Jubilados, en alerta: el 70% no cubre la canasta de indigencia y reclaman aumento de 50.000 pesos

Pese a los incrementos otorgados en 2020, el 70% de los jubilados cubre un tercio de la canasta familiar de pobreza y está por debajo de la de indigencia. Después del último aumento del 5%, la mínima pasó a $19.035 en diciembre, un monto inferior a los $56.459 que necesitó una familia en enero para no ser pobre y los $23.722 para no caer en la indigencia. Dichas canastas aumentaron un 4,2% y 4,6% el mes pasado, según el INDEC.

De un total de 8,5 millones de jubilados, 5,7 millones perciben un haber igual o inferior a la mínima. Dentro de ese universo, 4,3 millones cobran la mínima; 1,3 millones, pensiones no contributivas (PNC) de $13.324; y 167.000, pensiones universales del adulto mayor (PUAM) de $15.228, según datos de ANSES. También se encuentran en la misma situación los titulares de asignaciones familiares y AUH, quienes junto a los jubilados y pensionados suman un total de 18 millones de personas.

Los ingresos de ese universo están además por debajo del salario mínimo, vital y móvil vigente, que desde diciembre es de $20.587. Si bien la jubilación mínima se supone que debe equivaler a un 82% móvil de dicho ingreso, la recurrente pérdida del poder de compra desvirtuó la función de ambos haberes y la relación entre sí, por lo que ninguno garantiza hoy un piso decente.

Entre 1991 y 1993, la jubilación mínima fue superior a la menor remuneración, pero la relación se invirtió desde 1993 en adelante. En aquel año, el gobierno de Carlos Menem congeló dicho haber en $150 hasta 1999, una medida que se extendió luego hasta 2003. Si bien posteriormente hubo aumentos, la mínima se mantuvo mayormente por detrás del piso salarial hasta la actualidad, según el cálculo de la directora de la Comisión de Derecho Previsional de la FACA, Elsa Rodríguez Romero.

Siete de cada 10 jubilados gana un tercio de la canasta familiar de pobreza, que en enero fue de $56.000.

¿Alcanza la suba en marzo?

La nueva fórmula de movilidad tampoco permitirá que la mayoría de los adultos mayores en edad de retiro superen el piso salarial fijado por el Consejo del Salario. Sucede que el aumento del 8% previsto en marzo llevará el haber mínimo a $20.560 -$1.525 más que en diciembre-, mientras la remuneración mínima pasará a $21.600. En ese caso, la mínima será también inferior a la canasta del jubilado medida por la defensoría porteña de la Tercera Edad, que en octubre fue de $49.060. 

El ministro de Economía, Martún Guzmán, señaló la semana pasada en una entrevista radial con el programa Toma y Daca que las jubilaciones y los salarios "tienen que ganarle a la inflación luego de lo mucho que perdieron en 2015-2019; es un objetivo para todo el período del gobierno". Los haberes ya se vieron perjudicadas en 2020 al percibir aumentos de entre el 24 y 35,31%, por debajo del 36% de inflación y sin recuperar la pérdida en los años previos.

Ahora, el incremento de marzo -que se aplicará entre ese mes y mayo- también sería inferior a la variación de precios del último trimestre del 2020, un período en que el IPC marcó una suba acumulada del 11,4%. Por el cambio de cálculo, las jubilaciones se ajustan en iguales mitades por salarios (el mejor resultado entre el índice del INDEC y el RIPTE) y la recaudación tributaria de ANSES sobre el anteúltimo trimestre previo al incremento.

Así, el aumento de marzo se calcula sobre las remuneraciones de octubre, noviembre y diciembre de 2020, una metología que se repite en junio y septiembre. Mientras que en diciembre se aplica un "tope", ya que se elige el resultado menos favorable para el jubilado entre la metodología utilizada en los trimestres previos (salarios y recursos tributarios) y la recaudación anual de ANSES incrementada en un 3%, descontando los ajustes de marzo, junio y septiembre.

Desde ANSES, en tanto, sostienen que el ajuste de marzo debe compararse con la inflación de enero y febrero. "El aumento a partir de ahora es trimestral por ley pero este primer aumento tiene un empalme de dos meses, porque el último aumento se dio en diciembre, es decir que el aumento no corresponde al trimestre que incluye marzo porque en marzo ya estarán cobrando el aumento, sólo serían los meses de enero y febrero, febrero cuya inflación aún no sabemos", explicaron en el organismo.

El sindicato de jubilados pide un aumento de emergencia y que los ajustes sean superiores a la inflación previa.

Aumento de emergencia, revisión y tarjeta alimentaria

En ese marco, el Sindicato de Trabajadores Pasivos (STP) le envió una carta en las últimas horas al Presidente, diputados y senadores en reclamo del reconocimiento de su personería tras presentar el estatuto en diciembre del 2018 al Ministerio de Trabajo, y solicitó un "incremento de emergencia" de $50.000 previo al ajuste de marzo junto con una cláusula de revisión anual para evitar que los aumentos sean inferiores a la inflación.

"La Señora Vicepresidenta dijo: ´Es tarea fundamental comenzar a alinear salarios, jubilaciones y precios, sobre todo de alimentos y tarifas´. Acorde con ello es que exigimos además una recomposición salarial, con un incremento de emergencia que nos alcance para cubrir la canasta básica que ronda los 50.000 pesos", señaló la organización liderada por Horacio Burgos, respaldada por algunos sindicalistas de la CGT.

El reclamo apunta a recuperar los puntos perdidos por el cambio de fórmula en 2017. "Mientras esperamos que la fórmula de movilidad comience a dar los resultados que el Gobierno espera y que va a recomponer el círculo virtuoso de la economía, necesitamos imperiosamente que sea contemplado un incremento de emergencia por la pérdida sufrida en empalmes de fórmulas anteriores, y también una cláusula de revisión anual (NO BONO)", indicaron en la carta.

De esa manera, el sindicato de trabajadores pasivos intenta replicar el mecanismo utilizado por los gremios en 2020, que les permitió reabrir la paritarias en varias ocasiones, y desestimó la posibilidad de un bono, como los que hubo por única vez en diciembre de 2019, y enero y abril de 2020. Después de la suspensión de la movilidad, dicha medida provocó un achatamiento de la pirámide jubilatoria, una situación que se mantuvo con los incrementos por decreto en marzo, junio, septiembre y diciembre del año pasado.

Mientras Guzmán apunta a una inflación del 29%, la entidad apunta a protegerse de la inflación pasada. "Nuestra situación crítica necesita que los aumentos derivados de la nueva fórmula nunca sean inferiores a la inflación del trimestre, evitando con ello el estado de incertidumbre que padecemos desde hace años. Es urgente la necesidad de poseer la tarjeta alimentaria hasta que los haberes sean suficientes, sobre todo para los haberes mínimos y pensiones no contributivas", advirtió el sindicato.