Peligrosa seducción de las tarifas congeladas: el Gobierno ve una virtud, el mercado ve Rodrigazo

Una de las peores cosas que le pueden ocurrir a un funcionario es que la frase que pensó para llevar tranquilidad al mercado tenga el efecto exactamente contrario. La Argentina tiene una larga historia en ese sentido, sobre todo en la faz financiera: cada anuncio de que no habrá devaluación o de que no hay motivos para que los ahorristas teman por sus depósitos suele desatar una corrida.

Pero también ese efecto boomerang aplica a otros rubros, por ejemplo la estabilidad de los precios. Un ejemplo está ocurriendo en estos días con la inflación y el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos.

Desde el gobierno se intentó instalar como una buena noticia el IPC de septiembre. Con el 2,8% registrado en el mes, el acumulado de 12 meses bajó a 36,6%, un indicador moderado si se considera que muchos economistas ortodoxos planteaban que para esta altura del año los precios estarían creciendo a un ritmo de 5% y algunos se animaban a desempolvar la palabra "hiperinflación".

Pero la cosa empieza a cambiar de tono cuando los funcionarios dan su versión sobre por qué se seguirá en el sendero inflacionario descendente: atribuyen la mayor parte del éxito al congelamiento tarifario. Es decir, a un fenómeno que por naturaleza no puede ser permanente. Y, si se lo quisiera hacer permanente, traería una crisis energética similar a la vivida durante los años finales del kirchnerismo.

Primero fue una comunicación en las redes sociales por parte del interventor del Enargas, Federico Bernal, un dirigente del riñón K que denunció penalmente a Juan José Aranguren por los tarifazos realizados durante la gestión macrista.

"De no existir el congelamiento de tarifas, las facturas de gas residencial serían hoy un 86% más caras", se enorgullece Bernal al graficar la diferencia entre la evolución tarifaria programada y la que efectivamente se llevó a la práctica en el marco de la emergencia económica. Y explica que, de esa forma, se benefició a más de 8,5 millones de "usuarios y usuarias" del sector domiciliario.

Ese dato fue luego publicado en la cuenta de Twitter del presidente Alberto Fernández, el mismo día en el que anunciaba el nuevo Plan Gas con el cual se pretende incrementar la producción y sustituir la importación.

Las respuestas no se hicieron esperar. Empezando por la obvia duda de si hay riesgo de un aumento brusco, siguiendo por los recordatorios sobre cómo los usuarios de gas con garrafa vuelven a subsidiar a los que están conectados por red y finalizando con los temores por el deterioro del mantenimiento del sistema energético.

Hay motivos para la preocupación, claro: el antecedente reciente de congelamiento tarifario por un período largo terminó con el colapso del sistema eléctrico y en un salto exponencial en los subsidios, al punto que uno de cuatro pesos del gasto público durante la gestión de Cristina Kirchner terminó financiando a las empresas técnicamente quebradas.

¿Tranquilidad o la previa de un Rodrigazo?

Pero, además, también dio su opinión al respecto el Banco Central. El día en que se difundió el dato de la inflación de septiembre, emitió un comunicado en el cual daba su visión sobre por qué los números estaban dando mejor de lo previsto.

"La menor volatilidad cambiaria en el marco de la política de flotación administrada del BCRA, el bajo dinamismo de las tarifas reguladas y la administración de precios a través de los programas de precios máximos y cuidados contribuyeron a que la inflación interanual continuara descendiendo", fue la explicación del BCRA.

Y lo que, en teoría, fue pensado para transmitir tranquilidad terminó generando inquietud. Ocurre que todos los factores apuntados como artífices de la contención inflacionaria son, por definición, transitorios.

Esto lleva a que los pronósticos sean pesimistas respecto de la posibilidad de que la inflación continúe en una tendencia descendente.

"Además de reflejar la inflación reprimida, que deberá sincerarse a futuro, si persiste el desfase entre precios máximos y los costos de producción, puede esperarse una creciente faltante de bienes. A esta situación se agrega lo que ocurre con los precios de los servicios de utilidad general", advierte un reporte de la Fundación Mediterránea.

Su pronóstico es que la inflación de los próximos meses será más alta que la del semestre pasado. Fundamenta ese análisis en la volatilidad cambiaria y en la probable mayor restricción a la importación, que subirá precios de insumos. "Adicionalmente, ajustes insalvables en algunos precios controlados también alimentarán una velocidad mayor en el índice de precios", agrega.

