Los empresarios le pasaron la lista de 20 medidas que debe tomar el Gobierno para que la economía vuelva a crecer

Casi en paralelo a la media sanción en Diputados del impuesto a la riqueza, un conjunto de empresarios, economistas, exfuncionarios e intelectuales elaboraron un plan con 20 propuestas al Gobierno para impulsar la reactivación económica del país.

Bajo el nombre de Constituya, el grupo tiene entre sus integrantes a figuras como Eduardo Braun (Fundador de HSM), Agustin Otero Monsegur (de la cítrica San Miguel), Mateo Salvatto y Ricardo Neme de compañías tecnológicas, Silvia Torres Carbonell y Lisandro Bril, inversores y referentes de las firmas high tech y los economistas Marcos Buscaglia, César Litvin, Fernando Marengo, entre muchos otros.

Se define como una "plataforma digital ciudadana" en donde se reúnen expertos en temas de política pública. Su objetivo es impulsar cambios institucionales, sociales, culturales y económicos en el país.

En este contexto, dieron a conocer un plan de 20 propuestas tanto económicas como tributarias permitirían genera las condiciones que se necesitan actualmente para la reactivación tras la pandemia de Covid-19.

El documento "Ayudando a la reestructuración y a la supervivencia de las empresas", tal como se denomina, deja ver cómo la pandemia "resultó en niveles de estrés y endeudamiento empresario muy elevados".

Esto generó incremento del volumen de deuda, especialmente entre las pymes, advirtiendo que esta situación "está llevando a la quiebra y al cierre masivo de empresas, la gran mayoría, pymes".

Es más, según sus estimaciones, podrían cerrar en forma definitiva 100.000 mini pymes, 4.000 empresas chicas, más de 250 de compañías medianas y decenas de empresas grandes.

Asimismo, ese proceso podría implicar la destrucción de hasta un millón de puestos de trabajo en el país.

Las propuestas buscan impulsar la reactivación económica del país 

El plan de las 20 propuestas

Este proyecto tiene un primer eje relacionado con la utilización de la factura de crédito electrónica. En este sentido, lo que proponen es:

-Reducir de 30 días a 15 días el plazo para la aceptación tácita del instrumento, y que sea avalada por una SGR (sociedad de garantía recíproca) y se consideren a estas facturas como instrumentos pymes.

-Reducir las exigencias a las SGR de contragarantías adicionales a pymes cuando el pagador de la FCE sea un "Gran Pagador", de acuerdo con los registros de la AFIP, y que se brinden a las SGR mayor información de pagadores y que se permita a las firmas la posibilidad (voluntaria) de subir sus últimos tres balances financieros a la autopista de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

-Permitir el descuento de facturas de crédito electrónicas en dólares, que se elimine el monto mínimo por facturas (actualmente es de $147.500) y que se habilite el débito automático. 

En otro de los capítulos se refiere a los créditos fiscales. En este sentido, la propuesta es:

-La consolidación de todas las deudas y créditos impositivos en una única cuenta, para que cualquier crédito pueda ser utilizado para pagar o compensar compromisos pendientes, y la devolución automática de saldos a favor en el IVA.

-Que se permita la cesión de créditos fiscales, para que puedan ser utilizados como valor negociable en el mercado secundario; la tokenización de créditos fiscales mediante la utilización de la plataforma blockchain, a fin de estimular la adopción de nuevos participantes y la incorporación de herramientas como las billeteras digitales); y la derogación de los regímenes de recaudación anticipada de Ingresos Brutos.

La pandemia incremento el volumen de deuda, especialmente entre las pymes

-También insiste en la reducción de la carga tributaria. En este contexto, reclama la baja en las alícuotas de Ingresos Brutos para actividades "castigadas por la pandemia" (comercio minorista, hoteles, restaurantes, bares, cine, teatros, espectáculos), la adecuación de tasas municipales a los costos de prestación de servicios y la posibilidad de cancelar obligaciones fiscales con títulos de deuda.

-Otra propuesta es modificar el régimen de quiebras e incorporar prácticas similares a las que existen en los Estados Unidos o Brasil, con lo que buscan estimular que se dé privilegio a nuevos acreedores que presten a firmas en convocatoria de acreedores, de forma tal de que puedan conseguir financiamiento y así evitar la quiebra, y actualizar el esquema para permitir "permitir la actualización de quebrantos acumulados desde el ejercicio fiscal de origen hasta el período de liquidación".

En cuanto al IVA, piden que este impuesto no alcance a las quitas sobre deudas por acuerdos con acreedores.

Cuestión legal

En cuanto al último capítulo, se refiere a marco laboral. En este aspecto, sostenene que "la legislación está llevando a la quiebra de muchas empresas que se encuentran con fuertes e inciertas caídas en sus ventas". Y advierte: "Si no se corrige conducirá finalmente a una mayor reducción del empleo".

El grupo Constituya pide que se contemple la posibilidad de "reducir sueldos" y de aplicar suspensiones o despidos mientras duren los procesos de convocatoria de acreedores o de acuerdo preventivo extrajudicial (APE). También que se elimine la doble indemnización. "La apertura del concurso preventivo dejará sin efecto la aplicación de los convenios colectivos vigentes por el plazo de 3 años o el de cumplimiento del acuerdo preventivo, el que fuere menor", concluyen.