El detrás de escena en la negociación con el FMI: ¿se viene un ajuste de salarios, jubilaciones y dólar?
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Los técnicos del Fondo Monetario y los funcionarios del Ministerio de Economía comenzaron este martes formalmente las negociaciones para un acuerdo para los próximos diez años.
Suena a epopeya, en un país cuya suerte económica parece jugarse en el día a día. En medio de la desconfianza por el rumbo económico, y en plena pandemia, el ministro Martín Guzmán, acepta que tiene entre sus manos el desafío de que el futuro acuerdo sirva, en la práctica, como base de una economía previsible y que recupere el crecimiento.
El jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, insistió ayer en la posición oficial de que estas negociaciones evitarán cualquier ajuste porque -señaló- "no hay lugar para ajustes. No estamos acá para aplicar recetas viejas".
Sin embargo, en los hechos, es lo que ocurrirá en caso de que, como se aguarda, prosperen las negociaciones entre las partes.
El futuro acuerdo con el Fondo contendrá ajustes, algunos de los cuales ya fueron de alguna manera anunciados. Sobre todo aquellos ligados al denominado "gastos Covid", que se implementaron para hacer frente a la pandemia, y que el Gobierno se apresura para desmontarlos aun cuando la existencia de la vacuna sea más promesa que realidad.
La referencia aplica al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y al ATP (pago de salarios complementarios). El IFE de $10.000 se distribuyó en tres oportunidades desde abril entre 8,9 millones de personas, y la cuarta ronda estaba pautada para inicios de octubre. Pero el Ejecutivo desestimó esa idea, y a lo sumo se espera que haya una ayuda focalizada entre el sector de la sociedad con mayores problemas para reinsertarse en el mercado laboral.
Respecto del ATP, el Estado abonará parte de los salarios de este mes entre una menor cantidad de empresas. Según pudo saber iProfesional, la idea es abonar no más de medio millón de sueldos. Menos de la mitad que en octubre (1.291.000).
Tanto o más relevante que estos cambios serán otros ajustes que se pondrán sobre la mesa de negociaciones.
Se trata de temas sensibles en materia política, pero claves a la hora de pensar en una estrategia ordenadora de las cuentas públicas, como la que plantea el ministro.
La semana pasada, Guzmán deslizó frente a los empresarios más poderosos de la Argentina -con Héctor Magnetto y Paolo Rocca a la cabeza- que su proyección era disminuir el rojo fiscal de 2021 algunas décimas por debajo del 4%. Cerca del titular de Hacienda admiten que ese número podría ubicarse entre 3,5% y 3,8% contra algo más del 7% de este año pandémico.
Para conseguir ese objetivo, al ministro no le alcanza con la eliminación del IFE y del ATP.
Serán claves otros puntos que formarán parte, y entre los cuales el Gobierno también ya empezó a mover las fichas. Entre esos puntos se encuentran:
1. Ajuste en las jubilaciones
La nueva fórmula de actualización propuesta por el Gobierno, claramente, va a perjudicar el horizonte de ingresos de la clase pasiva.
Al quitarle la variable de la inflación, en el corto plazo (uno o dos años al menos), los haberes quedarían por debajo de la inflación. Para el 2021, por lo menos, no se espera que los salarios ni la recaudación de la AFIP por los impuestos laborales le gane la carrera a la suba promedio de los precios.
El objetivo del oficialismo es darle sustentabilidad al sistema previsional, algo que buscó Mauricio Macri a fines de 2017, al cambiar la fórmula y dándole más peso a la inflación. En aquel momento, la previsión de la administración Cambiemos era que la inflación iría por debajo que los salarios, y por eso modificó la fórmula. El objetivo fracasó ya que en 2018, y también en 2019, hubo sucesivas devaluaciones que desembocaron en fogonazos inflacionarios.
Ahora Economía supone que será al revés: que la inflación quedará por delante de los salarios y de la recaudación. Y por eso vuelve a cambiar. Incluso más: vuelve a la actualización cada seis meses -en lugar de cada tres como en los últimos tres años-, lo que también perjudica a los jubilados y pensionados.
Un dato adicional: la nueva fórmula tendrá un tope a los incrementos para quienes cobren bajo la fórmula de actualización (jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH).
2. Salarios públicos. ¿Otra vez por detrás de la inflación?
Se trata de un hecho indiscutible del año pandémico: la evolución de los salarios de los empleados públicos quedó bien por debajo de la inflación.
Hasta ahora, los trabajadores estatales recibieron un aumento de apenas 7% este año. A diferencia de parte de los trabajadores del sector privado, los agentes públicos siguieron cobrando los sueldos en tiempo y forma (no hubo despidos ni suspensiones), y los funcionarios no estuvieron obligados a concurrir a los lugares de trabajo.
Más que seguro, para el año que viene también haya ajustes de los salarios estatales por debajo de la inflación, admiten funcionarios a iProfesional. Eso sí: no habrá despidos en el Estado. Pero la idea es que, al menos en la administración central, los puestos que se liberen (por jubilaciones y fallecimientos) no sean cubiertos con nuevos nombramientos.
3. Menos subsidios a la energía
Además del recorte a los denominados gastos "permanentes" del Estado -pago de jubilaciones y salarios de los agentes públicos-, el Gobierno ya tiene decidido ponerle límites a los subsidios al sector energético. Uno de los renglones más complejos en las erogaciones del Estados.
Por eso mismo, Guzmán y su secretario de Energía, Darío Martínez, ya anunciaron que el 2021 arrancará con el descongelamiento de las tarifas de los servicios de gas y electricidad.
La decisión de salir del congelamiento tarifario ya está tomada: los actuales precios de la luz y el gas van a expirar el próximo 31 de diciembre. Quedará, en todo caso, un grupo limitado de la sociedad -el más postergado- que obtendrá un beneficio adicional por parte del Estado, pero está claro que las limitaciones fiscales obligan a definir un nuevo esquema de los cuadros tarifarios.
Para ponerlo en números: en el Presupuesto 2021, Guzmán proyectó una inflación del 29% y un crecimiento de la economía del 5,5%. Esto significa -ni más ni menos- que las tarifas deberían incrementarse alrededor de 34,5% en el año para mantener constante el nivel de los subsidios en términos del PIB.
Para que quede claro: no se trata de poner en discusión si la inflación proyectada por Guzmán para el año que viene es cumplible o no. La clave es que, según el ministro, la suba de las tarifas debe quedar algunos puntos por encima de la inflación si se quiere cumplir con el objetivo de que la cuenta de los subsidios no siga expandiéndose.
La apuesta: mejores números gracias al crecimiento
Esta es la clave del Plan Guzmán: que los números cierren en un contexto de recuperación económica.
A simple vista luce posible: después de un año con una contracción cercana al 12%, y tras dos años anteriores de caída de la actividad, la economía tiene márgenes para la recuperación. Un escenario que favorecería la baja del déficit fiscal por el lado virtuoso.
¿Será posible? Seguramente, siempre y cuando aparezca la vacuna contra el coronavirus. Si así no fuera, la reactivación será complicada. Está claro que el Estado no tiene margen para continuar con la ayuda. A diferencia de otros países, incluso vecinos, la Argentina no cuenta con una moneda confiable. Y la sobre emisión va a alimentar la presión cambiaria.