Y, como siempre, quien plantea este tema con más elocuencia es Domingo Cavallo, que no vacila en comparar la situación actual con la previa del histórico "Rodrigazo" de 1975.

"La acentuación de los controles de precios y la prolongación del congelamiento tarifario aumentará el riesgo de que, cuando el BCRA ya no pueda sostener el tipo de cambio en el mercado controlado deba permitir un salto devaluatorio, los efectos inflacionarios se agraven", afirma el siempre influyente ex ministro.

Lo cierto es que en lo que respecta a las tarifas de los servicios públicos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, admitió, durante la discusión sobre el presupuesto 2021 que a partir del año que viene será necesario retomar el camino ascendente para, como mínimo, acompañar la inflación.

Y el propio Alberto Fernández -al anunciar el Plan Gas con el cual se aspira a sustituir importaciones y estimular la producción local mediante un precio sostén- insinuó que, una vez pasada la emergencia sanitaria, ya sería "hora de empezar a poner todo en orden".

Y luego el secretario de Energía, Darío Martínez, fue más explícito al respecto.

Síntomas que se acumulan

Pero, dada la crisis social que atraviesa el país, las dudas siguen en el aire. ¿Qué tan sostenible será el congelamiento tarifario, en el caso de que el Gobierno llegara a la conclusión de que por motivos sociales es necesaria su prolongación?

Los antecedentes de la gestión de Cristina Kirchner indican que, en teoría, es factible su mantenimiento, pero a un alto costo para el Estado.

Entre los riesgos principales figuran una caída de la inversión, un incremento en el peso de los subsidios dentro del gasto público, un mayor costo en términos de divisas por la importación energética y, naturalmente, el peligro de un regreso a los apagones eléctricos masivos y a los cortes de gas para la industria, que fueron una marca registrada de la gestión K entre 2012 y 2015.

Los primeros síntomas de problemas ya se vieron en los últimos meses, con el "amague" de reestatización del servicio de Edesur en el conurbano bonaerense, impulsado por los intendentes kirchneristas luego de una ola de cortes.

Por otra parte, en el proyecto de presupuesto 2021 se prevé una moratoria para las empresas distribuidoras de electricidad, que le adeudan a la mayorista Cammesa un acumulado de $123.000 millones hasta septiembre.

La moratoria implicaría una refinanciación con una tasa de interés subsidiada, en reconocimiento tácito a las dificultades financieras que les supuso a las compañías el congelamiento tarifario. Además, según el Instituto Argentino de Energía, las transferencias por concepto de subsidio que el Tesoro le hace a Cammesa tuvieron una suba de 157% respecto del año pasado.

Los expertos en el tema señalan indicadores que dan cuenta de lo delicado de la situación. Por caso, el Instituto General Mosconi, que dirige Jorge Lapeña, apunta que tanto las distribuidoras de gas como las de electricidad están en deuda con las empresas generadoras, mientras que las petroleras no pueden producir gas con los precios del mercado global y "le exigen al Gobierno subsidios impagables por el Tesoro por ejemplo con el Plan Gas".

Hoy el mercado, por causa de la pandemia, registra caídas en la demanda de gas natural en torno del 12%, de electricidad industrial por un 15% y de electricidad para los comercios por un 13,4%.

Para Lapeña, si algo ha quedado en evidencia durante esta cuarentena es que, además, las empresas argentinas no tienen capacidad exportadora "porque se trata de un sector no competitivo en el plano mundial por su baja productividad y sus altos costos de producción internos".

En tanto, en el marco del evento Energy Summit de Apertura, el ex secretario Daniel Montamat realizó una advertencia particularmente sensible en los días que corren: "Si el sector energético tiene déficit en su balance comercial empieza a importar mucha energía y esto demanda dólares".

Y, de hecho, este último invierno se registró un incremento del gas comprado a Bolivia. El promedio diario comprado al país vecino fue de 19,5 millones de metros cúbicos diarios, por encima de la previsión de 18 millones.

Parece paradójico este incremento en el contexto de una economía en desplome recesivo, pero las temperaturas más frías llevaron a un aumento de la demanda –con tarifas residenciales congeladas, naturalmente-.

El Gobierno tiene claro que un incremento en la importación energética es algo a evitar: ya lo sufrió Cristina Kirchner, que en 2012 justificó la re-estatización de YPF por el rojo de u$s9.000 millones de dólares en la balanza comercial petrolera.