La batalla por el precio del pan: el Gobierno define si toma una decisión drástica y de alto impacto

Ya pasó con el maíz, ya se insinuó un conflicto con la carne y no podía faltar el otro capítulo conflictivo agrícola en el arranque del año: el del trigo. Con una inminente suba del pan, el tema -hiper sensible desde el punto de vista político- está en plena discusión y con el fantasma de la intervención estatal sobrevolando el ambiente.

En un país en el que, según la ya célebre frase de la diputada Fernanda Vallejos, tiene "la maldición de exportar alimentos", era inevitable que se instalara la polémica respecto del precio del pan y los productos panificados. De manera que, entre los funcionarios del Gobierno  y los protagonistas de la cadena productiva está levantando temperatura la polémica sobre quién es el culpable de la tensión en los precios.

Lo cierto es que hoy los panaderos se quejan de que sus costos suben aceleradamente sin que tengan otra alternativa de trasladar a los productos. Y señalan directamente a los molineros, que son quienes proveen la materia prima fundamental. Pero, a su vez, los molinos dicen que ellos son apenas un engranaje en medio de la cadena, y que son los productores quienes están enlenteciendo la entrega del producto, en un movimiento especulativo por los precios internacionales.

Lo cierto es que las protestas en el campo implican toda una señal contundente para los funcionarios del Gobierno, que a esta hora están intentando abrochar acuerdos en diversos sectores para contener los precios, luego del 4% registrado en diciembre, y que pone un piso inercial peligroso para el comienzo de año.

La presión política se hace cada vez más evidente y suele provenir desde el ala más radicalizada de la propia coalición de Gobierno, como lo expresa esta elocuente queja de Juan Grabois, en demanda de que se tomen medidas intervencionistas en el mercado de la alimentación: "En el país del trigo no se puede comer pan y en la pampa de las vacas no se puede comer carne".

A esta hora, el mercado es un hervidero de rumores sobre inminentes medidas del Gobierno. Algunas están a tiro de decreto, porque los funcionarios tienen un margen de suba de tres puntos en las retenciones a la exportación de trigo, para lo cual no tienen que pedir permiso legal.

Todos los jugadores de la cadena saben eso. Pero, sobre todo, todos miran las pantallas con las cotizaciones de Chicago, en donde se refleja un boom agrícola para el 2021. Y Argentina mantiene una brecha cambiaria de 62% entre el tipo de cambio oficial y el "contado con liqui".

Basterra mediador ante el "desacople" de precios

Esa situación en la que unos tienen todo el estímulo para retener su producto y otros tienen todo el apuro por comprar ahora se está transformando en un cóctel explosivo. Por lo pronto, los panaderos ya pidieron la intervención del Gobierno, ante la intención de los fabricantes de harina, que pretenden subir un 17% el precio del insumo.

Pero, a su vez, los molineros niegan las acusaciones de estar provocando desabastecimiento y más bien apuntan las sospechas hacia los productores. Desde la Federación Argentina de la Industria Molinera alegan estar trabajando con una especie de "tanque de reserva" y no estar recibiendo trigo desde hace semanas.

Es por eso que, tal como había pasado hace algunas semanas con el maíz, las sospechas apuntan a la "especulación" de los productores que van dosificando las entregas de trigo como forma de proteger su capital, con un ojo puesto en las pantallas de las cotizaciones de Chicago y con el otro en el movimiento del tipo de cambio local.

Pero, con todo, ese no es el problema más grave, dado que, en el fondo, nadie ha llegado a denunciar que exista una situación de desabastecimiento. El motivo de tensión más importante es el hecho de que mientras el trigo sube por el ascensor, impulsado por el boom de los commodities en el mundo, la harina que venden los molinos tiene un precio regulado que va a una velocidad mucho más lenta.

Hablando en plata, desde que se impuso un precio controlado en marzo del año pasado, la harina sólo tuvo un permiso de incremento de precio del 9%. Pero el trigo, que conforma el 80% del costo de la producción harinera, tuvo un aumento al ritmo internacional que, a los precios de hoy, ya supera el 60%.

El resultado es obvio: los molineros están extremando un lobby para que haya una solución política: o que puedan recibir un trigo a un precio "desacoplado" del internacional o que se les permita una suba de un 25% para vender la bolsa de harina a los panificadores.

Por lo pronto, el ministro Luis Basterra pidió a los panaderos un esquema de costos detallado, y se empezaron a barajar medidas que eviten las soluciones extremas del cierre exportador. Entre ellas, que el Estado facilite, mediante garantías, créditos a tasa subsidiada para los compradores de los insumos que están sufriendo más precios de precios al alza. Una solución que todavía no termina de convencer a sectores como el molinero, que pone el foco en las disparidades de precios.

