Las lecciones que deja la crisis del maíz: dólar, presión K y el precio del asado alemán
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En dos semanas se pasó del anuncio de un cierre exportador del maíz -que trajo reminiscencias del conflicto sojero de 2008- a un acuerdo en una mesa de negociación para confirmar lo que en realidad nunca había sido puesto en duda, es decir que habrá una oferta suficiente de maíz como para satisfacer sin inconvenientes la demanda doméstica.
En el medio, discusiones, convocatorias a paros agropecuarios, la renovación de los rumores sobre intervencionismo a los "poderes concentrados" del agro, cuestionamientos del Presidente respecto de por qué los productores toman como referencia al dólar y no al peso, polémicas pintorescas respecto de cuánto pagan los alemanes por un kilo de asado, suponiendo que ese corte típicamente argentino fuera de su agrado.
En fin, un arranque de 2021 bien típico, en el que Alberto Fernández se expuso nuevamente al "síndrome de Vicentin". Es decir, con la intención de tomar una medida política que deje conforme al ala kirchnerista de la coalición, y en la búsqueda de medidas que frenen el empuje inflacionario de los alimentos, arriesgó nuevamente una reacción enojada de la clase media rural, la misma a la que se apuesta como locomotora de la recuperación económica.
El final negociado del casi conflicto deja, sin embargo, varias lecciones respecto de cuál es la situación política y económica que atraviesa el país.
1. El problema de fondo siempre fue el dólar
La primera lección que deja el "affaire maíz" es que el foco del conflicto siempre fue equivocado. El país no está en riesgo de escasez de ese cereal ni tampoco hay riesgo de que, por un incremento en el precio internacional, haya un shock que se refleje sobre los precios del mercado interno.
Argentina produce unas 46 millones de toneladas -una cifra que ha aumentado en la medida en que las autoridades quitaron regulaciones, al punto que aumentó 60% desde 2015 a la fecha-. Y de ese total, no más de 38 millones de toneladas están destinadas a la exportación.
La excusa oficial para el cierre exportador era que quedaban existencias por 4 millones de toneladas y que se buscaba asegurar la provisión al mercado interno, en una época del año en que el maíz tiende a escasear por cuestiones estacionales.
Pero el Centro de Exportadores de Cereales afirma que todavía quedan 10 millones de toneladas y que no hay peligro de faltantes.
¿Entonces? Ocurre que el problema nunca fue de falta de oferta, sino una derivación de las distorsiones cambiarias.
Ha ocurrido a lo largo de toda la historia de los cepos y restricciones al mercado del dólar: cuando hay grandes brechas entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, eso funciona como un estímulo para que los importadores adelanten compras y los exportadores demoren sus ventas. El motivo es lógico: todos tienen la expectativa de que esa situación no podrá durar mucho y que entonces habrá una devaluación que volverá a cambiar la relación de precios.
Así lo explica Jorge Vasconcelos, economista de la Fundación Mediterránea: "En la Argentina, los ciclos de brecha cambiaria muy elevada, cercana o superior al 100%, han sido períodos cortos, no han sido duraderos. Los gobiernos que se enfrentaron a esa situación tomaron medidas para reducir la brecha, dados los malos incentivos que genera en materia de comercio exterior".
Pero advierte que, cuando ese problema no se corrige "de raíz", entonces suele tomarse medidas para morigerar las consecuencias de la distorsión, "escenario en el cual se acentuarían las restricciones y los controles, un camino contraindicado si se aspira a recuperar inversiones y empleos".
Algo de eso ya se está viendo con las nuevas restricciones del Banco Central a la financiación de las importaciones, que se presentaron como un freno a la compra de Lamborghinis pero también afectarán a insumos de la producción agrícola.
Y el maíz no fue ajeno a esta situación. Entre los propios empresarios del sector se admitió que, aunque no hubo escasez, sí ocurrió un problema de "fluidez de oferta, afectada por la fenomenal brecha cambiaria".
En otras palabras, que tal como ha ocurrido en otro momento con los sojeros, se repite la clásica situación de productores que "especulan" guardando su producto a la espera de un tipo de cambio más conveniente, y un Gobierno que apura a la liquidación.
2. El Gobierno no termina de entender la ecuación económica del campo
Claro que en este caso, a diferencia de lo que ocurre con la soja, cuya relevancia se basa en la capacidad para proveer divisas al país, la cosecha de maíz tiene una influencia sobre el mercado interno.
Sobre todo, porque se utiliza este grano mayormente como insumo de la industria alimenticia, que se queda con el 75% del producto. El destino es principalmente para alimentos de aves y de vacunos, mientras que una porción menor se destina a la lechería y al sector porcino.
El temor del Gobierno es que una eventual escasez -con su consecuente suba de precio- pudiera impactar en los costos de toda la cadena alimenticia.
De hecho, la clave para que el conflicto bajara decibeles fue la declaración de los empresarios en el sentido de "generar una comercialización fluida, considerando las necesidades de la demanda, el abastecimiento interno y los precios".
