Preocupado por un desborde, el FMI elabora un termómetro social en reuniones con piqueteros oficialistas
El FMI avanza en la elaboración de un termómetro social con la recopilación de datos sobre un panorama que los propios técnicos consideran crítico. Ese fue el espíritu de la reunión que mantuvieron este viernes a las 17 con el secretario de relaciones parlamentarias, institucionales y con la sociedad civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, y el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico.
Los funcionarios pertenecientes al Movimiento Evita recibieron al jefe de la misión del Fondo para la Argentina, Luis Cabeddu, la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el representante residente en Argentina, Trevor Alleyne, en la sede nacional de su organización en Santiago del Estero al 400.
"La delegación del Fondo quiso reunirse porque evalua la situación social como conflictiva y quiere tener el termómetro", dijeron fuentes del movimiento.
Con ese objetivo, el staff del organismo se reunió ayer con la cúpula de la CGT en la sede de la UOCRA, donde la dirigencia expuso un cuadro social preocupante y la necesidad de "asistencia y ayuda social inmediata".
Allí estuvo presente otro integrante del Evita y líder de la UTEP, Esteban "Gringo" Castro, quien advirtió en 2018 que el acuerdo con el FMI iba a derivar en un "genocidio social" y que en febrero pasado encabezó una protesta en el Congreso en rechazo a la llegada de la primera misión técnica.
FMI, en modo "escucha"
Los enviados de Kristalina Georgieva saben que las negociaciones con la Argentina para reestructurar la deuda de u$s44.000 millones tendrán lugar en un contexto diferente al del acuerdo stand by aprobado en junio de 2018 que luego fue extendido a u$s57.000 millones.
Después de casi tres años de crisis, devaluación y la actual pandemia, la pobreza subió del 32% al 40,9% en el segundo semestre, por lo que hay 4 millones más de pobres y un total de 18,2 millones de personas en esa situación.
"Se trata de una primera misión desde que las autoridades han oficializado su pedido de asistencia financiera. Es una staff visit donde se está recabando información para tener una visión más completa de la situación socio económica y donde están obteniendo mayores informaciones sobre las prioridades de las autoridades. Es una misión en modo escucha. No se esperan definiciones a esta altura", señalaron fuentes del Fondo a iProfesional.
Las conversaciones con los líderes del Evita comenzaron meses atrás por zoom. En ese entonces, le plantearon al staff del FMI que "sin una mirada social no hay acuerdo posible porque va a haber un gran rechazo".
La principal preocupación ahora es evitar un recorte en las partidas sociales del Presupuesto, que representan el 68,9% de los recursos de la administración. La mayor parte se concentran en seguridad social, un área que abarca jubilaciones, AUH y asignaciones familiares, entre otros programas.
El Presupuesto, en la mira
"El planteo nuestro es que no se puede pagar deuda sin crecimiento económico, mucho menos haciendo una reducción de presupuesto en las áreas sensibles de lo social, y que la "ayuda" tiene que estar concentrada en la financiación del trabajo", señalaron desde el Evita. Para el movimiento, la estabilidad depende de que la economía popular tenga acceso a "instrumentos" para generar trabajo. Esto es desde maquinarias y herramientas hasta créditos para las cooperativas.
El nuevo plan de asistencia financiera podría influir en la discusión irresuelta dentro del Gobierno sobre qué hacer con los $90.000 millones destinados a sostener a 9 millones de trabajadores informales, monotributistas, desocupados y empleadas de casas particulares.
Los movimientos sociales son partidarios de convertir el subsidio en una contraprestación a cambio de tareas, una iniciativa en estudio dentro del Ejecutivo para generar hasta 3 millones de empleos, como anticipó iProfesional.
En su momento, la extitular del Fondo, Christine Lagarde, acordó con Nicolás Dujovne una cláusula de emergencia social de hasta $60.000 millones para asistir a los sectores más pobres durante la campaña electoral de 2019. En sectores del oficialismo no descartan que pueda repetirse ese tipo de subprogramas con los que el organismo busca suavizar sus políticas más duras en materia fiscal. Pero en los movimientos oficialistas cada vez es mayor el rechazo a los planes sociales de tipo asistencialista.
"No queremos más subsidios, queremos trabajo, y desde esa mirada el trabajo de las actividades de la economía popular tienen que ser blanqueados y con derechos, esa es nuestra agenda", sostienen en el Evita.
"Si quieren estabilidad la guita no se puede destinar ni a la timba ni a la fuga, hay que poner recursos en el trabajo de nuevo tipo, la economía popular es un sector que puede reconstruir dignidad donde el mercado descarta a los trabajadores", concluyeron.