Acusaciones cruzadas entre los sectores

Como resulta obvio, toda esta situación está incrementando la tensión entre "palomas y halcones" dentro del Gobierno, donde se ve con preocupación las dificultades para sostener los precios cuidados.

Y, por cierto, ante cada evento de este tipo ganan fuerza los partidarios de intervención en el mercado exportador. Al respecto, todos tomaron nota de que el propio Alberto Fernández, en su videocharla con Kristalina Georgieva, se manifestó preocupado por las presiones de la inflación doméstica y por cómo se notaba "cierto aprovechamiento de algunos" ante la suba de los precios globales.

En tanto, los grandes exportadores tratan de tentar a los productores con subas de cotizaciones en el puerto de Rosario. Y todos miran de reojo el mercado internacional, donde un gran exportador como Rusia está aplicando nuevos derechos de exportación que pueden incidir sobre todo el escenario global.

La solución al conflicto no parece fácil, sobre todo cuando el Gobierno todavía pugna por acallar los ruidos que generó su amague de cierre de exportaciones de maíz, que generó un repudio de las gremiales del campo y trajo reminiscencias de la histórica resolución 125.

Por otra parte, las agremiaciones rurales han respondido muy fuerte ante la argumentación de que las subas de retenciones o los cierres de exportación puedan traer los resultados deseados.

De hecho, desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires han estimado que el trigo sólo tiene una incidencia de 13% en el precio final del pan, y puso la lupa sobre todos los costos que van encareciendo la producción en el resto de la cadena, incluyendo los impuestos.

El pronóstico es que si desde el Gobierno se impusiera una reducción compulsiva en el precio del trigo, esto apenas incidiría en un 0,13% del precio del pan en las góndolas.

Por otra parte, los antecedentes cercanos en cuanto a intervención estatal en el mercado del trigo no dejan margen para el optimismo: según datos de la organización Agroeducación, en la campaña 2012/2013 la cosecha de trigo cayó a 8 millones de toneladas, los volúmenes más bajos en cuatro décadas.

Esto dio lugar a escasez del producto (¡sí, escasez de trigo en el "granero del mundo"!) y fuertes aumentos en los productos panificados, que llevaran a que el Gobierno kirchnerista de ese momento tuviera que hacer la "vista gorda" ante compras de emergencia desde Uruguay.

Los nuevos conflictos, ¿dolores de crecimiento?

Las señales de estas peleas por pasarse mutuamente el hierro caliente del ajuste tienen ocupado al Gobierno, que ya va resignándose a la idea de que con los acuerdos de precios con los supermercados y empresas alimenticias ya no es suficiente.

Hasta ahora, entre los industriales y los comerciantes se las ingeniaron para cambiar sus estrategias, de manera de que sus rentabilidades no se vieran demasiado impactadas. Pero había un contexto que ayudaba: la hiper recesión con tarifas congeladas no ponía tanta presión como ahora.

En este momento, en cambio, todas las distorsiones económicas que durante 2020 se habían disimulado -incluyendo la mega expansión monetaria y el salto de la brecha cambiaria- empiezan a hacerse presentes en cada punto de la cadena comercial.

Y todo aderezado por lo que la diputada Vallejos definió para la historia como "la maldición de exportar alimentos". En el fondo, aunque ha recibido críticas variadas, la diputada no se equivoca respecto de cuál es uno de los mayores desafíos de la Argentina en un momento de boom agrícola. Puede sufrir el efecto de la sojización, que reprimariza las exportaciones y hace escasear otros productos. Y, como dicen los economistas, puede afectarse por la "enfermedad holandesa" que hace subir los costos de producción nacional.

De manera que Argentina, teóricamente en la lista de los países ganadores del nuevo panorama global -producto del "dólar Biden, la demanda china a full y un clima que ayuda- vuelve a sentir las tensiones del "viento de popa".

Todavía no termina de quedar en claro si estos conflictos son el síntoma de que inicia un período de expansión económica o de mayor crisis. A muchos les hace recordar el comienzo de los 2000, cuando el país rebosaba de problemas sociales pero estaba a las puertas de la lluvia de sojadólares.

Lo cierto es que el arranque de 2021 tiene una tónica inconfundible: la de la pelea entre sectores por defender sus respectivas rentabilidades y traspasarse los costos de un ajuste inevitable.

¿Qué tan grave podrá ponerse el panorama? Seguramente las cifras de inflación de las próximas semanas marcarán esa pauta y determinarán hasta dónde el Gobierno querrá mantener su vocación de consenso.