto ocurriría porque el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a incrementar la deducción especial para los asalariados cuya remuneración mensual supere los $150.000 pero no exceda los $173.000, y precisamente la mayor cantidad de contribuyentes se encuentra en esa franja.
El informe prevé que el costo fiscal para las provincias podría ubicarse entre un mínimo de $23.000 millones y un máximo de $34.000 millones.
Y recordó que, cuando en 2016 el gobierno macrista también subió el "piso" de Ganancias, las provincias fueron compensadas con la transferencia de un tercio del 2% de asignación específica que tenía el impuesto con destino al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
Ganancias y el debate sobre los impuestos "progresistas"
La situación ya derivó en el clásico tironeo entre Nación y provincias, que tuvo un capítulo en el Senado, con la ratificación del consenso fiscal promovido por el Gobierno. Básicamente, implica una nueva postergación en el compromiso que habían hecho las provincias para bajar el cobro de Ingresos Brutos, uno de los impuestos más criticados por los analistas por su efecto distorsivo.
Aun así, ya empezaron a circular en los ámbitos cercanos al Gobierno "papers" con propuestas para que haya otras subas de impuestos que compensen lo que se pueda dejar de percibir por Ganancias. Uno de ellos, el del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, que propuso una suba del Impuesto a los Bienes Personales -uno de los gravámenes que ya había tenido una suba en el inicio de la gestión Fernández..
El informe destaca que mientras Ganancias tiene una recaudación equivalente al 5% del PBI -relativamente a tono con el promedio internacional-, los impuestos "progresivos" que gravan patrimonios representan apenas un 0,2% del PBI, cuando los países con los que se realizó la comparación están todos por encima del 1%.
Curiosamente, las manifestaciones de preocupación por el efecto fiscal del alivio en Ganancias genera críticas tanto "por derecha" como "por izquierda".
Por caso, el ex ministro Hernán Lacunza, planteó que la reforma tributaria 2021 le bajará los impuestos a los de mayores ingresos mientras se los subirá a los pobres, dado que la proyección de inflación va en alza.
También en ese sentido argumentó Federico Sturzenegger, ex titular del Banco Central, quien dijo que el Gobierno, entre priorizar la lucha contra la inflación, que es pagada por los pobres, prefiere focalizarse en Ganancias, que es pagada por los de mayores ingresos.
Y recuerda que, si bien hay países como Estados Unidos en el que Ganancias afecta a la mitad de la población, eso se compensa con un IVA promedio de 8% -contra el 21% de Argentina- y que, además, no hay inflación.
"Querer hacer más progresivo el sistema es bajar la inflación, bajar el IVA y los impuestos al trabajo", agrega. Y deja una reflexión como para meterse de lleno en la polémica con los dichos de Massa: afirma que es mentira que Ganancias sea un impuesto que afecte a la clase media, sino que lo paga el segmento más rico de la población.
¿Un alivio apenas transitorio?
Pero además del tema fiscal, lo que todavía no está claro es cuál será el verdadero impacto político de la medida.
En los hechos, al subir el mínimo no imponible hasta un piso de un salario bruto de $150.000, lo que hará el proyecto es una actualización del 25% respecto del nivel previo. Es una suma que se aproxima a las mejoras salariales que están negociando los grandes gremios para la primera etapa del año y que, posiblemente, deberá ser revisada hacia mediados de año dado el arranque impetuoso que tuvo la inflación.
En otras palabras, que al actualizar por Ripte, muchos de los nuevos beneficiarios pasarán en un período de tiempo relativamente corto a estar otra vez en situación de tributar, si es que se cumple la promesa de Guzmán de que los salarios vayan evolucionando por encima de la inflación.
Esto es lo que ha llevado a que desde la oposición se escucharan acusaciones de oportunismo electoral en la iniciativa oficialista. Por supuesto que ninguna de estas críticas impedirá la aprobación parlamentaria, que se prevé rápida y sin mayores complicaciones.
Pero el hecho es que, a juzgar por los números de la inflación -un 12% en los últimos tres meses, y perspectivas de empeoramiento cuando empiecen a hacerse sentir en marzo las subas de precios regulados- todo indica que pasará lo de siempre: la inflación terminará "licuando" el beneficio y no se podrá sostener por mucho tiempo la promesa oficial de que solamente el 10% de asalariados mejor pagos estén alcanzados por Ganancias.
En tanto, aunque se lo apoya por disciplina partidaria, hay sectores del kirchnerismo que mantienen dudas sobre si la iniciativa será efectiva en términos electorales. Por lo pronto, está el antecedente histórico de las legislativas de 2013: tras haber perdido en las PASO, Cristina Kirchner decretó una fuerte suba en el mínimo no imponible, pero no pudo evitar una derrota aun más dura en las elecciones de octubre. ¿Se corre ahora el riesgo de repetir esa experiencia?
Hay quienes ya expresan su opinión sin medias tintas, como Artemio López, encuestador y analista político ligado al kirchnerismo, quien cree que esta medida "no le trae ningún beneficio al Gobierno, yo diría que al menos el 80% de su base electoral es totalmente indiferente al impuesto a las Ganancias".
"Esto, hoy, beneficia a la crema de los asalariados. Que no van a cambiar de voto porque les alivien el impuesto. Y el Gobierno puede perder recursos para concentrarse en mejorar la situación del sector más bajo. No tiene que olvidar que el del Frente de Todos es un voto eminentemente clasista", agrega.
En definitiva, está por votarse el alivio de un impuesto que en público es aplaudido por todos pero que tanto a nivel fiscal como electoral empezó a provocar preocupación.