Personal jerárquico de la AFIP, a favor del aporte solidario

El secretario general de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UpsAfip), Julio Estévez, consideró este martes "justo y apropiado" el proyecto oficial de aporte solidario y extraordinario que será tratado en el Congreso y que grava  a los poseedores de grandes fortunas.  

A través de un comunicado de prensa, Estévez señaló que "es justo gravar a los que más tienen cuando son los trabajadores los que siempre soportan la carga tributaria", por lo que evaluó que es "apropiado pedirle un esfuerzo a los que mas tienen en una crisis descomunal como esta".

"Gravar con un 35% a los trabajadores mes a mes es absolutamente legal pero tocar una pequeña parte de patrimonio de los ultra millonarios por única vez es irrazonable, injusto, ilegal o arbitrario?", se preguntó el titular del gremio del personal jerárquico de la Afip.

"Si los señores diputados nacionales que han avalado año tras año el impuesto al sueldo –mal llamado impuesto a las ganancias- y la justicia lo ha ratificado, no entiendo qué tiene de injusto gravar por única vez a las fortunas mayores a 200 millones, teniendo en cuenta el contexto internacional de la pandemia y las necesidades propias del Estado", agregó.

Estévez sostuvo que "en otros países como España, Italia, Suiza y Rusia, y en los sudamericanos como Brasil, Chile, Perú y Ecuador el tema se planteó con total serenidad, y en Argentina pareciera que los que más tienen consideran que existe un derecho divino que los excusa de hacer un esfuerzo fiscal extra, como hace toda la sociedad al pagar un impuesto regresivo como el IVA o soportar un impuesto al sueldo de nada más y menos que del 35% que soportamos todos los empleados".

Quiénes son las personas más ricas de la Argentina y cuánto deberán pagar por el impuesto a las grandes fortunas

Los empresarios más ricos de la Argentina intensificaron en las últimas horas su rechazo al impuesto a las grandes fortunas. En caso de aprobarse la iniciativa que se tratará este martes en Diputados y luego deberá pasar al Senado, pagarán por única vez entre $4 millones y $157 millones dependiendo de la alícuota y el origen de los bienes declarados.Se trata de 9.300 personas con patrimonios superiores a los $200 millones (u$s2,3 millones), el 0,02% de la población.

El Gobierno busca recaudar más de $300.000 millones sobre el universo del impuesto a los bienes personales, incluidos los exentos (inmuebles rurales, títulos públicos y depósitos).Para los bienes situados en el país, la alícuota mínima es del 2%, una tasa que se incrementa en forma progresiva hasta alcanzar el 3,5% en patrimonios mayores a los $3.000 millones (u$s35 millones). En ese caso, el primer escalón deberá pagar $4 millones y el más alto, desde $105 millones.

En los bienes situados en el exterior, en tanto, la alícuota mínima es del 3% y llega al 5,25% en las fortunas superiores a los $3.000 millones. Así, el renglón más bajo pagará $7 millones y el más alto desde $157 millones.

Para evitar ese diferencial del 50%, los contribuyentes con activos fuera del país deben repatriar un 30% o más de las tenencias financieras en el exterior. La AFIP estima que el 80% de los activos alcanzados por el nuevo gravamen se encuentran fronteras afuera.Según cálculos oficiales, la mitad de las personas alcanzadas tienen patrimonios entre los dos primeros tramos de la tabla del gravamen (entre $200 y $400 millones) y poco más de 300 se ubican en lo más alto de la pirámide.Así, considerando que el metro cuadrado de un inmueble usado en la Ciudad oscila los u$s2.000, los $200 millones representan 1.000 metros cuadrados, es decir 14 departamentos de 70 metros cuadrados. Mientras que los $3.000 millones equivalen a 15.000 metros cuadrados, un total de 214 departamentos.

Dentro de este último grupo, se encuentran las 50 familias más ricas del país, las que según un ranking de Forbes en conjunto acumulaban al 2020 un total de u$s46.500 millones, un monto superior a los u$s39.115 millones de reservas brutas del Banco Central.

Se trata de los dueños -en su gran mayoría hombres- de empresas petroleras, tecnológicas, laboratorios, negocios inmobiliarios, aseguradoras, aeropuertos, alimenticias, aceiteras, medios de comunicación, electrónicas, medicina privada y hasta un futbolista.

Al tope del listado, destacan Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Marcos Galperín (Mercado Libre), Paolo Rocca (Techint), Gregorio Perez Companc, Alberto Roemmers (Gador e Investi Farma), Hugo Sigman y Silvia Gold (Insud), Jorge Pérez (The Related Group), Familia Werthein (Experta ART), Edith Rodríguez (LSC Lithium Corporation) y Eduardo Eurnekian (Aeropuertos Argentina).

Algunos de ellos se hicieron escuchar en las últimas horas a través de la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Foro Convergencia Empresarial. O bien lo hicieron por cuenta propia, como el banquero Jorge Brito (Macro), que vaticinó una "rebelión fiscal", y el fabricante de Café, Martín Cabrales.

¿Demandas judiciales y éxodo?

En ese ámbito hay quienes ya evalúan iniciar demandas y pronostican un "éxodo", siguiendo los pasos del fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin. "Algunos lo pagarán y otros accionarán en la Justicia, los empresarios van a dejar de invertir y serán más los que se rajen del país", dijeron en la UIA.

Los hombres "Forbes" habían abrigado esperanzas durante una reunión íntima con el Presidente en Olivos. En octubre le manifestaron su preocupación por el eventual avance de la iniciativa y se despidieron con una advertencia: si se aprueba el nuevo gravamen, se irán más inversiones.

La comitiva estaba integrada por Javier Madanes Quintanilla (Grupo Aluar), Miguel Acevedo (UIA), Luis Betnaza (Techint) y Roberto Urquía (AGD). Miembros o representantes del ránking de los más ricos del país.

Pero la semana pasada todo volvió a foja cero cuando se vieron sorprendidos por el pedido elevado por Máximo Kirchner para tratar este martes el proyecto en Diputados, después de ocho meses de ser cajoneada. La sesión será acompañada por una movilización importante al Congreso.

En el oficialismo, descartaron anoche efectuar cambios al dictamen por mayoría. "Se mantiene todo igual, nunca iniciativa que se convierta en ley es confiscatoria, es un aporte solidario en un mundo en que la pandemia hace estragos y a ellos no les va a cambiar en nada", dijo el diputado oficialista Hugo Yasky.