Un grupo de acreedores demanda a una provincia argentina por una deuda de u$s500 millones
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El pasado 8 de agosto, la provincia de Entre Ríos debía haber pagado u$s21,87 millones por un cupón de interés de una deuda de u$s500 millones, emitida entre 2017 y 2018, bajo legislación extranjera.
El gobierno de Gustavo Bordet (en la foto) no hizo el desembolso e informó que comenzaban las "discusiones sobre el análisis de sostenibilidad de la deuda de la provincia".
Al no lograrse el acuerdo,la provincia recibió una demanda en contra en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el mismo donde se lleva adelante el juicio por la estatización de YPF.
Quien impulsa la demanda es Dennis Hranitzky, el abogado que ayudó al fondo NML - Elliott Capital Management en su contienda contra el país que confiscó la Fragata Libertad en Ghana. En esta oportunidad, desde el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, representa a un grupo de acreedores que demandó a Entre Ríos.
Un grupo de acreedores demanda a una provincia argentina
Hranitzky además fue un actor relevante en la reestructuración que llevó adelante el Ministerio de Economía el año pasado, ya que representó a los tenedores del los bonos de 2005 y 2010, conocidos como el grupo Ad Hoc de titulares de bonos de canje, que tenían en conjunto más de u$s4000 millones de capital por reestructurar.
En este caso, según la demanda presentada, la provincia le debe al grupo de acreedores representados por Hranitzky un monto total de casi u$s12 millones "más intereses sobre cualquier pago de cupón vencido impago, intereses previos al juicio y todos los demás montos que sean pagaderos bajo los términos del Contrato y las Obligaciones Negociables y todos y cada uno de los importes que vencen entre ahora y el momento en que se dicte sentencia en esta acción".
El comité de inversores institucionales, cuyos integrantes afirman poseer en conjunto más del 45% de los títulos de Entre Ríos, había informado que "la provincia formuló una propuesta para la reestructuración de los títulos que el comité estimó inadecuada por no reflejar la verdadera capacidad de pago de la provincia, ni contar con un diseño que abordara sus necesidades a corto plazo".
Ante la falta de una respuesta oficial, el Comité de Acreedores había amenazado con llevar adelante otras medidas para el cobro de la deuda, para lo cual contrató a la firma White & Case LLP para que le brinde asesoría legal, cosa que finalmente ocurrió.
En tanto, Córdoba también sufrió un duro revés luego de que un grupo de bonistas rechazara la última propuesta realizada por la administración de Juan Schiaretti el 1 de enero, que mejoraba la tasa de interés y ofrecía pagar en efectivo 30% de la contraprestación por intereses acumulados, en concepto de Títulos Internacionales emitidos, cuyos montos son de u$s960 millones bajo legislación internacional y u$s243,7 millones con legislación nacional.
Para los acreedores, las futuras negociaciones "deberán basarse en evaluación objetiva de la situación y las perspectivas financieras de la Provincia".
"Dichas modificaciones fueron anunciadas de manera unilateral por la Provincia sin negociar o consultar previamente con el Grupo, y mismas que siguen sin cumplir con los términos necesarios para una resolución consensuada", advirtieron en un comunicado.