Jubilados: el Gobierno apura en el Congreso la fórmula de ajustes con tope a los haberes y sin inflación
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Después de casi un año desde la suspensión de la movilidad, el Gobierno presentó en el Congreso su nueva fórmula jubilatoria, que incluye un tope a los aumentos en los haberes atado a la recaudación annual de la ANSES y deja de lado la inflación utilizada por el cálculo vigente hasta diciembre.
A toda prisa, el oficialismo obtuvo este jueves dictamen de mayoría por 11 votos y 6 de minoría de la oposición en la comisión de movilidad previsional. "Está listo para ser tratado por el Congreso, se elevan los dictámenes al Presidente de la Nacion y a los presidentes de ambas cámaras", anunció el diputado oficialista Marcelo Casaretto.
El proyecto oficial fija subas semestrales (marzo y septiembre), ajustadas un 50% por el índice de remuneraciones RIPTE y un 50% por los recursos tributarios de ANSES, por beneficio. Ambas con un rezago de tres meses, por lo que el aumento de marzo se calculará sobre julio-diciembre de 2020.
La fórmula es similar a la vigente entre marzo de 2009 y fines de 2017, con algunas diferencias mínimas. En aquella versión, por ejemplo, se tomaba el mejor de los índices salariales (entre los salarios del INDEC y el RIPTE) y se actualizaba en iguales mitades con la recaudación.
En esta ocasión, al igual que entonces, se recuperó el "techo" fijado a las jubilaciones por el resultado de la recaudación. Esto significa que si los salarios son mayores que la variación de ingresos en la seguridad social, se tomará el índice menor como parámetro, limitando así la eventual mejora por paritarias.
Según el Gobierno, el mecanismo apunta a evitar un mayor incremento del "gasto" en momentos que el Ministerio de Economía se propone llevar el déficit fiscal al 4,5% en 2021 y prevé una caída real del gasto del 10% el próximo año.
De cara a las negociaciones con el FMI, el Ejecutivo eiliminó los subsidios Covid (IFE y ATP) y estipuló un crecimiento delas prestaciones sociales por debajo de la inflación prevista. Asimismo, el oficialismo incorporó $245.000 millones en nuevas obras y autorizó a Martín Guzmán a efectuar recortes en otras áreas para mantener el déficit fiscal.
"Este límite tiene como fundamento garantizar la sustentabilidad del sistema, en tanto evita que el gasto del régimen se incremente en mayor medida que sus recursos", señala texto presentado en el Congreso por el Ejecutivo.
Por ejemplo, si la movilidad arrojara un 20% en el año y los ingresos de la seguridad social subieran 22%, no se aplicaría el tope porque los haberes acumularon una suba del 21%, sin superar el límite.
En cambio, si se repitiera el mismo ajuste y la recaudación creciera 12%, los haberes quedarían por encima y correspondería aplicar el techo. En ese caso, la suba de septiembre debería ser del 1,82%, la diferencia acumulada para empatar el aumento de recursos totales.
Por otra parte, el nuevo mecanismo no incluye precios entre sus componentes. Esa es una de las principales diferencias con la movilidad suspendida, que se ajustaba un 70% por inflación y un 30% por la evolución de los salarios. De esa forma, se busca desindexar los haberes, una recomendación del FMI en 2016.
"En ese sentido, destacamos que la fórmula propuesta pretende, además de preservar los derechos de los y las beneficiarias del régimen previsional, contribuir a la estabilidad macroeconómica y no ser un elemento desestabilizante. Por eso, se han descartado fórmulas indexadas a inflación pasada", señala el dictamen por mayoría.
La iniciativa oficial tampoco prevé una recuperación de los puntos perdidos, un reclamo de las centrales obreras en la comisión bicameral del Congreso. Entre 2017 y 2019, se perdieron 20 puntos por el cambio del cálculo. Y en 2020, sin contar los bonos, la mínima aumentó un 28,8% en septiembre y la jubilación máxima, un 18%.
Con una suba del 22,3% de los precios en septiembre, las jubilaciones medias y altas sufrieron un deterioro de su poder adquisitivo. Uno de los motivos fue el "achatamiento" de la pirámide jubilatoria por el pago de sumas fijas, que implicaron menores aumentos para las escalas superiores al haber mínimo.
"La suspensión de la movilidad resultó en que los jubilados pierden $3.000 y $18.000 por beneficio. Si se aplicara la fórmula aprobada en la gestión de Macri los jubilados de la mínima cobrarían $1.000 más y los del haber máximo, $18.000 más, se les ha sacado $150.000 en el año", dijo este miércoles el diputado radical Alejandro Cacace.
El Gobierno sostiene que se trata de "una fórmula basada equilibradamente en los salarios y la recaudación para que el ingreso de los pasivos acompañe al de los activos y a la realidad de la situación del sistema en su conjunto".
Los especialistas, sin embargo, advierten que el cálculo limita el enganche de los haberes a las remuneraciones de los activos por ajustarse solo en un 50% y quedar topeadas por la recaudación. Y, por otro lado, tampoco se toma el índice de salarios del INDEC, que al incluir al mercado informal arroja mayores aumentos que el RIPTE.
El proyecto plantea la idea de una "movilidad solidaria, balanceada y sustentable", con el objetivo de que "las prestaciones mantengan su valor durante todo el plazo de percepción", pero "sin que ello signifique un quebranto para las finanzas públicas ni un vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)".
De esa manera, el Ejecutivo incluyó en la iniciativa un objetivo ajeno a la movilidad y la Ley de Solidaridad aprobada en diciembre, que creó la comisión bicameral en el Congreso para definir una nueva fórmula y revisar únicamente la sustentabilidad de los regímenes especiales.
Dicha comisión sesionó desde mediados de este año y el proyecto oficial recién se conoció esta semana, una decisión que sorprendió a varios de los especialistas que participaron de ese espacio y se mostraron en desacuerdo con el resultado del debate. "Va a generar una ola de juicios", anticipó uno de ellos.
El texto en debate en el Congreso lleva las firmas del jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Miguel Angel Baelo, el secretario de Políticas Triubtarias, Roberto Arias, la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi.