Se congelan los alquileres hasta el 31 de marzo: cuáles son los riesgos para inquilinos
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El Gobierno nacional decidió extender hasta el 31 de marzo próximo el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos.
La medida, tomada en los primeros meses de la pandemia y que vencía el próximo 31 de enero, comprende a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados.
La nueva resolución, será publicada en el Boletín Oficial la próxima semana y en ella se establecerá también la extensión de los contratos de locación cuyos vencimientos hayan operado desde el 20 de marzo pasado en adelante.
La decisión habría sido tomada este jueves durante la reunión del gabinete económico de la que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, el ministro de Desarrollo Productivo Martín Kulfas, el titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni y el ministro de Agricultura, Luis Basterra.
El congelamiento del pago de los alquileres, y otras medidas de amparo en favor de los inquilinos, fue resuelto por el presidente, Alberto Fernández, luego de desatada la crisis sanitaria por la Covid-19.
Cuáles son los riesgos de la medida, según expertos
Tanto propietarios como inquilinos ven con preocupación la medida, aunque es mayormente la voz de los primeros la que más se queja sobre esta medida que mantendría los precios de las rentas en el mismo número, por lo menos, hasta fines de marzo.
"Esta medida en realidad se vuelve en contra del inquilino, y también a las inmobiliarias, porque muchos propietarios prefieren sacar sus viviendas del mercado, y el que las deja lo hace pidiendo un 40% de aumento", sostiene Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina.
Como socio del estudio de abogados Abatti & Rocca, este especialista en derecho inmobiliario asegura que ya están "haciendo demandas anticipadas de desalojo, para que cuando venza la prohibición de desalojos las sentencias se puedan ejecutar. Muchos inquilinos no podrán pagar los aumentos del año en apenas 6 cuotas y veremos como muchos fiadores o que pusieron la garantía tendrán que responder", advierte.
Por su parte, Jorge Griselli, presidente de la Asociación de Defensa de Inquilinos (ADI), sostiene que esta prórroga "va a impactar de manera negativa, pero para los propietarios, que vienen con los precios congelados desde marzo de 2020".
Por supuesto, a la hora de renovar contratos, los propietarios "intentan defenderse de la inflación, y también están aquellos que especulan, como un caso que nos llegó en el que le quisieron aumentar un 84,4% el valor del alquiler", resalta Griselli.
Desde el lado de vista de los inquilinos, el titular de ADI asegura que vienen pidiendo que este tipo de decisiones vengan acompañadas de otras medidas como subsidios o créditos blandos para poder pagar los ajustes a los que habrá que enfrentar al fin del congelamiento. Es que hasta acá, muchos inquilinos no pagaron el alquiler o solo pagaron la base, y fueron prorrateando hacia adelante los aumentos, acumulando en ambos casos deudas que tendrán que enfrentar cuando finalice el congelamiento.
Pesimismo
Oscar Puebla, corredor inmobiliario de Puebla Inmobiliaria, asegura que "el impacto generado por el congelamiento de los montos locativos y la imposibilidad de realizar desalojos por falta de pago, es la tormenta perfecta para quienes pretenden alquilar hoy. El impacto es aún mayor debido a que las deudas de alquileres y expensas no se condonan, lo que se debe se debe y alguien lo va a pagar".
"Hagamos una cuenta simple: supongamos que hoy una familia debe un año de alquiler, si permitieran iniciar los desalojos en marzo 2021 (cosa que no va a ocurrir) un juicio de desalojo con la celeridad de la Justicia argentina, más la feria judicial generada por el Covid-19, hace pensar que el recupero de la propiedad no será antes de los dos años. Para entonces esa familia deberá 36 meses de alquiler, más los intereses, daños y perjuicios y más. Es probable que el importe llegue a duplicarse, y esto va directamente sobre las garantías", añade Puebla.
"Hay inquilinos que se están aferrando a este DNU y no pagan, o pagan mucho menos. Y esto pasa con quienes tienen posibilidad de pagar y con quienes no. Y por eso digo que esto puede ser todavía peor, porque si el día de mañana quieren ejecutar una propiedad a un garante, y si la deuda es abismal, lo van a poder hacer. Hay que ver cuándo termina la extensión, de la extensión, de la extensión del DNU, y eso es un problema. No tener previsión de cuándo va a terminar genera esta incertidumbre que no es positiva", analiza Miguel Di Maggio, director de la inmobiliaria Depa.
Los expertos del sector también coinciden en reconocer y recordar que la mayoría de los propietarios son clase media trabajadora. "Esto se aclara porque tienen el derecho de tener sobre su propiedad un canon mensual, y eso hoy no lo están teniendo. Cobrar el alquiler es un derecho que el mismo gobierno se lo está quitando", concluye Di Maggio.