Los ganadores del reparto: una empresa pública y una secretaría clave sumaron partidas millonarias

"La vida es como una caja de bombones, nunca se sabe lo que te va a tocar". La máxima autobiográfica de Forest Gump se parece bastante al destino del Presupuesto. Desde que el ministro de Economía lo presentó en el Congreso, Diputados reasignó $35.000 millones y sumó gastos en obras por $245.000 millones, casi un punto del PBI que Martín Guzmán deberá compensar o dejar en suspenso para mantener el déficit fiscal del 4,5% que negocia con el FMI.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analizó los cambios la semana pasada al participar de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y en un informe reciente, donde destaca dos aspectos "novedosos" introducidos por los legisladores: por un lado, la disminución de créditos de ciertas partidas para financiar aumentos en los gastos y, por otro, la autorización al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para financiar nuevas obras mediante el recorte de créditos aprobados.

Previo a la media sanción en la Cámara baja, el oficialismo efectuó ajustes que modifican la distribución de la "torta" prevista por Guzmán, pero sin incrementar el total de gastos de la Administración Nacional de $8.394.995 millones en 2021. Ese monto representa una caída real del 10% por la eliminación del gasto Covid (IFE y ATP) y el crecimiento de las prestaciones sociales por debajo de la inflación prevista, del 32%.

"Efectivamente, en el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto hubo modificaciones e incorporaciones sugeridos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados (en coordinación con su par de Senadores)", señalaron en Economía. Y destacaron el tratamiento legislativo "ordenado y prudente" del proyecto oficial con dictamen la semana pasada en Presupuesto y Hacienda del Senado, luego de obtener la media sanción el 28 de octubre pasado en el recinto de Diputados.

Diputados sumó casi un punto del PBI en nuevas obras, sin modificar el déficit fiscal previsto del 4,5%.

En materia de ingresos, el Congreso incorporó recursos por $13.289 millones (0,04% del PBI). De este total, $3.566 millones son ingresos no tributarios por la creación de una contribución obligatoria del 0,5% de las primas del seguro automotor y del 3% sobre primas de seguro, mientras que $9.722 millones de recursos con destino a la AFIP obedecen al aumento de impuestos internos a los productos electrónicos.

Otra de las fuentes de recaudación creadas es la nueva base de la alícuota (de 2% a 5%) del impuesto a las apuestas online (artículos 116 a 120), que prevé la tasa más baja para quienes tengan "inversiones genuinas en el país vinculadas a dicho rubro". "Esta modificación -sin embargo- no pudo ser cuantificada por carecer de la información necesaria para calcular la base imponible del tributo", explicó la OPC.

En cuanto a los gastos, los agregados ascienden a $295.599 millones, de los cuales $35.036 millones serán financiados con la disminución de fondos del Tesoro para asistir a las provincias (otras asistencias financieras). Y, en su lugar, esos créditos se reasignarán a gastos corrientes y de capital de AYSA, el servicio público de transporte automotor, municipios, infraestructura ferroviaria, y puertos, entre otros. Los más beneficiados serán la empresa pública proveedora de agua y el Ministerio de Transporte.

Como resultado, el aumento neto en las erogaciones incorporadas es de $260.564 millones (0,7% del PBI), de los cuales $245.000 millones son nuevas obras a ser ejecutadas en 2021, un año electoral. De ese total, el 70% serán destinadas a la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Mártinez, un funcionario con respaldo de Guzmán y Cristina Kirchner. Y el resto a Vialidad, Obras Hídricas, Transporte, Obras Públicas, Salud, Desarrollo Territotorial y Habitat, Agricultura, Educación y el Senasa.

"Se destacan con el 93,7% del total ($244.229 millones) la incorporación de 406 nuevas obras con incidencia en ejercicios futuros, que se suman a las 507 obras estimadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el proyecto de presupuesto elevado al Congreso", señala el informe de la OPC, en el cual se advierte que dicho incremento deberá ser financiado con la reasignación de partidas vigentes.

Guzmán deberá ajustar partidas para compensar los nuevos gastos introducidos por el Congreso.

¿Quién maneja la "torta"?

En la cartera de Guzmán aseguran que "los cambios e incorporaciones han sido los normales y habituales en cualquier proceso de discusión parlamentaria del proyecto de ley de presupuesto". "Aquéllos que significan mayores gastos han sido compensados dentro de los gastos previstos por el proyecto por lo que el resultado fiscal previsto originalmente por el proyecto de ley no se ha visto alterado", explicaron en Economía.

Pero desde otras áreas del Gobierno reconocen además que la jefatura de Gabinete "debería hacer reducciones y ajustes" para mantener el nivel de gasto proyectado, una de las variables que tienen en la mira los técnicos del Fondo. "Se pueden compensar como le parezca más adecuado, sin modificar el resultado (el déficit total previsto en el presupuesto), tiene que ser a través de ´ahorros´ en otras partidas", confirmó la fuente oficial.

En efecto, el artículo 11 del Presupuesto 2021 faculta al jefe de ministros a "incorporar la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios" mediante ampliaciones presupuestarias y "efectuar las compensaciones necesarias dentro de los créditos presupuestarios aprobados por la presente Ley a los efectos de atender la financiación de la ejecución de las obras detalladas en la Planilla Anexa Nº 2".

La "planilla de la felicidad", según la jerga parlamentaria, es un listado inmenso de obras que se arrastran de ejercicios anteriores y se ejecutan, en el mejor de los casos, en función de la relación con los gobernadores. "En la práctica, estos agregados a última hora quedan supeditados a una decisión política o bien se tiende a subestimar los recursos entonces con mayor recaudación asignan gastos no previstos", explicó Luis Pastori, diputado radical y miembro de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

El artículo 88, por otra parte, establece que al momento de reestructurar partidas el jefe de Gabinete "deberá realizar las reasignaciones correspondientes para incorporar al presupuesto las asignaciones dispuestas" en planilla anexa por $35.000 millones. La aparente novedad es que la bancada oficialista definió el modo en que el Ejecutivo tiene que distribuir recursos a través de decisiones administrativas, algo que no sería tan habitual en el debate presupuestario.

"Siempre hay una discusión sobre la paternidad del Presupuesto, si es del Poder Legislativo o el Ejecutivo. En general viene de una forma y es díficil que el Congreso modifique prioridades, pero acá (Diputados) dice explícitamente cómo debe realizar los gastos", explicó un asesor parlamentario. En el Congreso, en tanto, fuentes del oficialismo aseguraron no estar al tanto de las modificaciones o bien se abstuvieron de hacer comentarios al respecto.