Edenor y Edesur deberán devolver 8 mil pesos a usuarios por incorrecta facturación
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El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sancionó a las distribuidoras Edenor y Edesur con una multa de más de 2 millones de pesos en total, y deberán retribuir 8 mil pesos en favor de cada usuario y usuaria afectado/a, "por haber aplicado cargos ilegítimos en la facturación del servicio público de electricidad".
El organismo ordenó además la anulación de cargos e intereses "aplicados ilegítimamente" a los usuarios y usuarias, según se dispuso hoy a través de las resoluciones 38/2020 y 39/2020.
El Ente Regulador dio respuesta así a "una problemática expuesta por la Comisión de Usuarios Residenciales (CUR) e ignorada por la gestión anterior", según indicó un comunicado.
La cantidad de denuncias alcanzadas por las resoluciones son aproximadamente 300, de las cuales 251 corresponden a Edesur y 46 a Edenor.
Entre las localidades con mayor cantidad de usuarios y usuarias afectados por la problemática se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lomas de Zamora, Lanús y Quilmes.
Los reclamos de los usuarios llegaron al ENRE entre 2017 y comienzos de 2020, luego de que advirtieran un aumento en sus facturas de luz mediante un cargo por consumos que, según las estimaciones de la empresa, no habrían sido correctamente medidos por fallas técnicas en los medidores.
Para esos casos el reglamento de suministro establece que las distribuidoras deben hacer una prueba de contraste en el medidor, la cual resulta indispensable para determinar la nota de crédito o débito correspondiente a cada usuario/a.
"Sin embargo, Edenor y Edesur, en los casos analizados, aplicaron dicho cargo sin realizar la prueba de contraste", explicó el ENRE, lo cual "dio lugar a un notable incremento en el monto de las facturas, que en algunos casos se volvieron impagables", se informó en un comunicado.
El ente remarcó además que esa situación "produjo que la mayoría de los usuarios y usuarias debieran hacer pagos parciales y que, a las deudas acumuladas, se le fueran generando intereses".
La intervención del ENRE dispuso en ese marco la anulación de las sumas facturadas de este modo y de los intereses generados.
El ENRE analiza el futuro de Edesur
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) comenzó a analizar en julio el futuro de Edesur, tras haber recibido el informe de los intendentes peronistas bonaerenses reclamando la caducidad de la concesión.
El informe fue elaborado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y entregado al interventor del organismo, Federico Basualdo, durante este mediodía.
El documento, de casi 30 páginas, lleva la firma de Guido Lorenzino, titular de la Defensoría bonaerense y concluye con el pedido concreto de "rescisión de la concesión de prestación de distribución del servicio público de electricidad a la empresa Edesur, con el acompañamiento de los informes, notas y relevamientos realizados por distintos municipios dentro del área de concesión de la firma, requiriendo asimismo solicite a los municipios señalados la información detallada y que oportunamente, se de acogida favorable a la pretensión impetrada".
Sin estatización
El pedido no avanza sobre una posible estatización del servicio que actualmente brinda Edesur a 12 partidos bonaerenses y a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se detiene en la rescisión del contrato por el cual la distribuidora todavía tiene hasta el 2087 como operadora de ese servicio público.
"En función de los reclamos recibidos por la Defensoría del Pueblo de la Provincia por usuarios de diferentes municipios, las multas aplicadas a Edesur y las obras que esta empresa no llevó a cabo, se considera que la empresa no se encuentra en condiciones de prestar el servicio del cual es concesionaria, se solicita a la autoridad concedente y de contralor la rescisión de la concesión", demanda el documento.
A modo de justificación del pedido, se hace referencia a "fallas en el suministro eléctrico y en los planes de obras a los que se comprometiera y no llevara adelante", por lo cual la empresa no cumple con la adecuada prestación del servicio público a su cargo, en condiciones de regularidad, calidad técnica adecuada y continuidad, aumentando la cantidad de quejar recibidas en más de un 70% entre marzo y la actualidad.