Y esa negociación siguió a una frase muy explícita por parte de Alberto Fernández: "Garanticen a los argentinos lo que los argentinos consumen y el resto exporten todo lo que quieran al precio que se les dé la gana".
Fue un momento extraño: el Presidente pareció ratificar su declarada voluntad no volver a enfrentarse con los productores por políticas intervencionistas, pero la frase sonó contradictoria con otras que había dicho apenas un día antes.
Básicamente, el Presidente había cuestionado el hecho de que los productores agropecuarios pretendieran seguir los precios internacionales en dólares cuando sus costos están en pesos y se los había beneficiado con un virtual congelamiento de combustibles y servicios públicos.
Fue una frase muy criticada, dado que según le contestaron desde la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, aproximadamente un 67% de los costos están dolarizados.
Esto ocurre porque las maquinarias, fertilizantes, semillas y otros insumos deben importarse, mientras que otros costos dependen de la variación del petróleo. Y, además, el arriendo de la tierra sigue costos internacionales.
Como ya había ocurrido en el caso Vicentin, fue un momento en el que Alberto quedó expuesto y sin protección de su propio equipo: demostró no dominar las nociones básicas del negocio agropecuario y se dejó llevar por posturas políticas de las que luego debió desdecirse.
3. Las medidas intervencionistas tienen un alto riesgo de "efecto boomerang"
Pero los costos políticos para el Gobierno no terminan con la reacción enojada de los productores que quieren hacer paro de actividades, ni con las respuestas irónicas respecto del costo del asado en Alemania.
Hay una consecuencia peor, que no se elimina ni siquiera con el alcance de un acuerdo entre las partes: ya quedó a la vista la vocación intervencionista, y desde el punto de vista de los productores, esto implica un nuevo riesgo en un negocio donde deben hacerse apuestas a largo plazo.
En otras palabras, el efecto es que haya productores que elijan pasarse a las actividades de menor riesgo. Esto implica una involuntaria "sojización" del campo, dado que los precios son favorables y se trata de un cultivo con menores complicaciones que otros rubros o que la ganadería.
Irónicamente, esto podría llevar a que la temida escasez que el Gobierno quería evitar finalmente termine produciéndose. Así lo advirtió el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina: "La escasez que se produjo en el pasado con este tipo de medidas hizo que los precios se fueran más alto. Lamentablemente ya tropezamos con esta piedra", advirtió.
Y hay antecedentes cercanos al respecto. Tanto en trigo como en carne, dos productos emblemáticos del campo argentino, hubo escasez y disparadas de precios durante la gestión de Cristina Kirchner. En todos los casos, eso ocurrió luego de regulaciones que tenían como objeto garantizar un bajo precio para el mercado doméstico pero que trajeron como consecuencia una caída en los niveles de producción.
4. El conflicto dejó en evidencia la preocupación por la inflación
Todo el conflicto y las declaraciones que se escucharon durante el debate dejan en claro otro problema de fondo: más allá de la postura triunfalista del Gobierno por la inflación relativamente contenida con la que cerró el 2020, hay en los despachos oficiales una preocupación por el riesgo de una disparada en los precios.
Es algo que está plenamente justificado, dada la expansión monetaria de $2 billones que no cuentan con respaldo en divisas en el Banco Central. De hecho, la mayoría de las consultoras privadas descreen de la proyección inflacionaria oficial para este año -inferior al 30%- y más bien apuestan a un nivel superior al 50%.
Medidas como los cierres de importación denotan, justamente, esa preocupación. Sobre todo por el hecho de que el rubro alimentos es uno de los que más está sufriendo el empuje inflacionario.
Después de todo, la contención del precio de la carne fue la verdadera causa de fondo por la que se cerró la exportación maicera que irritó los productores: el argumento era que, con un maíz contenido, se les daría a los ganaderos un subsidio indirecto en el insumo alimenticio para engordar el ganado que va al mercado interno. De hecho, el cálculo que hacen los funcionarios es que el maíz, sea de forma directa o indirecta, forma el 60% de los costos de producción para los criadores.
Sin embargo, en el campo rige un creciente escepticismo en el sentido de que el Gobierno logre su cometido y ya se hacen oír las sospechas en el sentido de que la propia dinámica de la política oficial llevaría a una intervención del mercado cárnico, con probables limitaciones a la exportación.
Por lo pronto, el Gobierno está limitando su acción a la continuidad de los acuerdos de precios, así como al virtual congelamiento de tarifas de servicios públicos y la intervención en otros precios regulados, como el de las telecomunicaciones y los servicios de salud privada.
Pero los expertos advierten que sólo se trata de "parches" en la medida que los problemas de fondo -léase la financiación monetaria del déficit fiscal- no logren revertirse de manera drástica. Los antecedentes políticos ya dejaron en claro cuál es el típico instinto K ante los problemas inflacionarios en estos contextos: buscar culpables a los cuales aplicar medidas correctivas. El maíz fue el primer síntoma del 2021.